Maria Gil
20/06/25
La credibilidad de la reforma judicial mexicana acaba de recibir un duro golpe: seis organizaciones civiles han presentado una impugnación formal contra las recientes elecciones judiciales, argumentando que no hubo elección, sino una operación de Estado digna de manual priista.
Las organizaciones Defensorxs, Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, PROJUC, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Práctica Lab acusaron en conjunto una “intervención sistemática” del gobierno federlal para manipular los resultados y colocar afines a Morena en cargos clave. Nueve demandas —presentadas junto con candidaturas como la de Cecilia Odriozola— buscan la nulidad de tres procesos: la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Según el comunicado firmado por Miguel Meza, de Defensorxs, la “elección” se trató en realidad de una farsa coordinada desde el poder: circularon “acordeones” con los nombres de los candidatos oficiales que —oh sorpresa— resultaron ganadores en su totalidad. Un burdo reciclaje de la democracia a modo, donde el voto fue poco más que una coreografía.
Entre las irregularidades denunciadas destacan evaluaciones deficientes a los aspirantes (cuando las hubo), ausencia de reglas claras al inicio del proceso, falta de mecanismos ciudadanos de vigilancia y diferencias en el peso del voto entre estados, que convirtieron la supuesta elección nacional en una suma de desigualdades. Por si fuera poco, algunos ganadores ni siquiera tuvieron competencia real, lo que pone en duda hasta el último ápice de legitimidad del proceso.
Las organizaciones exigen que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte revisen el caso y, en congruencia con el principio de legalidad, declaren la invalidez de los resultados. En un país donde la justicia suele estar sometida al capricho del poder, la esperanza está ahora en que la protesta ciudadana logre lo que la institucionalidad no supo —o no quiso— garantizar: un proceso judicial limpio, transparente y realmente democrático.
