Washington / Ciudad de México, 14 de agosto de 2025.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos empresarios mexicanos por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos millonarios. Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en The Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, residente en Spring, Texas, ambos ciudadanos mexicanos con residencia permanente en EE. UU.
De acuerdo con la acusación, entre 2019 y 2021 entregaron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo Hublot y bolsos Louis Vuitton a empleados de Pemex y de su filial Pemex Exploración y Producción, a cambio de contratos por más de 2.5 millones de dólares adjudicados a empresas ligadas a Rovirosa.
El caso fue registrado en la Corte del Distrito Sur de Texas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), con un cargo de conspiración y tres cargos sustantivos, cada uno con una pena máxima de cinco años de prisión. Rovirosa fue detenido y presentado ante un juez, mientras que Ávila se encuentra prófugo. Según el fiscal adjunto Matthew R. Galeotti, este caso busca enviar un mensaje claro de que no se tolerará que empresarios enriquezcan a funcionarios corruptos en detrimento de un mercado justo y competitivo.
La investigación detalla que los sobornos no solo se realizaron en efectivo y artículos de lujo, sino que también se utilizaron intermediarios y familiares para ocultar las transacciones, incluyendo comunicación por WhatsApp para coordinar pagos y manipular procesos de licitación. Informes de El País revelan que las empresas de Rovirosa, como Roma Energy Holdings y Tubular Technology, ya habían recibido contratos por 746 millones de pesos desde 2011, lo que apunta a una red de favores que podría remontarse más de una década.
Este caso marca la reactivación de la FCPA tras su suspensión temporal durante la presidencia de Donald Trump en febrero de este año. Analistas consideran que su reaplicación en un asunto ligado a Pemex refleja el interés de Washington en sancionar la corrupción vinculada a sectores estratégicos como la energía, con implicaciones en seguridad nacional y posibles nexos con el crimen organizado.
El escándalo se suma a la larga lista de casos de corrupción que han sacudido a Pemex, incluyendo el emblemático caso Odebrecht, que implicó sobornos millonarios para la obtención de contratos, y el proceso penal contra el exdirector Emilio Lozoya. La petrolera, ya debilitada por problemas financieros y baja producción, enfrenta ahora un nuevo golpe a su reputación internacional.
El señalamiento de Estados Unidos no solo exhibe la persistencia de redes corruptas dentro de la empresa, sino que también presiona al gobierno mexicano a mostrar avances tangibles en transparencia y rendición de cuentas, en un momento en que la credibilidad de Pemex y su papel en la economía nacional están más cuestionados que nunca.
