Alonso Quijano
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025.
El conflicto entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó su punto más álgido. En los próximos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverán diversos asuntos relacionados con los millonarios adeudos fiscales del conglomerado propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. El desenlace será crucial, no sólo por las cifras involucradas, sino por el mensaje que enviará sobre la independencia judicial frente al poder político y económico.
El grupo empresarial, uno de los más influyentes del país, publicó un comunicado en el que acusa directamente al máximo tribunal de haberse “alineado” con el Ejecutivo federal. Según su versión, algunos ministros estarían “presionados y obligados por el Ejecutivo”, mientras que otros actuarían “llenos de prejuicios dogmáticos” en contra del empresario. En palabras del propio Grupo Salinas, la Suprema Corte estaría a punto de emitir resoluciones “sin lógica jurídica ni apego mínimo al derecho”, supuestamente guiadas por “guiones aprobados desde Palacio Nacional”.
El señalamiento no es menor. Se trata de una acusación abierta de manipulación política del Poder Judicial, justo en un momento en que el Gobierno federal ha buscado reformar profundamente a la SCJN y someterla al escrutinio popular. El caso Salinas Pliego se convierte así en un símbolo de la tensión entre el Estado y los grandes capitales, donde cada parte intenta mostrarse como víctima de un abuso institucional.
El conglomerado también denunció irregularidades procesales: afirma que los asuntos fiscales fueron añadidos “de forma extemporánea” a la lista oficial de temas que resolverán los ministros. Y advirtió que, ante lo que considera una violación a su derecho a una justicia pronta y expedita, evalúa demandar al SAT y a los funcionarios responsables por “dilación intencional” en sus procedimientos administrativos. Incluso amenazó con acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que en México se le ha negado el derecho a un juicio justo.
De acuerdo con la autoridad fiscal, los adeudos del grupo superarían los 25 mil millones de pesos, aunque la cifra exacta varía según el caso. Las empresas de Salinas Pliego —que incluyen a TV Azteca, Elektra y Banco Azteca— han enfrentado múltiples litigios tributarios durante los últimos años, alegando en cada ocasión que los cobros son “dobles, abusivos e inconstitucionales”. El empresario sostiene que está dispuesto a pagar “lo que es correcto”, pero no a “ceder ante extorsiones disfrazadas de justicia fiscal”.
Más allá de la retórica, el caso vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre poder económico y poder judicial. Si la Corte confirma los adeudos, será un precedente contundente de que incluso los grupos empresariales más poderosos deben rendir cuentas ante el fisco. Pero si el fallo favorece a Salinas Pliego, el mensaje será otro: que la presión mediática y el discurso de victimización pueden influir en la justicia mexicana.
El episodio es, en el fondo, un retrato del país actual: un gobierno que usa el discurso moral para justificar su control institucional, y un empresario que convierte sus conflictos fiscales en una cruzada por la libertad. Entre ambos extremos, queda la Suprema Corte, que deberá demostrar si aún puede ser árbitro y no jugador en un tablero donde el dinero y el poder pesan tanto como la ley.
