
Alonso Quijano
8 de agosto de 2025
La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa su punto más delicado en años, el Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha planteado en distintos foros lo impensable: una posible intervención militar estadounidense en territorio mexicano si el gobierno no actúa con mayor contundencia contra los cárteles de la droga. Según reveló el Wall Street Journal, Hegseth advirtió que el Ejército de los Estados Unidos “tomará medidas unilaterales” si persiste la colusión entre autoridades mexicanas y grupos criminales, particularmente en el tráfico de fentanilo. Las declaraciones, que fueron interpretadas por los mandos mexicanos como una amenaza directa a la soberanía nacional, generaron una ola de preocupación y molestia en el seno del gobierno federal.
Aunque hasta el momento no se ha concretado ninguna acción bélica, funcionarios del Pentágono confirmaron que han intensificado sus operaciones de inteligencia sobre territorio mexicano. Drones no armados sobrevuelan zonas fronterizas y se ha desplegado equipo de vigilancia dentro del marco de acuerdos de cooperación bilateral. No obstante, fuentes del Congreso de Estados Unidos confirmaron que se discute una iniciativa de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), que permitiría ataques directos a objetivos relacionados con el crimen organizado mexicano, incluyendo hasta nueve cárteles considerados organizaciones terroristas extranjeras. Legisladores como Dan Crenshaw han defendido una estrategia de contrainsurgencia que contemplaría el uso de inteligencia, fuerzas especiales y asistencia armamentística, aunque sin descartar del todo intervenciones puntuales si México no colabora.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump endurece el tono. En recientes declaraciones, reiteró que se mantendrán los aranceles a las importaciones mexicanas hasta que se frene el flujo de drogas hacia su país. México, por su parte, ha intentado disminuir la presión con gestos visibles de cooperación: hace apenas unos días se concretó la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Además, miembros del Gabinete de Seguridad sostuvieron una reunión urgente con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington, para tratar de frenar la escalada diplomática. En paralelo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza negociaciones en la capital estadounidense para evitar una crisis comercial, proponiendo medidas como igualar aranceles con China.
No obstante, el peligro persiste. Si bien no se han registrado ataques armados ni bombardeos por parte de Estados Unidos en territorio mexicano, el lenguaje y la estrategia han cambiado. La presión ya no es sólo económica, sino también militar. A ello se suma una reciente medida del Departamento del Tesoro que congeló cuentas e impuso sanciones contra figuras del crimen organizado, incluyendo al rapero Ricardo “El Makabelico” Hernández, señalado por vínculos financieros con el Cartel del Noreste. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza, rechazando abiertamente la posibilidad de permitir tropas extranjeras en el país, y advirtió que se trabaja en reformas constitucionales para blindar la soberanía ante cualquier intento de intervención.
México se encuentra así entre la espada de una presión militar sin precedente y la pared de un gobierno estadounidense dispuesto a vincular seguridad, comercio e incluso diplomacia bajo una lógica de fuerza. El fantasma de la intervención directa —inconcebible hace unos años— ya no parece una amenaza retórica, sino una posibilidad en construcción. El reto para el gobierno mexicano será no sólo evitar la humillación histórica, sino recuperar el control real sobre un territorio que, desde la perspectiva estadounidense, se les está yendo de las manos.