14 de agosto de 2025
Hugo Aguilar Ortiz, recién electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega al máximo tribunal con un historial administrativo que, de acuerdo con documentos oficiales, abre más de una pregunta sobre el manejo de recursos públicos durante su paso por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Según su propia declaración patrimonial, entre 2020 y 2025 Aguilar Ortiz percibió un total de 7 millones 381 mil 715 pesos de salario neto, equivalente a 135 mil pesos mensuales, durante su encargo como Coordinador General de Derechos Indígenas.
Durante su gestión, el INPI firmó el contrato DPCP-002-2025 con la empresa Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana S. de R.L. de C.V. por un monto máximo de 13 millones 651 mil 953 pesos para el servicio de limpieza de sus oficinas en 16 estados del país.
Llama la atención que, de acuerdo con el contrato, la compañía tiene como domicilio una casa ubicada en la colonia Héroes de Churubusco, en Iztapalapa, lo que contrasta con la magnitud del contrato adjudicado.
Pero no es el único frente en el que Aguilar Ortiz enfrenta cuestionamientos. Documentos de transparencia revelan que su asociación civil Servicios del Pueblo Mixe recibió decenas de donaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluida una última aportación registrada de 300 mil pesos en 2015.
Hoy, esa misma organización mantiene activo un sitio web en el que solicita donativos mensuales y facilita pagos en línea. Sin embargo, según el padrón oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la asociación no figura como Donataria Autorizada, lo que impediría a sus aportantes deducir fiscalmente las contribuciones y plantea dudas sobre la legalidad de las campañas de recaudación.
Entre un sueldo privilegiado, contratos millonarios a empresas con domicilios modestos y una asociación civil con financiamiento público previo que ahora pide donaciones sin el estatus fiscal correspondiente, el nuevo presidente de la Suprema Corte arrastra un pasado administrativo que difícilmente pasará inadvertido en el escrutinio público.
