03 de febrero de 2026
La semana pasada, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer un audio en el que presuntamente el entonces secretario de Marina es informado de una red de corrupción en aduanas que implicaría a dos de sus sobrinos.
El audio se relaciona con el llamado huachicol fiscal, un fraude que —según la Procuraduría Fiscal— podría ascender a 600 mil millones de pesos. El robo más grande en la historia del país. No cometido en la clandestinidad, sino desde las instituciones.
Hay 14 detenidos. Entre ellos, un familiar del exsecretario. La Marina niega conocer el audio y el informe que habría sido solicitado por escrito. El denunciante, Fernando Guerrero, oficial de Marina, fue asesinado tiempo después en Manzanillo.
La narrativa oficial intenta reducir el escándalo a “mandos medios corruptos”. Pero esa explicación no resiste el mínimo análisis.
Para importar, almacenar, transportar y vender combustible en México intervienen la Secretaría de Energía, Pemex, autoridades aduanales, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Profeco. Cada etapa implica permisos, validaciones, certificaciones y registros fiscales.
El combustible entra al país. En aduanas “se transforma” en aceite mineral o aditivo para evadir impuestos. Sale con documentos oficiales. Se transporta como gasolina. Se vende en estaciones formales. Y el SAT debería verificar que el volumen vendido coincida con los impuestos pagados.
¿Puede un puñado de funcionarios de nivel medio coordinar una operación que atraviesa cuatro secretarías de Estado, Pemex y el sistema tributario sin respaldo político superior?
Mientras el gobierno celebra la detención de capos del crimen organizado —como ocurrió recientemente con El Mencho— y presenta esos golpes como prueba de eficacia, el país enfrenta otra amenaza: la delincuencia que opera desde dentro del aparato público.
Perseguir a líderes criminales es indispensable. Pero desmantelar redes de corrupción institucional es igual de urgente. Cuando el crimen penetra las aduanas, las secretarías y el sistema fiscal, deja de ser un fenómeno externo: se convierte en estructura de poder.
¿Por qué las órdenes de aprehensión solo apuntan a un sector?
¿Dónde están las investigaciones en Energía, Hacienda o Pemex?
¿Quién coordinó políticamente un esquema que movió cientos de miles de millones de pesos?
Los mexicanos no son ingenuos. Un fraude de esta magnitud no se sostiene con complicidades menores. Se necesita protección, silencio y poder.
La verdadera prueba del Estado no es capturar a un capo. Es demostrar que puede investigarse a sí mismo.
Porque cuando el crimen se mezcla con el gobierno, lo que está en riesgo no es solo el erario. Es la República.
El audio se relaciona con el llamado huachicol fiscal, un fraude que —según la Procuraduría Fiscal— podría ascender a 600 mil millones de pesos. El robo más grande en la historia del país. No cometido en la clandestinidad, sino desde las instituciones.
Hay 14 detenidos. Entre ellos, un familiar del exsecretario. La Marina niega conocer el audio y el informe que habría sido solicitado por escrito. El denunciante, Fernando Guerrero, oficial de Marina, fue asesinado tiempo después en Manzanillo.
La narrativa oficial intenta reducir el escándalo a “mandos medios corruptos”. Pero esa explicación no resiste el mínimo análisis.
Para importar, almacenar, transportar y vender combustible en México intervienen la Secretaría de Energía, Pemex, autoridades aduanales, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Profeco. Cada etapa implica permisos, validaciones, certificaciones y registros fiscales.
El combustible entra al país. En aduanas “se transforma” en aceite mineral o aditivo para evadir impuestos. Sale con documentos oficiales. Se transporta como gasolina. Se vende en estaciones formales. Y el SAT debería verificar que el volumen vendido coincida con los impuestos pagados.
¿Puede un puñado de funcionarios de nivel medio coordinar una operación que atraviesa cuatro secretarías de Estado, Pemex y el sistema tributario sin respaldo político superior?
Mientras el gobierno celebra la detención de capos del crimen organizado —como ocurrió recientemente con El Mencho— y presenta esos golpes como prueba de eficacia, el país enfrenta otra amenaza: la delincuencia que opera desde dentro del aparato público.
Perseguir a líderes criminales es indispensable. Pero desmantelar redes de corrupción institucional es igual de urgente. Cuando el crimen penetra las aduanas, las secretarías y el sistema fiscal, deja de ser un fenómeno externo: se convierte en estructura de poder.
¿Por qué las órdenes de aprehensión solo apuntan a un sector?
¿Dónde están las investigaciones en Energía, Hacienda o Pemex?
¿Quién coordinó políticamente un esquema que movió cientos de miles de millones de pesos?
Los mexicanos no son ingenuos. Un fraude de esta magnitud no se sostiene con complicidades menores. Se necesita protección, silencio y poder.
La verdadera prueba del Estado no es capturar a un capo. Es demostrar que puede investigarse a sí mismo.
Porque cuando el crimen se mezcla con el gobierno, lo que está en riesgo no es solo el erario. Es la República.
