Alonso Quijano
La elección judicial promovida por el oficialismo como un ejercicio de “democratización del Poder Judicial” ha comenzado a mostrar su verdadero rostro: una larga lista de aspirantes con vínculos con el crimen organizado, redes de abuso sexual y hasta sectas religiosas acusadas de explotación infantil. Si lo que se buscaba era “acercar la justicia al pueblo”, parece que también se están acercando al narco, al abuso de menores y a los lavadores de dinero.
Una investigación que ha comenzado a circular en medios y que incluso ha llegado a oídos del Departamento de Estado de EE.UU. revela al menos 18 aspirantes que no deberían estar cerca de una toga, pero que hoy compiten por convertirse en jueces, magistrados e incluso ministros. Entre los más destacados está Fernando Escamilla Villarreal, abogado de miembros de Los Zetas, incluido el célebre y brutal “Z-40”, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México. También figura Silvia Rocío Delgado, nada menos que exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ahora, con su currículum criminal, busca repartir justicia en tribunales nacionales.
La lista parece una tragicomedia: Leopoldo Javier Chávez Vargas, exconvicto en Texas por tráfico de metanfetaminas, también quiere ser juzgador. Como si fuera poco, hay perfiles como Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 con armas y cristal en Nuevo León. ¿La cereza del pastel? Edgar Rodríguez Beiza y Francisco Martín Hernández Zaragoza, ambos con señalamientos por abuso sexual, aspirando a juzgar delitos que ellos mismos han cometido o encubierto.
Pero el problema no termina con los vínculos criminales. La infiltración religiosa también ha tocado la puerta del Poder Judicial. Se identificaron al menos seis candidatos relacionados con La Luz del Mundo, la red religiosa encabezada por Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Nombres como Eluzai Rafael Aguilar, Karina Sánchez y Madián Sinaí Menchaca Sierra figuran en la lista de candidatos al servicio de esta estructura, lo que hace pensar que la justicia mexicana está a punto de ser evangelizada por un culto que hoy enfrenta juicios en EE.UU.
Todo esto sucede bajo el manto del discurso transformador de Morena, que promete limpiar al Poder Judicial, pero termina abriendo la puerta a una mezcla de narcotráfico, fanatismo y corrupción sexual. Irónicamente, esta elección judicial —que en teoría devolvería la justicia al pueblo— amenaza con entregar el aparato judicial a los peores perfiles del país.
Mientras tanto, el oficialismo guarda silencio, y las instituciones responsables de revisar los antecedentes de estos aspirantes parecen estar más ocupadas en cubrir las apariencias que en proteger la justicia. Quizá ya no falte mucho para que algún líder criminal se postule a ministro de la Suprema Corte con el eslogan “del cártel a la Corte”. Porque en México, la transformación judicial bien podría estar siendo escrita con tinta de impunidad.
