Alonso Quijano
En un hecho que podría marcar un antes y un después en la relación México–Estados Unidos frente al crimen organizado, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró hoy culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas en la Corte Federal de Chicago. La audiencia, celebrada a las 10 de la mañana, confirmó lo que ya se especulaba: Guzmán López cambió su postura inicial de “no culpable” tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía estadounidense.
Aunque los detalles del pacto no han sido revelados oficialmente, diversas fuentes apuntan a que el acuerdo podría implicar algún tipo de colaboración con la justicia estadounidense a cambio de una reducción en la sentencia. La pregunta obligada que ya circula en redes y círculos políticos es: ¿hasta dónde llegará Ovidio con sus declaraciones?, ¿qué tanto revelará sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y los presuntos nexos políticos que desde hace años han sido tema de debate y sospecha?
La reacción desde el gobierno mexicano no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó abiertamente que Washington negocie con criminales a la par que exige a México mayor combate al narcotráfico y hasta ha calificado a los cárteles como organizaciones “terroristas”. Sheinbaum ha exigido a EE. UU. transparencia sobre los términos del acuerdo con Ovidio y, de paso, ha puesto el dedo en la llaga: la incomodidad de varios actores políticos que podrían quedar expuestos si el hijo de “El Chapo” decide hablar de más.
El caso de Ovidio Guzmán, detenido en 2023 en un operativo que dejó un rastro de muertos y caos en Sinaloa, reabre la herida de un Estado mexicano señalado por su incapacidad —o complicidad— para frenar la narcopolítica. Hoy, más que nunca, la sombra del narcogobierno vuelve a colocarse sobre el gobierno, mientras en Chicago se escribe un capítulo que, irónicamente, podría desnudar los vínculos prohibidos entre el poder y el crimen.
Aunque los detalles del pacto no han sido revelados oficialmente, diversas fuentes apuntan a que el acuerdo podría implicar algún tipo de colaboración con la justicia estadounidense a cambio de una reducción en la sentencia. La pregunta obligada que ya circula en redes y círculos políticos es: ¿hasta dónde llegará Ovidio con sus declaraciones?, ¿qué tanto revelará sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y los presuntos nexos políticos que desde hace años han sido tema de debate y sospecha?
La reacción desde el gobierno mexicano no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó abiertamente que Washington negocie con criminales a la par que exige a México mayor combate al narcotráfico y hasta ha calificado a los cárteles como organizaciones “terroristas”. Sheinbaum ha exigido a EE. UU. transparencia sobre los términos del acuerdo con Ovidio y, de paso, ha puesto el dedo en la llaga: la incomodidad de varios actores políticos que podrían quedar expuestos si el hijo de “El Chapo” decide hablar de más.
El caso de Ovidio Guzmán, detenido en 2023 en un operativo que dejó un rastro de muertos y caos en Sinaloa, reabre la herida de un Estado mexicano señalado por su incapacidad —o complicidad— para frenar la narcopolítica. Hoy, más que nunca, la sombra del narcogobierno vuelve a colocarse sobre el gobierno, mientras en Chicago se escribe un capítulo que, irónicamente, podría desnudar los vínculos prohibidos entre el poder y el crimen.
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