Alonso Quijano
08/02/26
Morena anunció que aplicará nuevos filtros para la selección de candidaturas rumbo a 2027. El anuncio, que se formalizará en su próximo Consejo Nacional según La Jornada, llega acompañado de una promesa reiterada: revisar perfiles y evitar que aspirantes con antecedentes penales o vínculos criminales accedan a cargos públicos. El problema no es la intención declarada, sino el momento en que se plantea: cuando el daño político ya está consumado.
La decisión se conoce después del caso Tequila, Jalisco, donde el alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido por extorsión, delincuencia organizada y presuntos vínculos con el crimen organizado. No se trata de un episodio fortuito ni de una anomalía aislada. Es la consecuencia lógica de un modelo de crecimiento político que privilegió ganar elecciones a cualquier costo, incluso abriendo la puerta a personajes cuya trayectoria era, cuando menos, cuestionable.
La contradicción se vuelve más evidente si se contrasta el anuncio con las declaraciones recientes de Claudia Sheinbaum, quien aseguró que en el proceso electoral de 2024 ya se solicitaba información a la Fiscalía General de la República para impedir candidaturas con carpetas de investigación o antecedentes penales. Si eso ya se hacía, entonces el mensaje actual sólo admite tres lecturas posibles: los filtros no existían, existían pero no funcionaron, o se aplicaron de manera discrecional. Ninguna de las tres salva la responsabilidad política del partido.
El caso Tequila no “sorprendió” a Morena. El alcalde no apareció de improviso, ni llegó al poder sin pasar por estructuras internas, avales partidistas y procesos de selección. Gobernó, operó políticamente y consolidó poder durante años bajo las siglas del partido. Que hoy se anuncien controles más estrictos no corrige ese hecho: simplemente confirma que durante mucho tiempo se toleró —o se ignoró deliberadamente— el problema.
La implosión que hoy vive Morena tiene nombre y apellido: chapulines y oportunistas. Políticos provenientes de otros partidos, sin compromiso ideológico ni trayectoria social, que encontraron en Morena una plataforma para reciclarse a cambio de dinero, estructuras y votos. El partido no sólo los aceptó: los promovió. Apostó a su capacidad de ganar elecciones y sacrificó la coherencia del proyecto. Esa decisión explica buena parte de la crisis actual.
Durante años, las candidaturas dejaron de ser un mecanismo de representación para convertirse en una transacción. El mensaje interno fue claro: quien aportara recursos o garantizara triunfos tenía el camino despejado. Los filtros éticos, si existían, quedaron subordinados al pragmatismo electoral. Hoy, cuando los escándalos se acumulan y la narrativa de “movimiento distinto” se resquebraja, Morena anuncia controles que llegan demasiado tarde.
Decir que ahora sí se revisarán perfiles no borra el hecho de que el partido permitió que figuras con señalamientos graves ocuparan cargos públicos. El daño no es sólo jurídico o administrativo; es político y moral. La confianza se erosiona no por un caso aislado, sino por la reiteración de decisiones que priorizaron el poder sobre los principios.
Morena puede anunciar todos los filtros que quiera rumbo a 2027, pero la factura ya está sobre la mesa. La crisis no se originó por falta de información, sino por exceso de tolerancia al oportunismo. Mientras no se reconozca que el dinero y los chapulines fueron el precio que el partido estuvo dispuesto a pagar para ganar, cualquier corrección será vista como lo que es: un intento tardío de contener una implosión que ellos mismos provocaron.
Morena anunció que aplicará nuevos filtros para la selección de candidaturas rumbo a 2027. El anuncio, que se formalizará en su próximo Consejo Nacional según La Jornada, llega acompañado de una promesa reiterada: revisar perfiles y evitar que aspirantes con antecedentes penales o vínculos criminales accedan a cargos públicos. El problema no es la intención declarada, sino el momento en que se plantea: cuando el daño político ya está consumado.
La decisión se conoce después del caso Tequila, Jalisco, donde el alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido por extorsión, delincuencia organizada y presuntos vínculos con el crimen organizado. No se trata de un episodio fortuito ni de una anomalía aislada. Es la consecuencia lógica de un modelo de crecimiento político que privilegió ganar elecciones a cualquier costo, incluso abriendo la puerta a personajes cuya trayectoria era, cuando menos, cuestionable.
La contradicción se vuelve más evidente si se contrasta el anuncio con las declaraciones recientes de Claudia Sheinbaum, quien aseguró que en el proceso electoral de 2024 ya se solicitaba información a la Fiscalía General de la República para impedir candidaturas con carpetas de investigación o antecedentes penales. Si eso ya se hacía, entonces el mensaje actual sólo admite tres lecturas posibles: los filtros no existían, existían pero no funcionaron, o se aplicaron de manera discrecional. Ninguna de las tres salva la responsabilidad política del partido.
El caso Tequila no “sorprendió” a Morena. El alcalde no apareció de improviso, ni llegó al poder sin pasar por estructuras internas, avales partidistas y procesos de selección. Gobernó, operó políticamente y consolidó poder durante años bajo las siglas del partido. Que hoy se anuncien controles más estrictos no corrige ese hecho: simplemente confirma que durante mucho tiempo se toleró —o se ignoró deliberadamente— el problema.
La implosión que hoy vive Morena tiene nombre y apellido: chapulines y oportunistas. Políticos provenientes de otros partidos, sin compromiso ideológico ni trayectoria social, que encontraron en Morena una plataforma para reciclarse a cambio de dinero, estructuras y votos. El partido no sólo los aceptó: los promovió. Apostó a su capacidad de ganar elecciones y sacrificó la coherencia del proyecto. Esa decisión explica buena parte de la crisis actual.
Durante años, las candidaturas dejaron de ser un mecanismo de representación para convertirse en una transacción. El mensaje interno fue claro: quien aportara recursos o garantizara triunfos tenía el camino despejado. Los filtros éticos, si existían, quedaron subordinados al pragmatismo electoral. Hoy, cuando los escándalos se acumulan y la narrativa de “movimiento distinto” se resquebraja, Morena anuncia controles que llegan demasiado tarde.
Decir que ahora sí se revisarán perfiles no borra el hecho de que el partido permitió que figuras con señalamientos graves ocuparan cargos públicos. El daño no es sólo jurídico o administrativo; es político y moral. La confianza se erosiona no por un caso aislado, sino por la reiteración de decisiones que priorizaron el poder sobre los principios.
Morena puede anunciar todos los filtros que quiera rumbo a 2027, pero la factura ya está sobre la mesa. La crisis no se originó por falta de información, sino por exceso de tolerancia al oportunismo. Mientras no se reconozca que el dinero y los chapulines fueron el precio que el partido estuvo dispuesto a pagar para ganar, cualquier corrección será vista como lo que es: un intento tardío de contener una implosión que ellos mismos provocaron.
