Alonso Quijano
10/02/26
Un juez penal del estado de Puebla fue denunciado ante instancias del Poder Judicial y autoridades anticorrupción, luego de absolver a dos exelementos de corporaciones federales acusados del delito de secuestro agravado, a pesar de haber sido detenidos en flagrancia, informaron fuentes judiciales.
Se trata del juez Celestino Martínez Bones, quien el pasado 5 de febrero dictó sentencia absolutoria a favor de Luis Javier N., elemento activo de la Guardia Nacional, y Rogelio Sergio N., exmilitar, procesados por el secuestro de dos jóvenes ocurrido en octubre de 2023 en el municipio de San Martín Texmelucan.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), los imputados fueron detenidos mientras mantenían privadas de la libertad a las víctimas, hecho que quedó registrado en cámaras de videovigilancia y fue documentado por agentes ministeriales que realizaron la puesta a disposición inmediata.
La acusación fue sostenida durante más de dos años en juicio oral, periodo en el que la fiscalía presentó testimoniales, informes policiales homologados, peritajes y material videográfico que, según la parte acusadora, acreditaban plenamente la participación de los imputados en el delito de secuestro agravado.
No obstante, el juez consideró que las pruebas resultaban insuficientes para dictar una sentencia condenatoria y ordenó la liberación de los acusados, resolución que motivó la presentación de una denuncia administrativa y penal en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Miguel Barrueta Rodríguez, víctima indirecta del caso, señaló que durante el proceso enfrentaron dilaciones y presiones, y advirtió que la sentencia absolutoria “rompe con la lógica jurídica del caso”, al tratarse de una detención en flagrancia plenamente documentada.
La defensa de los imputados sostuvo que no se acreditó de manera fehaciente la responsabilidad penal de sus representados, argumento que fue acogido por el juzgador al momento de emitir la resolución.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había informado si presentará recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, mientras que el procedimiento administrativo contra el juez denunciado continúa en etapa de análisis para determinar si existen elementos que configuren una falta grave o la comisión de un delito.
