Kendra Franco
La diputada local por Morena, Alhely Medina Hernández, negó públicamente tener responsabilidad en el llamado “caso Zimapán”, una investigación penal relacionada con presunto abuso sexual cometido en agravio de dos niñas en el municipio que representa en el Congreso de Hidalgo. A través de una carta difundida en su perfil de Facebook —la cual fue eliminada y posteriormente republicada—, la legisladora se declaró inocente y afirmó ser víctima de un proceso de descalificación pública y mediática que ha afectado su vida personal, familiar y profesional.
En el documento, Medina Hernández sostuvo que desde 2022 ella y su familia han estado expuestos a señalamientos públicos que, según afirma, han sido difundidos de forma parcial y sin respetar la presunción de inocencia ni el debido proceso. Criticó la cobertura de los medios y aseguró que la narrativa en su contra omite elementos que —a su juicio— podrían modificar la percepción sobre su responsabilidad en los hechos. De igual forma, refirió que la imputación en su contra fue presentada varios meses después del inicio de la investigación ministerial y cuestionó la elaboración de entrevistas y peritajes.
La legisladora afirmó contar con elementos de prueba que —según su versión— la exonerarían, y sostuvo que no debió haber sido vinculada a un proceso penal. También expresó que ha sido objeto de violencia política y daño moral, afectándose su imagen y situación personal.
Respecto a la orden de aprehensión girada en su contra por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la diputada negó ser prófuga de la justicia. Indicó que cuenta con una suspensión definitiva concedida por un juez federal, la cual impide su detención. No obstante, señaló que no ha comparecido ante las autoridades ministeriales debido a que considera que el proceso ha sido utilizado políticamente. Sostuvo que su objetivo es proteger tanto su investidura como legisladora como sus derechos como ciudadana.
Desde mediados de marzo, Medina Hernández ha estado ausente de las sesiones del Congreso local. En abril solicitó una licencia temporal por 30 días sin goce de sueldo, argumentando motivos personales. El 28 de mayo, el Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad una prórroga por otros 30 días, con lo que evitó llamar a su suplente. Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, señaló que no se requería dar explicaciones adicionales al respecto. Por el momento, se desconoce el paradero exacto de la diputada.
El proceso penal sigue su curso en la PGJEH. Mientras tanto, la diputada sostiene su inocencia y afirma que las declaraciones atribuidas a las víctimas han cambiado a lo largo del tiempo. El caso ha generado diversas reacciones en la opinión pública, al tratarse de una figura con fuero constitucional en medio de una investigación por un delito grave, lo que plantea un debate en torno a la función representativa y las garantías procesales.
En el documento, Medina Hernández sostuvo que desde 2022 ella y su familia han estado expuestos a señalamientos públicos que, según afirma, han sido difundidos de forma parcial y sin respetar la presunción de inocencia ni el debido proceso. Criticó la cobertura de los medios y aseguró que la narrativa en su contra omite elementos que —a su juicio— podrían modificar la percepción sobre su responsabilidad en los hechos. De igual forma, refirió que la imputación en su contra fue presentada varios meses después del inicio de la investigación ministerial y cuestionó la elaboración de entrevistas y peritajes.
La legisladora afirmó contar con elementos de prueba que —según su versión— la exonerarían, y sostuvo que no debió haber sido vinculada a un proceso penal. También expresó que ha sido objeto de violencia política y daño moral, afectándose su imagen y situación personal.
Respecto a la orden de aprehensión girada en su contra por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la diputada negó ser prófuga de la justicia. Indicó que cuenta con una suspensión definitiva concedida por un juez federal, la cual impide su detención. No obstante, señaló que no ha comparecido ante las autoridades ministeriales debido a que considera que el proceso ha sido utilizado políticamente. Sostuvo que su objetivo es proteger tanto su investidura como legisladora como sus derechos como ciudadana.
Desde mediados de marzo, Medina Hernández ha estado ausente de las sesiones del Congreso local. En abril solicitó una licencia temporal por 30 días sin goce de sueldo, argumentando motivos personales. El 28 de mayo, el Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad una prórroga por otros 30 días, con lo que evitó llamar a su suplente. Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, señaló que no se requería dar explicaciones adicionales al respecto. Por el momento, se desconoce el paradero exacto de la diputada.
El proceso penal sigue su curso en la PGJEH. Mientras tanto, la diputada sostiene su inocencia y afirma que las declaraciones atribuidas a las víctimas han cambiado a lo largo del tiempo. El caso ha generado diversas reacciones en la opinión pública, al tratarse de una figura con fuero constitucional en medio de una investigación por un delito grave, lo que plantea un debate en torno a la función representativa y las garantías procesales.
