Alonso Quijano
13 de diciembre de 2025
El Gobierno de México acordó con Estados Unidos la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua para cubrir el adeudo que Washington reclama en el marco del Tratado de Aguas de 1944, un compromiso que fue confirmado de manera conjunta por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero que se asumió sin detallar con claridad de dónde saldrá el recurso en un país que atraviesa una de las crisis hídricas más severas de las últimas décadas. Las entregas comenzarían a partir de la semana del 15 de diciembre y abarcarían tanto el ciclo actual como el déficit acumulado del ciclo anterior, con el objetivo central —desde la óptica estadounidense— de garantizar el suministro a agricultores y ganaderos de Texas, una región clave en términos políticos y productivos.
La magnitud del acuerdo no es menor: 249 millones de metros cúbicos de agua equivalen, de acuerdo con parámetros oficiales de la Comisión Nacional del Agua, al consumo anual aproximado de 18.6 millones de personas, considerando un promedio de 133.6 metros cúbicos por habitante al año. Traducido a términos sociales, se trata de un volumen que podría abastecer durante doce meses a una población similar a la de toda la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que explica por qué el anuncio ha generado inquietud en diversos sectores, particularmente en entidades del norte del país donde las presas se encuentran en niveles históricamente bajos y el estrés hídrico ya es parte de la vida cotidiana.
Más allá de la cifra, el acuerdo deja ver una relación bilateral marcada por la presión política. El mensaje emitido desde Estados Unidos es explícito al advertir que, en caso de incumplimiento, cada país podrá actuar de manera soberana conforme a sus intereses nacionales, siempre dentro del marco del tratado. En los hechos, esta cláusula funciona como un recordatorio de que el margen de maniobra para México es limitado cuando se trata de compromisos internacionales que involucran recursos estratégicos, aun cuando el contexto interno sea adverso.
Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha precisado qué cuencas, presas o regiones absorberán el impacto de esta entrega ni cuáles serán las medidas de compensación para las zonas que ya enfrentan escasez, lo que abre un debate inevitable sobre las prioridades del Estado en materia de gestión del agua. El cumplimiento del tratado puede ser jurídicamente obligatorio, pero la opacidad sobre el origen del recurso y sus efectos sociales vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda: quién asume el costo interno de honrar un compromiso internacional cuando el agua, más que un insumo diplomático, es un bien vital cada vez más escaso.
