El portón del penal de máxima seguridad se abrió la mañana del viernes. Israel Vallarta, con el rostro visiblemente marcado por el tiempo y la prisión, dio unos pasos hacia afuera. Allí lo esperaban su esposa y algunos familiares. Se abrazaron en silencio. “Sabía que la verdad se iba a imponer”, alcanzó a decir con voz baja, casi temblorosa.
Luego de casi dos décadas tras las rejas, Vallarta obtuvo una sentencia absolutoria. La jueza Mariana Vieyra Valdez, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, concluyó que las pruebas presentadas durante el proceso eran insuficientes para sostener su culpabilidad en delitos como secuestro, delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del Ejército.
La detención de Vallarta ocurrió el 8 de diciembre de 2005, en un operativo que luego sería conocido por su montaje mediático. Ese día también fue arrestada su entonces pareja, Florence Cassez, ciudadana francesa. El caso trascendió fronteras, provocando un conflicto diplomático entre México y Francia, y convirtiéndose en símbolo de los abusos cometidos por las autoridades de seguridad en ese sexenio.
Mientras Cassez fue liberada en 2013 tras una resolución de la Suprema Corte, Vallarta quedó atrapado en una maraña judicial que lo mantuvo en prisión durante años. Su proceso estuvo marcado por acusaciones de tortura, pruebas sin sustento y retrasos injustificables. En todo ese tiempo, no hubo sentencia condenatoria, pero tampoco libertad.
La Defensoría Pública solicitó en varias ocasiones que se revisara su situación jurídica, especialmente por su deteriorada salud dentro del penal. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas intervino en dos ocasiones recientes, emitiendo medidas provisionales a su favor en 2023 y 2024.
Israel Vallarta no aceptó acuerdos. No buscó beneficios que implicaran reconocer una culpa que siempre negó. Su objetivo fue claro: obtener una absolución completa. El precio fue alto. A lo largo de estos años, otros miembros de su familia también enfrentaron detenciones. Algunos, como él, pasaron largos periodos en prisión.
Hoy, con su salida, no solo se cierra un capítulo legal. También se reabre el debate sobre la prisión preventiva prolongada, los montajes judiciales y la impunidad en los cuerpos policiales. La imagen de Vallarta caminando libre, después de casi 20 años, es una fotografía que interpela a un sistema que aún arrastra deudas con la justicia.
