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El fentanilo reventó el velo del sistema financiero mexicano. Tres instituciones —Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco— fueron señaladas por EE. UU. como engranajes del lavado de dinero del narcotráfico, desatando la primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl. La CNBV intervino, los mercados castigaron, y el silencio de Hacienda frente a los vínculos con Vector incomoda más que las acusaciones mismas.
El golpe llegó desde Washington y sacudió a la cúpula financiera mexicana en menos de un día: FinCEN activó por primera vez la FEND Off Fentanyl Act y declaró a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa “preocupaciones primarias de lavado de dinero” por supuestos vínculos con el tráfico de fentanilo y con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. La orden –que en tres semanas bloqueará toda operación en dólares o cripto con sus sucursales mexicanas– cayó como una guillotina sobre la avenida Reforma.
Esa misma noche la CNBV intervino las tres instituciones: nombró administradores gerenciales y desplazó a sus consejos para “salvaguardar derechos de ahorradores e inversionistas”, según el comunicado que, sin previo aviso, puso a Vector bajo tutela del regulador y confirmó la mano dura sobre CIBanco e Intercam. La medida puso el reflector sobre una relación política incómoda: Vector es legado del empresario Alfonso Romo, exjefe de Oficina de la Presidencia y todavía aliado cercano del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El silencio del titular de Hacienda ante la caída de la firma con la que ha compartido vehículos de inversión disparó versiones de favoritismo y tensó el gabinete económico.
En los mercados, el castigo llegó de inmediato para dos de los tres señalados. HR Ratings degradó a CIBanco y a su casa de bolsa de HR A+ hasta HR C-, dejándola en Observación Negativa; la agencia aplicó la misma guillotina a Intercam Banco y a su bróker, que pasaron de HR AA a HR C-. Vector, en cambio, ni siquiera figura en las listas de la calificadora: no tiene nota vigente y, por ahora, se libra del golpe técnico, aunque alimenta sospechas sobre un trato distinto dentro del propio sistema regulatorio.
El expediente de FinCEN, ya en manos de Hacienda, describe pagos a proveedores chinos de precursores, reuniones de banqueros con capos e incluso una red que habría movido más de 10 millones de dólares del Cártel del Golfo a través de CIBanco. Mientras la secretaria de Seguridad de EE. UU. celebra la “acción histórica contra el financiamiento del fentanilo”, la presidenta Claudia Sheinbaum exige “pruebas contundentes” y acusa a Washington de linchar sin sentencia, en un tenso intercambio diplomático.
La cuenta regresiva corre: cuando las sanciones entren en vigor, cualquier dólar que roce a estas instituciones quedará fuera del sistema financiero global. Bancos corresponsales estadounidenses bloquearán pagos; los clientes corporativos mexicanos tendrán que cambiar de banco en tiempo récord; y los inversionistas externos miran con lupa la resiliencia de un marco antilavado que, por primera vez, parece haber fallado donde más duele: en el corazón regulado del mercado de capitales. Mientras tanto, la CNBV improvisa un salvavidas para evitar corridas y Hacienda busca pruebas que desmonten —o confirmen— una bomba que amenaza no solo la reputación de tres intermediarios, sino la credibilidad completa del andamiaje financiero del
