20 de noviembre de 2025
Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa que podría transformar radicalmente la manera en que operan los influencers y creadores de contenido en México. La diputada Leonor Gómez Otegui propuso la Ley General para Regular los Servicios de Contenido de Plataformas Digitales, una norma que promete poner orden en el creciente ecosistema de la influencia digital, pero que también abre un debate profundo sobre el alcance del Estado en las redes sociales. Las multas contempladas podrían llegar hasta 1.1 millones de pesos e incluso duplicarse cuando el contenido infractor genere ganancias. La propuesta abarca sanciones por contenido discriminatorio o violento, publicidad de alcohol y tabaco sin autorización, difusión de información falsa, uso de inteligencia artificial sin avisar —incluyendo deepfakes—, publicidad encubierta y participación de menores sin autorización. Todo contenido pagado deberá etiquetarse con #Publicidad, y los creadores estarán obligados a conservar documentación que respalde cualquier beneficio atribuido a un producto o servicio.
La iniciativa incluye además la creación de una Plataforma Nacional de Seguimiento de Contenidos, donde cualquier persona podrá denunciar publicaciones que considere engañosas, riesgosas o violatorias de derechos. En teoría, se trata de una herramienta para empoderar a la ciudadanía; en la práctica, podría abrir la puerta a denuncias frívolas, a vigilancia desmedida o, peor aún, a presiones políticas disfrazadas de “preocupación social”. Y aquí surge la contradicción más evidente: si el gobierno exige a los influencers etiquetar cada colaboración comercial, entonces el propio Estado debería aplicar ese estándar a sus medios aliados, aquellos que reciben recursos públicos para producir contenido disfrazado de opinión independiente o periodismo crítico. Si Morena quiere #Publicidad obligatoria en redes, lo congruente sería que cada columna, reportaje o video patrocinado desde Comunicación Social llevara la leyenda: #ContenidoPagadoPorElGobierno. Un sello así sí sería un servicio público auténtico, pues permitiría al ciudadano distinguir información de propaganda en un país donde los medios chayoteros renacieron bajo nuevas siglas, pero con viejas prácticas. La transparencia no puede ser selectiva. El Estado no puede imponer obligaciones estrictas a TikTok mientras financia narrativas políticas sin etiquetarlas.
El espíritu de la ley tiene elementos razonables: proteger al consumidor, ordenar el espacio digital, evitar estafas disfrazadas de recomendaciones de confianza. Sin embargo, los riesgos son evidentes. La libertad de expresión podría quedar vulnerable ante términos ambiguos como “información falsa” o “contenido que vulnere derechos”, abiertos a la interpretación discrecional de autoridades o comités que podrían usar la norma para inhibir opiniones legítimas o castigar la crítica política. La plataforma de denuncias, sin salvaguardas reales, podría convertirse en un tribunal digital sin debido proceso. Y el temor a sanciones millonarias puede terminar por uniformar el contenido y silenciar la creatividad de miles de creadores.
Todo esto ocurre en un país donde el disenso ya es incómodo para el poder. En estados gobernados por Morena, como Puebla o Campeche, el periodismo independiente enfrenta hostigamiento abierto, la crítica es castigada y la narrativa oficial pretende instalarse como única verdad. En ese contexto, cualquier iniciativa que fortalezca la capacidad del gobierno para vigilar o sancionar el discurso digital debe examinarse con absoluta desconfianza. No sería la primera vez que, bajo el discurso de la “protección”, se amplía la mano del Estado para regular el pensamiento crítico y castigar voces incómodas.
Sí, hace falta regulación en redes sociales. Pero no una regulación que haga más grande el poder del gobierno y más pequeños a los ciudadanos. Proteger no debe convertirse en excusa para controlar, y la transparencia no debe ser una obligación para los de abajo y una opción para los de arriba. Si realmente se quiere construir un entorno digital responsable y seguro, la congruencia debe empezar por la casa: que el Estado etiquete también su propia propaganda encubierta. Porque en la democracia, la publicidad no solo está en TikTok… también está en los boletines disfrazados de noticias.
