Jaqueline Sagaón
Ciudad de México, 14 de febrero de 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza actualmente si ejerce su facultad de atracción en el litigio promovido por comuneros de Pueblo Nuevo por la indemnización derivada de la carretera Real del Monte–Huasca, en un expediente que podría abrir la puerta a la revisión histórica de la propiedad en una de las zonas boscosas más exclusivas de Hidalgo.
La petición fue presentada tras la admisión del recurso de revisión radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, y coloca bajo escrutinio un punto sensible: la vigencia del decreto gubernamental de 1924 que reconoce tierras ancestrales anteriores al reparto agrario, así como superficies boscosas entregadas en régimen comunal a la ranchería de Pueblo Nuevo.
De acuerdo con los comuneros, ese decreto —que opera como título comunal mientras la tierra no sea repartida— subsiste jurídicamente y no ha sido revocado. Bajo esa premisa, la indemnización por la afectación de la carretera implicaría reconocer formalmente la existencia y vigencia de esas tierras ancestrales reconocidas por decreto frente a escrituras privadas posteriores.
La comunidad entregó previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer el conflicto y solicitar atención institucional. En ese contexto, aunque un juez de Distrito concedió suspensión para detener trabajos en la carretera, los comuneros decidieron no obstaculizar la obra por considerarla de interés público. No promovieron incidentes ni exigieron la paralización del proyecto. Permitieron su conclusión.
Dentro del propio juicio de amparo también se hizo valer que, durante la administración estatal de Omar Fayad, el Gobierno del Estado de Hidalgo gestionó en dos ocasiones recursos públicos para el pago de las afectaciones por la carretera, lo que —según la parte quejosa— evidencia la relevancia financiera y política del proyecto y refuerza la necesidad de transparentar el destino de la indemnización correspondiente a las tierras afectadas.
Ahora, con la obra terminada y la afectación consumada, el reclamo se centra en la indemnización y en la definición de quién es el verdadero titular del territorio boscoso atravesado por la carretera y que fue reconocido como tierra de la que ya era propietaria la ranchería antes del reparto agrario.
El trasfondo es más amplio. En la zona de Real del Monte - Huasca —donde se ubican desarrollos turísticos de alto nivel— existen múltiples propiedades, cabañas y residencias construidas durante décadas por actores políticos y figuras de poder regional que, según sostienen los comuneros, se ampararon en escrituras privadas cuya validez quedaría bajo cuestionamiento si se reconoce la plena vigencia del decreto comunal de 1924.
El litigio no sólo discute un pago compensatorio para el cuidado del bosque y su tala indiscriminada: pone en la mesa la coexistencia de títulos privados con un régimen comunal previo, reconocido expresamente por autoridad estatal y posteriormente complementado por un decreto presidencial de naturaleza ejidal en distinta superficie. Es decir, un doble régimen que, de ser interpretado en favor de la comunidad, obligaría a revisar el estatus jurídico de extensiones hoy ocupadas por políticos.
Fuentes cercanas al caso señalan que el análisis en la Corte podría fijar criterio sobre representación comunitaria, interés legítimo y defensa de un bosque ancestral, pero también sobre la prevalencia de decretos agrarios sobre tierras originarias, frente a escrituras posteriores.
En términos prácticos, si el máximo tribunal atrae el asunto y reconoce la vigencia del título comunal, el debate jurídico podría extenderse más allá de la carretera y alcanzar el origen mismo de la propiedad en una franja boscosa que durante años fue vista como territorio de saqueo, pero que —según el decreto de 1924— tiene titular colectivo.
El mensaje es inequívoco: el conflicto ya no se discute únicamente en Hidalgo donde el gobierno controla al poder judicial. Está en manos del máximo tribunal del país, y lo que ahí se determine podría reconfigurar el mapa jurídico de una zona donde confluyen intereses políticos, turísticos y patrimoniales.
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FOTO: Observamos al abogado Julio Gálvez junto a funcionarios de la SCJN y habitantes de Pueblo Nuevo, Hidalgo, en una manifestación afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
