Maria Gil
Ciudad de México, 3 de junio de 2025. — Justo cuando el comercio exterior mexicano enfrenta uno de sus escenarios más complicados por la imposición de aranceles del 50% al acero y aluminio por parte del gobierno de Donald Trump, la administración de Claudia Sheinbaum añade un obstáculo más al restringir la exportación de productos clave mediante un nuevo decreto de la Secretaría de Economía.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio, la disposición establece que a partir del 7 de julio se requerirán permisos especiales para exportar 30 fracciones arancelarias, entre las que destacan cerveza, tequila, pantallas, autopartes y maquinaria. Aunque la entrada en vigor se postergó un mes ante la presión de maquiladores, la medida fue criticada por su opacidad, improvisación y por llegar en el peor momento.
“Nos estamos metiendo el pie solitos”, declaró un abogado del sector exportador, quien denunció que no se explicó ni el objetivo ni el alcance de la medida. A partir del 30 de junio podrán solicitarse los permisos, pero con hasta 10 días hábiles para ser autorizados, se prevé que los primeros embarques autorizados apenas alcancen la segunda semana de julio. En sectores con exportaciones diarias, el retraso será costoso.
El director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, Andrés Franco Zaldívar, consideró que el tiempo para aprobar los permisos es excesivo y afecta la operación diaria de empresas que dependen de la velocidad logística. A esto se suman auditorías arbitrarias, demoras en devoluciones de IVA y el uso errático de recursos públicos.
Al mismo tiempo, la presidenta Sheinbaum intentó contener la crisis industrial que se avecina por la decisión de Trump, quien justificó los nuevos aranceles por razones de “seguridad nacional”, reactivando la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. La mandataria mexicana sostuvo una reunión con empresarios del acero y aluminio, además de altos funcionarios de Hacienda y Economía, para preparar una respuesta nacional.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, consideró que el arancel es “injusto, insostenible e inconveniente”, y anunció un viaje urgente a Washington para negociar la exclusión de México de la medida, tal como se logró con Reino Unido. Argumentó que el acero y el aluminio son insumos estratégicos para sectores críticos de ambas economías, como la automotriz, electrónica, construcción y metalmecánica.
En 2024, México exportó más de 16 mil millones de dólares en acero y aluminio, de los cuales el 84% tuvo como destino Estados Unidos. Solo entre enero y marzo de 2025, los envíos ya se redujeron 3% tras el primer ajuste arancelario. Las proyecciones apuntan a un desplome mucho mayor en abril y mayo. Canacero estima que cerca de 700,000 empleos directos e indirectos están en riesgo.
Los más afectados serán los estados industriales como Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Veracruz, donde estas exportaciones sostienen cadenas productivas completas. Ante la falta de reciprocidad comercial por parte de EE.UU., México anunció que toda obra pública federal deberá utilizar acero nacional como una medida de contención interna.
Sin embargo, en medio del fuego cruzado internacional, el decreto de Sheinbaum que limita las exportaciones parece jugar en contra de la industria. En vez de aligerar la presión sobre los productores, impone controles que afectan la competitividad. Las medidas fueron mal comunicadas, publicadas sin previo aviso y generaron incertidumbre jurídica entre los exportadores.
La sensación generalizada en el sector es que el Gobierno mexicano actúa sin coordinación ni estrategia frente a una tormenta comercial que exige respuestas contundentes, no obstáculos internos. Mientras Ebrard negocia en Washington y Trump revive su política de “America First”, la pregunta es si México sabrá responder con una política industrial cohesionada… o si continuará disparándose en el pie.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio, la disposición establece que a partir del 7 de julio se requerirán permisos especiales para exportar 30 fracciones arancelarias, entre las que destacan cerveza, tequila, pantallas, autopartes y maquinaria. Aunque la entrada en vigor se postergó un mes ante la presión de maquiladores, la medida fue criticada por su opacidad, improvisación y por llegar en el peor momento.
“Nos estamos metiendo el pie solitos”, declaró un abogado del sector exportador, quien denunció que no se explicó ni el objetivo ni el alcance de la medida. A partir del 30 de junio podrán solicitarse los permisos, pero con hasta 10 días hábiles para ser autorizados, se prevé que los primeros embarques autorizados apenas alcancen la segunda semana de julio. En sectores con exportaciones diarias, el retraso será costoso.
El director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, Andrés Franco Zaldívar, consideró que el tiempo para aprobar los permisos es excesivo y afecta la operación diaria de empresas que dependen de la velocidad logística. A esto se suman auditorías arbitrarias, demoras en devoluciones de IVA y el uso errático de recursos públicos.
Al mismo tiempo, la presidenta Sheinbaum intentó contener la crisis industrial que se avecina por la decisión de Trump, quien justificó los nuevos aranceles por razones de “seguridad nacional”, reactivando la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. La mandataria mexicana sostuvo una reunión con empresarios del acero y aluminio, además de altos funcionarios de Hacienda y Economía, para preparar una respuesta nacional.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, consideró que el arancel es “injusto, insostenible e inconveniente”, y anunció un viaje urgente a Washington para negociar la exclusión de México de la medida, tal como se logró con Reino Unido. Argumentó que el acero y el aluminio son insumos estratégicos para sectores críticos de ambas economías, como la automotriz, electrónica, construcción y metalmecánica.
En 2024, México exportó más de 16 mil millones de dólares en acero y aluminio, de los cuales el 84% tuvo como destino Estados Unidos. Solo entre enero y marzo de 2025, los envíos ya se redujeron 3% tras el primer ajuste arancelario. Las proyecciones apuntan a un desplome mucho mayor en abril y mayo. Canacero estima que cerca de 700,000 empleos directos e indirectos están en riesgo.
Los más afectados serán los estados industriales como Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Veracruz, donde estas exportaciones sostienen cadenas productivas completas. Ante la falta de reciprocidad comercial por parte de EE.UU., México anunció que toda obra pública federal deberá utilizar acero nacional como una medida de contención interna.
Sin embargo, en medio del fuego cruzado internacional, el decreto de Sheinbaum que limita las exportaciones parece jugar en contra de la industria. En vez de aligerar la presión sobre los productores, impone controles que afectan la competitividad. Las medidas fueron mal comunicadas, publicadas sin previo aviso y generaron incertidumbre jurídica entre los exportadores.
La sensación generalizada en el sector es que el Gobierno mexicano actúa sin coordinación ni estrategia frente a una tormenta comercial que exige respuestas contundentes, no obstáculos internos. Mientras Ebrard negocia en Washington y Trump revive su política de “America First”, la pregunta es si México sabrá responder con una política industrial cohesionada… o si continuará disparándose en el pie.
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