Jorge Montejo
El caso de Ismael "El Mayo" Zambada ha vuelto a encender el debate sobre la justicia y la soberanía en México. Con cinco órdenes de aprehensión vigentes en el país y una solicitud de extradición a Estados Unidos, el exlíder del Cártel de Sinaloa enfrenta un panorama legal complejo. Sin embargo, su reciente petición de repatriación ha generado controversia, especialmente tras la confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que su gobierno está evaluando la solicitud.
Zambada, quien fue detenido el 25 de julio del año pasado, ha argumentado que su captura violó tratados internacionales, por lo que ha recurrido al gobierno mexicano en busca de apoyo. Su carta, entregada en el consulado de México en Nueva York, busca que el Estado intervenga en su favor para evitar una eventual sentencia de pena de muerte en territorio estadounidense.
Las órdenes de aprehensión en su contra fueron emitidas en distintos juzgados federales de México entre 1998 y 2009. Entre ellos se encuentran el Juzgado Quinto y Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Toluca y el Juzgado Segundo de Distrito en Tepic, Nayarit. La primera orden de captura se originó en el llamado "maxiproceso" de 1998, cuando más de 100 funcionarios, empresarios y narcotraficantes fueron señalados como parte de una red de corrupción y delincuencia organizada.
Las acusaciones contra Zambada no se limitan a México. En Estados Unidos, enfrenta 17 cargos relacionados con su papel como líder del Cártel de Sinaloa, los cuales han sido divididos en cinco cortes federales: El Paso, Chicago, Washington, San Diego y Nueva York. Como resultado, se emitió una orden de aprehensión con fines de extradición, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para la justicia estadounidense.
El anuncio de Sheinbaum sobre la revisión de la solicitud de Zambada ha provocado diversas reacciones. Durante su conferencia de prensa, la presidenta subrayó que el caso será analizado por la Fiscalía General de la República (FGR). "Más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta es cómo se dio esta detención", declaró la mandataria.
El análisis de esta solicitud abre un debate sobre la postura del gobierno mexicano ante casos de esta magnitud. Mientras algunos argumentan que la repatriación de Zambada fortalecería la soberanía jurídica del país, otros consideran que cualquier intervención en su favor enviaría un mensaje contradictorio en la lucha contra el crimen organizado. La decisión final no solo impactará el destino del capo sinaloense, sino que también definirá la postura de la administración actual frente a la presión internacional y el cumplimiento de la ley.
