14/07/25
Se acerca el fin de la primera mitad del gobierno de Julio Menchaca Salazar en el estado de Hidalgo y, con ello, se aproxima también la fecha en la que la ciudadanía estará en condiciones de poner bajo el escrutinio público el trabajo realizado por el político neomorenista.
Ello, porque de acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato, a partir del día siguiente a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del titular del Poder Ejecutivo estatal, esto es, el 6 de septiembre próximo, se puede informar al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) la intención de promover, para finales de año, esa figuraencaminada a someter a votación la continuidad del gobernante.
Esta situación cobra una especial importancia, en virtud de que cada vez son más las personas que hacen patente su decepción por los magros resultados entregados por la actual administración. Conforme pasa el tiempo, se desvanecen las promesas que hizo Menchaca Salazar para revertir las carencias y corruptelas que han condenado a muchísima gente a vivir en severas condiciones de marginación y pobreza.
Por falta de acciones o políticas públicas eficientes, conforme avanzan los días se recrudecen de manera alarmante los problemas que aquejan a los hidalguenses, principalmente en los ámbitos de seguridad, salud, economía y falta de transparencia.
Como resultado de tal panorama, es ya muy común escuchar o leer el creciente apoyo ciudadano a la revocación de mandato. En consenso es que “se está frente a un gobierno gris, ocurrente, sin rumbo, represor, indiferente a los reclamos sociales, sin planeación y nulos resultados”.
En respuesta, en días pasados el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, dijo ante los medios de comunicación que la realización de una encuesta encaminada a calificar la gestión de Julio Menchaca, “no está garantizada y dependerá de que se cumplan los requisitos establecidos por la ley”. Agregó que este mecanismo no es una obligación ni un imperativo, sino una posibilidad contemplada en la legislación vigente.
A pesar de que incluso algunos actores políticos han comenzado a referirse a este esquema como una “ratificación de mandato”, el encargado de la política interna del estado subrayó que aún no hay condiciones para hablar con certeza sobre su realización, pues “todo depende de las circunstancias y de lo que suceda”.
Como era de esperarse, tal posición molestó a muchas personas, que se dieron a la tarea no sólo de exigir la revocación de mandato, sino también criticar lo expuesto por el funcionario, al asegurar que con ello sólo muestran el temor que tienen las autoridades de conocer el verdadero sentir del pueblo respecto a su deficiente trabajo.
De igual forma, deja entrever el fracaso de la estrategia impulsada desde el gobierno estatal, de intentar desestimar las muestras de hartazgo de la sociedad, a través de desplegar por distintos municipios a funcionarios estatales, así como legisladores federales y locales de Morena, para trabajar en favor de la permanencia de Julio Menchaca.
De la mano de la molestia y decepción de un sector importante de la sociedad, está además el escepticismo de poder cumplir la meta de enjuiciar en las urnas la labor del mandatario estatal. No pocas personas creen que esa aspiración está en riesgo, precisamente por la capacidad de movilización que normalmente tiene todo gobierno.
Con nefastas prácticas como el acarreo de votantes, el condicionamiento de programas sociales e incluso el “apoyo” de autoridades electorales, por citar sólo tres de las más frecuentes, el régimen de la Cuarta Trasformación (4T) en Hidalgo podría enterrar la legítima aspiración de muchos ciudadanos, de siquiera llevar a consulta la revocación o continuidad del mandato de Julio Menchaca Salazar.
Ello, porque de acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato, a partir del día siguiente a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del titular del Poder Ejecutivo estatal, esto es, el 6 de septiembre próximo, se puede informar al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) la intención de promover, para finales de año, esa figuraencaminada a someter a votación la continuidad del gobernante.
Esta situación cobra una especial importancia, en virtud de que cada vez son más las personas que hacen patente su decepción por los magros resultados entregados por la actual administración. Conforme pasa el tiempo, se desvanecen las promesas que hizo Menchaca Salazar para revertir las carencias y corruptelas que han condenado a muchísima gente a vivir en severas condiciones de marginación y pobreza.
Por falta de acciones o políticas públicas eficientes, conforme avanzan los días se recrudecen de manera alarmante los problemas que aquejan a los hidalguenses, principalmente en los ámbitos de seguridad, salud, economía y falta de transparencia.
Como resultado de tal panorama, es ya muy común escuchar o leer el creciente apoyo ciudadano a la revocación de mandato. En consenso es que “se está frente a un gobierno gris, ocurrente, sin rumbo, represor, indiferente a los reclamos sociales, sin planeación y nulos resultados”.
En respuesta, en días pasados el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, dijo ante los medios de comunicación que la realización de una encuesta encaminada a calificar la gestión de Julio Menchaca, “no está garantizada y dependerá de que se cumplan los requisitos establecidos por la ley”. Agregó que este mecanismo no es una obligación ni un imperativo, sino una posibilidad contemplada en la legislación vigente.
A pesar de que incluso algunos actores políticos han comenzado a referirse a este esquema como una “ratificación de mandato”, el encargado de la política interna del estado subrayó que aún no hay condiciones para hablar con certeza sobre su realización, pues “todo depende de las circunstancias y de lo que suceda”.
Como era de esperarse, tal posición molestó a muchas personas, que se dieron a la tarea no sólo de exigir la revocación de mandato, sino también criticar lo expuesto por el funcionario, al asegurar que con ello sólo muestran el temor que tienen las autoridades de conocer el verdadero sentir del pueblo respecto a su deficiente trabajo.
De igual forma, deja entrever el fracaso de la estrategia impulsada desde el gobierno estatal, de intentar desestimar las muestras de hartazgo de la sociedad, a través de desplegar por distintos municipios a funcionarios estatales, así como legisladores federales y locales de Morena, para trabajar en favor de la permanencia de Julio Menchaca.
De la mano de la molestia y decepción de un sector importante de la sociedad, está además el escepticismo de poder cumplir la meta de enjuiciar en las urnas la labor del mandatario estatal. No pocas personas creen que esa aspiración está en riesgo, precisamente por la capacidad de movilización que normalmente tiene todo gobierno.
Con nefastas prácticas como el acarreo de votantes, el condicionamiento de programas sociales e incluso el “apoyo” de autoridades electorales, por citar sólo tres de las más frecuentes, el régimen de la Cuarta Trasformación (4T) en Hidalgo podría enterrar la legítima aspiración de muchos ciudadanos, de siquiera llevar a consulta la revocación o continuidad del mandato de Julio Menchaca Salazar.
