Pagos a estudiantes fallecidos exhiben fallas estructurales en programas educativos
Alonso Quijano
Ciudad de México, 6 de junio de 2025. — Mientras el gobierno federal presume la Beca Universal Benito Juárez como una de las banderas más nobles de la llamada Cuarta Transformación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado un dato escandaloso: durante 2023 se pagaron más de un millón de pesos a 486 estudiantes fallecidos, como parte de esta política de apoyo económico para alumnos de nivel medio superior. Un programa que debería garantizar justicia social, ha terminado por evidenciar un manejo desaseado y, posiblemente, actos de simulación.
El hallazgo proviene de una revisión sistemática realizada por la ASF, en la que se cruzaron los registros del Registro Nacional de Población (Renapo) con los padrones de beneficiarios proporcionados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). El resultado fue contundente: 513 pagos indebidos a beneficiarios ya fallecidos, por un monto de 1 millón 61 mil pesos. Aunque la CNBBBJ presentó solicitudes de confronta para depurar el padrón, no logró justificar 110 pagos a 106 estudiantes, lo que representa un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por 374 mil 500 pesos.
Pero las irregularidades no terminan ahí. La ASF también detectó pagos por más de 101 mil pesos a 19,984 alumnos que no estaban registrados en las matrículas oficiales de los planteles educativos de bachillerato bajo la Dirección General del Bachillerato (DGB), la DGETI y la DGETAyCM, todas adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP. Esto significa que miles de supuestos beneficiarios ni siquiera estaban inscritos en escuelas públicas. ¿A dónde fueron esos recursos?
El problema, más allá de una falla técnica o administrativa, refleja un patrón de opacidad y negligencia institucional. En un país con altos índices de deserción escolar y pobreza, cada peso mal utilizado representa una bofetada para quienes realmente necesitan el apoyo. La falta de controles eficaces en el programa Benito Juárez no solo abre la puerta a fraudes, sino que erosiona la credibilidad del sistema de becas públicas y el principio de equidad que se pregona desde Palacio Nacional.
El caso no es menor: si bien algunos pagos pudieron haberse realizado antes de que se notificara el fallecimiento, la ASF encontró evidencia suficiente para presumir un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto obliga, legalmente, a iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso, en caso de detectarse dolo o corrupción, responsabilidades penales.
Mientras tanto, la CNBBBJ ha guardado silencio público sobre estos hallazgos. Ni una explicación detallada, ni una propuesta clara para corregir los errores detectados. Y en un contexto electoral donde se presume que los programas sociales son intocables, la revelación de pagos fantasma podría tener consecuencias políticas, además de administrativas.
En conclusión, el caso de los “estudiantes fantasma” beneficiarios de becas Benito Juárez no solo exhibe un problema de eficiencia burocrática: retrata el uso político del bienestar social y la falta de rendición de cuentas que aún impera en muchos rincones del aparato federal. Es hora de que las instituciones responsables de administrar el dinero público lo hagan con seriedad, y que los beneficiarios verdaderos dejen de ser los muertos… y los vivos que lucran con ellos.
