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El máximo tribunal estadounidense cierra la puerta a la demanda por daños causados por la violencia armada vinculada al narcotráfico.
La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves la demanda presentada por el gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas estadounidenses, argumentando que la ley federal exime a estas empresas de responsabilidad por el uso criminal de sus productos.
La acción legal, presentada en 2021, buscaba responsabilizar a las compañías por su presunta contribución al tráfico de armas que ha fortalecido a los cárteles de la droga en México. El gobierno mexicano solicitaba una compensación de 10 mil millones de dólares, alegando que la industria armamentista estadounidense ha alimentado la violencia que azota al país.
No obstante, en una decisión unánime redactada por la jueza Elena Kagan, el tribunal concluyó que México no presentó pruebas suficientes para establecer que las empresas demandadas hayan instigado o facilitado de manera directa la venta ilegal de armas a grupos criminales.
La resolución representa un revés significativo para la estrategia legal del gobierno mexicano, que ha buscado nuevos caminos para frenar el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su postura crítica hacia la industria armamentista estadounidense y ha abordado el tema en reuniones bilaterales con el presidente Donald Trump.
Aunque el fallo cierra esta vía judicial, México ha reiterado que continuará buscando mecanismos diplomáticos y de cooperación internacional para contener el tráfico ilícito de armas, uno de los principales factores que alimentan la violencia del narcotráfico.
