09/02/26
Las elecciones otorgan legitimidad para gobernar, no autorización para desbordar los límites constitucionales. A lo largo de la historia constitucional de México, cada texto fundamental ha surgido como respuesta a la concentración del poder y como un intento por imponerle límites efectivos. Las Constituciones no nacen para facilitar el gobierno, sino para contenerlo. Por eso incomodan.
A 109 años de la Constitución de 1917, la pregunta no es si el texto necesita ajustes, sino algo mucho más grave: ¿sigue siendo un límite real al poder o se ha convertido en un estorbo que debe sortearse?
Conviene decirlo con claridad: en 2024 hubo una elección, no una revolución. Los votos renovaron un gobierno, pero no otorgaron un mandato constituyente ni un nuevo pacto social. La voluntad popular expresada en las urnas -o evocada retóricamente en las plazas-, no sustituye a la Constitución.
La sobrerrepresentación legislativa construida en 2024 no fue un accidente ni una discusión técnica entre juristas. Fue una operación política deliberada que violentó el sentido constitucional de la representación democrática. Con poco más de la mitad de los votos se fabricó una mayoría aplastante, ignorando el límite constitucional que impide que una fuerza política concentre el Poder Legislativo de manera artificial.
No se trata de un hecho aislado. Desde 2018 se han reformado 106 artículos constitucionales, casi el 70% de la Carta Magna, a través de 63 reformas impulsadas principalmente por el Ejecutivo y su mayoría legislativa. La Constitución ha sido tratada no como un pacto duradero, sino como un instrumento ajustable a la conveniencia del poder.
El mayor peligro para una democracia no es que se derogue la Constitución, sino que se la vacíe. Que siga existiendo en el papel y en el discurso, pero deje de cumplir su función esencial: frenar al poder, equilibrar fuerzas y proteger derechos. Cuando la legalidad se usa solo para justificar decisiones ya tomadas, la Constitución deja de ser norma y se convierte en coartada.
Nada de esto ocurre por error. Responde a una concepción del poder que confunde mayoría con permiso absoluto. Así, la democracia no colapsa de golpe: se degrada lentamente, hasta volverse irreconocible.
La Constitución de 1917 no solo puso límites al poder: cambió la vida del país. Reconoció derechos que antes no existían, abrió oportunidades donde había desigualdad y convirtió la justicia social en una obligación del Estado. Defenderla hoy no es aferrarse al pasado, sino proteger esa capacidad de transformar la realidad, sin traicionar su espíritu normativo ni el Estado de derecho.
Defender la Constitución hoy es defender la democracia misma. Callar frente a su vaciamiento es cobardía, hoy México necesita más patriotas.
A 109 años de la Constitución de 1917, la pregunta no es si el texto necesita ajustes, sino algo mucho más grave: ¿sigue siendo un límite real al poder o se ha convertido en un estorbo que debe sortearse?
Conviene decirlo con claridad: en 2024 hubo una elección, no una revolución. Los votos renovaron un gobierno, pero no otorgaron un mandato constituyente ni un nuevo pacto social. La voluntad popular expresada en las urnas -o evocada retóricamente en las plazas-, no sustituye a la Constitución.
La sobrerrepresentación legislativa construida en 2024 no fue un accidente ni una discusión técnica entre juristas. Fue una operación política deliberada que violentó el sentido constitucional de la representación democrática. Con poco más de la mitad de los votos se fabricó una mayoría aplastante, ignorando el límite constitucional que impide que una fuerza política concentre el Poder Legislativo de manera artificial.
No se trata de un hecho aislado. Desde 2018 se han reformado 106 artículos constitucionales, casi el 70% de la Carta Magna, a través de 63 reformas impulsadas principalmente por el Ejecutivo y su mayoría legislativa. La Constitución ha sido tratada no como un pacto duradero, sino como un instrumento ajustable a la conveniencia del poder.
El mayor peligro para una democracia no es que se derogue la Constitución, sino que se la vacíe. Que siga existiendo en el papel y en el discurso, pero deje de cumplir su función esencial: frenar al poder, equilibrar fuerzas y proteger derechos. Cuando la legalidad se usa solo para justificar decisiones ya tomadas, la Constitución deja de ser norma y se convierte en coartada.
Nada de esto ocurre por error. Responde a una concepción del poder que confunde mayoría con permiso absoluto. Así, la democracia no colapsa de golpe: se degrada lentamente, hasta volverse irreconocible.
La Constitución de 1917 no solo puso límites al poder: cambió la vida del país. Reconoció derechos que antes no existían, abrió oportunidades donde había desigualdad y convirtió la justicia social en una obligación del Estado. Defenderla hoy no es aferrarse al pasado, sino proteger esa capacidad de transformar la realidad, sin traicionar su espíritu normativo ni el Estado de derecho.
Defender la Constitución hoy es defender la democracia misma. Callar frente a su vaciamiento es cobardía, hoy México necesita más patriotas.
