Ricardo Montoya
En demanda de avances en las investigaciones por presunto abuso sexual contra dos menores, habitantes y transportistas de Zimapán y otros municipios de la Sierra Gorda de Hidalgo realizaron bloqueos en la ciudad de Pachuca la madrugada de este miércoles. Las protestas tienen como objetivo exigir a las autoridades que esclarezcan las denuncias en las que se encuentran señalados W. T. L., la diputada local A. M. H., así como E. M. H., I. T. L. y E. B. B.
Los bloqueos ocurrieron en puntos clave como Avenida Juárez, en las inmediaciones de la Preparatoria 1 y alrededor de Plaza Juárez, sede del gobierno estatal. También fueron bloqueados el Bulevar Felipe Ángeles a la altura de San Antonio, la carretera Pachuca–Sahagún en San Fernando, el Bulevar Luis Donaldo Colosio en el tramo del Corredor de la Montaña, y el Bulevar Las Torres. Además, la carretera Pachuca–Tulancingo, en Pachuquilla, cabecera municipal de Mineral de la Reforma, también fue cerrada parcialmente.
Los manifestantes, provenientes de municipios como Zimapán, Tasquillo, Pacula, Jacala y otros de la Sierra Gorda, se movilizaron de manera sorpresiva y sin previo aviso, utilizando distintos vehículos. En sus consignas expresaron inconformidad ante la presunta impunidad en torno a las investigaciones que involucran a W. T. L., E. M. H., I. T. L., E. B. B. y a la diputada local A. M. H., quienes han sido señalados en denuncias formuladas por dos menores de edad.
Las acusaciones en su contra se encuentran bajo investigación y han sido materia de análisis judicial. Si bien peritajes y testimonios han sido presentados por las partes acusadoras, los jueces J. M. M. y V. J. G. determinaron en su momento no vincular a proceso penal a los señalados. Sin embargo, en diciembre pasado, una jueza federal concedió un amparo indirecto ordenando la vinculación a proceso y detención de W. T. L. y E. M. H., lo que mantiene abierto el proceso judicial.
En cuanto a la diputada A. M. H., la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo no ha formalizado imputaciones en su contra. No obstante, A. T. L., tía y representante legal de las menores, ha señalado públicamente supuestas irregularidades y protección institucional, alegando que las víctimas también mencionaron a la legisladora en sus declaraciones. Hasta el momento, todos los implicados gozan de la presunción de inocencia conforme al marco constitucional vigente.
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