Alonso Quijano
En una declaración que ha encendido el debate sobre los límites de la libertad de expresión en México, el senador morenista Antonino Morales exigió que se sancione con multas, investigaciones e incluso prisión a quienes promuevan públicamente la abstención en la próxima elección de jueces y magistrados.
Desde su tribuna legislativa, Morales lanzó una advertencia directa: “Ningún derecho es absoluto. Cuando se limita el voto libre y secreto —derecho constitucional—, las autoridades deben actuar.” Según el senador, los llamados a no acudir a las urnas no son una manifestación legítima de disenso político, sino un “ataque directo a la democracia” que debería ser perseguido penalmente.
El legislador cita los artículos del Código Penal Federal que castigan con penas de seis meses a tres años de prisión —y hasta seis si se trata de un servidor público— a quien presione u obligue a otra persona a votar en determinado sentido o abstenerse de votar. Sin embargo, Morales omite un detalle fundamental: esos delitos están tipificados como coacción al voto, no como opinión política ni como libertad de conciencia colectiva.
Aún así, Morales insiste en que detrás de la campaña de abstención se esconden “un expresidente, evasores fiscales y figuras de la ultraderecha” que, según él, estarían operando para sabotear el proceso judicial-electoral impulsado por la Cuarta Transformación. Incluso señaló la marcha opositora del “Domingo Negro” como un intento de entorpecer el acceso a las casillas electorales.
Su postura reabre una pregunta esencial en una democracia: ¿puede una postura política ser perseguida penalmente? ¿Debe castigarse con cárcel a quienes expresan su desacuerdo llamando a la abstención como forma de protesta pacífica?
En democracia, no votar también es una decisión política. Es un acto de crítica, de inconformidad, de ruptura con el sistema. Si llamar a no votar —sin presionar, sin coaccionar, sin impedir físicamente el sufragio— se convierte en delito, entonces la línea entre el disenso y el crimen se vuelve peligrosamente difusa.
Y más aún cuando el propio Estado impulsa una elección judicial con claros tintes de legitimación partidista, en la que jueces, magistrados y hasta ministros buscarán el voto popular bajo reglas aún inciertas. El riesgo es claro: convertir el desacuerdo en delito, y el debate público en materia penal.
Porque si se penaliza el llamado a no votar, ¿qué vendrá después? ¿La cárcel para quienes critiquen a los candidatos judiciales? ¿El castigo a quien cuestione el modelo de elección impulsado por Morena?
Criminalizar la abstención es retroceder décadas en la construcción de libertades políticas. Es confundir participación con obediencia y democracia con unanimidad forzada. Y es, sobre todo, una muestra del temor que genera el pensamiento crítico en quienes hoy ostentan el poder.
