Jorge Montejo
El arrendamiento de vehículos por parte del ayuntamiento de Mineral de la Reforma ha desatado una controversia en torno a los costos, la necesidad del gasto y la narrativa política utilizada para justificarlo. Eduardo Medécigo Rubio, actual alcalde, ha defendido el contrato de renta de 25 vehículos por 27 millones 612 mil 408 pesos, asegurando que no es un gasto excesivo y que, en comparación con administraciones anteriores, su gobierno ha sido más eficiente en la gestión de los recursos.
Sin embargo, los números revelan una historia distinta. Medécigo argumenta que el contrato es multianual y que el pago inicial de 11 millones de pesos corresponde únicamente al primer año, mientras que el resto se distribuirá en pagos mensuales de 1 millón 333 mil pesos hasta completar el periodo de dos años y medio. Según su versión, este esquema permite evaluar anualmente el cumplimiento del proveedor, Grupo Turbofin, lo que, en teoría, da margen para cancelar el contrato en caso de incumplimiento. Además, defiende que el precio de arrendamiento incluye seguros de cobertura total y mantenimiento mayor para evitar gastos adicionales al municipio.
A pesar de estas justificaciones, la oposición ha cuestionado el gasto, particularmente porque dentro del lote de vehículos se incluyen modelos de lujo, algo que consideran innecesario en un contexto donde el municipio enfrenta necesidades más urgentes. Durante la sesión de la asamblea municipal del pasado 6 de marzo, regidores señalaron que los recursos podrían haberse utilizado para atender otras prioridades en lugar de destinarse a vehículos de alto costo.
Uno de los principales argumentos de Medécigo es que su administración ha gastado menos en arrendamientos que la anterior, asegurando que el gobierno previo destinó más de 40 millones de pesos a este rubro. Sin embargo, un análisis de los datos contradice su afirmación. El contrato firmado por el consejo municipal de Morena, también fue multianual y cubría un periodo de tres años con pagos mensuales de aproximadamente 350 mil pesos. Si se proyectan los pagos diferidos del nuevo contrato a lo largo del periodo acordado, se llega a una cifra similar a la del contrato anterior, desmintiendo la idea de que ahora se está gastando menos.
Así, el argumento de que “el PRI robó más” se desmorona al analizar los hechos: la administración actual sigue pagando un monto equiparable al del contrato heredado, el cual fue firmado por un consejo municipal morenista. Es decir, la supuesta reducción del gasto es solo una estrategia discursiva para justificar una decisión que, en términos prácticos, mantiene el mismo esquema financiero que en el pasado.
Más allá de las posturas políticas, el caso pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿es justificable este nivel de gasto en arrendamiento vehicular en un municipio con múltiples necesidades urgentes? Mientras la administración insiste en que se trata de una decisión eficiente y estratégica, la oposición y la ciudadanía siguen cuestionando si estos recursos están siendo utilizados de la mejor manera posible.
