Jorge Montejo
En medio de la creciente polémica por la politización del Poder Judicial, Hugo Aguilar, quien resultó electo en la reciente y cuestionada elección popular de jueces, aseguró que no fue impuesto por Morena ni por ningún actor político. “A mí no me puso Morena, no me puso ningún político. A mí no me puso la Presidenta de la República. No me puso el Congreso”, declaró en entrevista con Milenio, en un intento por marcar distancia de los señalamientos sobre la cooptación judicial por parte del oficialismo.
Sin embargo, su afirmación se ve opacada por datos preocupantes: en el 61.55% de las casillas ganaron entre seis y nueve candidaturas promovidas mediante “acordeones”, es decir, listas preimpresas que los votantes llevaban consigo para marcar las mismas opciones. Este fenómeno, documentado en distintos estados, ha desatado fuertes críticas por parte de organizaciones civiles que impugnaron la elección por considerar que hubo una operación de Estado para controlar el Poder Judicial. El caso de Aguilar, más allá de sus palabras, se inscribe en una narrativa mayor: la judicialización de la política y la politización de la justicia en México.
