El Senado aprueba nueva ley de telecomunicaciones: desaparece el IFT, crecen facultades del ejecutivo y la vigilancia digital. ¿modernización o control disfrazado?
Alonso Quijano
29 de junio de 2025
La noche del sábado, el Senado de la República aprobó, entre consignas de “modernización” y acusaciones de “autoritarismo digital”, una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con 77 votos a favor y 30 en contra. El dictamen promete, según sus promotores, una reestructura profunda en el sector, alineada al discurso de “simplificación orgánica” impulsado por la mayoría oficialista.
Desde tribuna, el senador Javier Corral, en representación de las comisiones dictaminadoras, elogió la reforma como “más sólida, más justa y más incluyente”. Aseguró que el nuevo marco dejará atrás el modelo histórico de privilegios para los grandes consorcios de la radiodifusión y abrirá oportunidades para medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, que, en teoría, tendrán mayor viabilidad financiera y regulatoria.
La narrativa optimista de Morena y sus aliados se concentró en la supuesta transición hacia una visión social, el acceso universal y la equidad digital. La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa insistió en que la reforma posiciona al país para enfrentar los retos de la era digital y garantiza la modernización nacional, mientras que el nuevo esquema legal reconoce a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, pilares de derechos fundamentales como la información y la libertad de expresión.
Sin embargo, la oposición no tardó en señalar el reverso de la moneda. Desde el PAN, Ricardo Anaya acusó que la publicación del dictamen fue apresurada y sin espacio para revisión. Si bien admitió que se corrigieron errores señalados por su bancada, advirtió que persisten dos riesgos graves: el acceso a la geolocalización de usuarios sin orden judicial y el aumento de causales para suspender transmisiones. El senador alertó que esto abre la puerta a la censura y mecanismos de control propios de gobiernos autoritarios. No se incorporó la exigencia panista de que la geolocalización requiera orden judicial, por lo que anticipó el voto en contra.
Por el PRI, Manuel Añorve fue más allá y calificó la ley como la instauración del “Big Brother del Bienestar”, una estructura de vigilancia digital que legaliza la censura, simula competencia y viola la Constitución. Añorve criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que será reemplazado por la flamante Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo control directo del Ejecutivo federal, y advirtió sobre la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano subordinado. El senador priista subrayó el riesgo de que se reactive un Padrón de Usuarios de Telefonía Celular —anteriormente declarado inconstitucional— y que el nuevo marco dé margen al gobierno para silenciar a medios críticos y restringir la libertad de expresión.
El corazón de la reforma está en su arquitectura institucional: el IFT, garante de la autonomía regulatoria, desaparece para dar paso a la ATDT, convertida en Secretaría de Estado con facultades de regulación, supervisión y política pública. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado con cinco comisionados, asumirá las tareas técnicas y operativas, aunque queda subordinada a la ATDT.
Entre los “avances” que presume el dictamen están mecanismos renovados para la asignación de espectro radioeléctrico, la entrega directa de concesiones de uso social y público —exentas de pagos—, descuentos fiscales para quienes den servicio en zonas marginadas y mayores facilidades para operadores pequeños. También se refuerzan derechos de audiencias y no discriminación, se obliga a cada concesionario a tener defensor y se eliminan propuestas como el bloqueo de plataformas y la propaganda extranjera, restringiendo la pauta a contenidos culturales, deportivos y turísticos.
El Estado, a través de la CFE, asume un papel activo en la provisión de internet, prometiendo cerrar la brecha digital y garantizar acceso en todo el país. Se subraya un enfoque multicultural y de derechos humanos, dando prioridad a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.
A pesar de la retórica progresista, las dudas sobre la concentración de facultades regulatorias en el Ejecutivo, la desaparición de órganos autónomos y el riesgo de vigilancia masiva persisten. La sombra del control digital y el autoritarismo —tan temido y criticado en otros sexenios— reaparece ahora, envuelto en el discurso de la modernización y la equidad. El futuro del sector dependerá, no de las buenas intenciones, sino del verdadero alcance que logre este nuevo andamiaje institucional.
