Arrancó el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que conformarán el nuevo Poder Judicial de la federación y, con ello, inició también una de las acciones más vergonzosas de la historia moderna del país, que representa la pérdida definitiva del equilibrio de poderes y, por consiguiente, la amenaza de consecuencias devastadoras para la democracia y el Estado de derecho en México.
Esta lamentable situación, producto de un acto de venganza del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó con un desaseado y muy criticado esquema de selección de aspirantes que -ahora se sabe- arrojó joyitas como gente sin ninguna preparación para el cargo, en el mejor de los casos, hasta acusados y protectores de abusos sexuales, e incluso personas ligadas al crimen organizado.
De igual forma, se afirma que los candidatos que participarán en las elecciones del próximo 1 de junio, en la inmensa mayoría de los casos fueron elegidos por la dirigencia de Morena, lo cual garantiza que quienes aparezcan en las boletas, son incondicionales del partido en el gobierno.
En Hidalgo las cosas desafortunadamente no son diferentes, pues la aspirante a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido señalada, en múltiples ocasiones, por utilizar su influencia como magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), para proteger a jueces “de consigna” que velan por los derechos de presuntos violadores de menores de edad, e incluso de un policía acusado de varios asesinatos.
Pese a ello, no son pocos los que advierten que en este proceso que inició este domingo 30 de marzo, habrá presencia del gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar, para favorecer a los aspirantes oficialistas y, así, la contienda se incline a favor de sus intereses, como el caso de la titular del Poder Judicial de la entidad.
Asimismo, se dice que el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, ha solicitado abiertamente a la ciudadanía apoyo para una aspirante a juez, “en una clara muestra de injerencia política en un proceso que debería garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes”.
Quienes denuncian tal situación, añaden que el proceder del funcionario “no solo es una falta de respeto hacia quienes se inscribieron en el proceso con la expectativa de competir de manera justa, sino que también viola los principios de equidad que rigen las contiendas electorales”.
Ante este panorama general, se entiende que gente como Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República. califique este proceso electoral como “turbio” y una “absoluta farsa”.
Tras dar algunos ejemplos de las fichitas que participarán en las elecciones, como el abogado del narcotraficante conocido como “Z40”, y revelar otras inconsistencias, el legislador lamentó que a pesar del “cochinero” que impulsan los morenistas, la jornada contará con amplia participación ciudadana.
Lo anterior, explicó, porque no obstante el rechazo de muchísimos mexicanos a este proceso, para el 1 de junio, día de la elección, habrá una “guerra de acarreos” en todos los estados de la República entre los partidarios de la Cuarta Transformación (4T), para quedarse, sin sombra de duda, con el control total y absoluto del Poder Judicial.
Por tanto, se prevé que todas las administraciones estatales comprometidas con el movimiento Lopezobradorista, hagan uso de toda su capacidad de movilización para llevar a las urnas al mayor número de personas posibles, para que voten por los candidatos que se les indique.
En Hidalgo, esa situación en general es motivo de enorme desilusión de muchas personas, por la actitud de extrema sumisión del gobernador Julio Menchaca, habida cuenta que el mandatario es un reconocido jurista, que incluso estuvo al frente del TSJEH, con excelentes resultados.
Durante muchos años –aseguran- el ahora funcionario se distinguió por ser un férreo defensor de la justicia, del equilibrio de poderes, del Estado de derecho, premisas que ahora, con un proceder a todas luces contradictorio a lo que fue un hombre de leyes, contribuye a destruir.
