
La trayectoria de Daniel Fragoso Torres en el ámbito educativo mexicano encarna con claridad las formas más cínicas de continuidad política e ideológica en el sistema burocrático nacional. Su paso del priismo peñanietista al obradorismohidalguense no representa una excepción, sino un síntoma de la profunda colonización tecnocrática de la vida pública, donde las credenciales políticas son menos importantes que la obediencia funcional a los intereses del poder.
Fragoso fue asesor de los Secretarios de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer y Otto Granados Roldán durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, fue nombrado Delegado Federal de la SEP en Hidalgo en 2018, justo en el periodo más álgido de la implementación de la Reforma Educativa. En ese cargo, no fue un funcionario técnico neutral, sino el principal operador en el estado de un proyecto que violentó los derechos laborales del magisterio nacional.
Uno de los aspectos más oscuros de su gestión fue su responsabilidad directa en la imposición de las evaluaciones del desempeño docente, pilar de la Reforma Educativa. Bajo su supervisión, se desplegó en Hidalgo un esquema de coerción y violencia institucional para asegurar que el proceso evaluativo fuera “exitoso”. Este éxito, sin embargo, se logró a costa del hostigamiento sistemático a los maestros: amenazas de cese, suspensión de pagos, listas negras, despliegues policiacos en las sedes de evaluación y la criminalización de la protesta magisterial.
Fragoso no solo replicó el discurso autoritario de Nuño Mayer —quien llegó a decir que “quien se oponga a la evaluación, se enfrentará a la fuerza del Estado”—, sino que lo operacionalizó en territorio hidalguense con brutal eficacia. Para muchos docentes, su nombre quedó asociado a las detenciones arbitrarias, las represalias administrativas y la nula disposición al diálogo.
Hoy, sin embargo, lejos de rendir cuentas por esa actuación, Daniel Fragoso goza de un nuevo encargo público: es el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el gobierno de Julio Menchaca, gobernador de Morena en Hidalgo. La misma figura que instrumentó las políticas más regresivas contra el magisterio hoy forma parte del supuesto proyecto de transformación nacional. Esta contradicción es más que anecdótica: revela el carácter profundamente pragmático, y muchas veces incongruente, de los gobiernos emanados de Morena, que en su práctica administrativa reciclan a cuadros del viejo régimen priista sin que ello provoque un verdadero debate público.
La permanencia de Fragoso Torres no es un caso aislado. Representa una red de funcionarios tecnócratas que han sobrevivido a los cambios de partido sin renunciar a sus métodos ni asumir responsabilidad por los daños ocasionados. La supuesta Cuarta Transformación, que prometía acabar con el neoliberalismo y limpiar la corrupción institucional, termina arropando a quienes en su momento fueron verdugos del magisterio y ejecutores de la agenda punitiva de Peña Nieto.
La pregunta que hoy debe formularse la sociedad hidalguense y, en general, quienes aún creen en una educación pública digna y democrática, es contundente: ¿qué tipo de transformación permite que los operadores del autoritarismo educativo encuentren cobijo en sus filas? La respuesta, por ahora, está escrita en los rostros de miles de docentes que fueron reprimidos por exigir respeto a sus derechos, y en la memoria que nos exige no olvidar.
A esta historia de simulación se suma un capítulo aún más indignante: Daniel Fragoso ha sido, desde su actual posición, el principal obstáculo para la reapertura real y plena de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, “El MEXE”, símbolo histórico de la educación popular en el país. A pesar de que el presidente de la República se comprometió públicamente a su reapertura, los avances han sido lentos, parciales y, sobre todo, obstaculizados desde dentro de la propia Secretaría de Educación Pública estatal.
En agosto de 2024, en respuesta a la protesta de estudiantes que exigían la restitución de cinco docentes —algunos de ellos asesores de tesis—, Fragoso Torres declaró que sus contratos simplemente habían terminado y que no serían renovados. Detrás de ese tecnicismo administrativo se esconde una clara voluntad política de frenar el fortalecimiento académico del MEXE. Al descartar su regreso, argumentando que “ya se cuenta con el personal” para el siguiente ciclo, el funcionario ignora no solo la necesidad pedagógica señalada por los propios estudiantes, sino también el compromiso institucional con una normal integral, crítica y arraigada en las luchas del pueblo.
Además, Fragoso ha minimizado reiteradamente las condiciones necesarias para la reapertura plena del plantel: desde la plantilla docente hasta los dormitorios, pasando por la infraestructura y el modelo educativo. Lo que debiera ser una prioridad estratégica para resarcir el daño histórico del cierre del MEXE en 2008, se convierte, en sus manos, en un conjunto de trámites estancados y decisiones unilaterales sin voluntad de restitución real.
Negar la reapertura de la Normal Rural del MEXE no es un hecho menor: es prolongar la exclusión de los jóvenes rurales, es negar la memoria de una institución que formó a generaciones de líderes comunitarios, y es —sobre todo— la expresión más clara de que figuras como Daniel Fragoso no creen en la educación como instrumento de transformación social, sino como una herramienta de control.
Mientras personajes como él sigan dictando la política educativa en Hidalgo, será imposible hablar de justicia educativa ni de transformación alguna. Por eso, recordar su historia, cuestionar su permanencia y exigir su salida no es una consigna personal, sino un acto de coherencia política y de memoria colectiva.