Jaqueline Sagaón
29 de marzo de 2026
Qom, Irán.— Las autoridades iraníes ejecutaron este jueves al luchador Saleh Mohammadi, de 19 años e integrante del equipo nacional de lucha libre, junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, en la ciudad de Qom. Los tres fueron sentenciados a muerte por el delito de moharebeh —“enemistad contra Dios”—, figura jurídica empleada de manera recurrente en procesos vinculados a protestas y disidencia política.
La agencia Mizan, adscrita al Poder Judicial iraní, informó que los condenados fueron hallados culpables de asesinato y de presuntas acciones en favor de Israel y Estados Unidos. Según las autoridades, los hechos se remontan al 8 de enero, cuando los tres acusados presuntamente atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en distintos puntos de la ciudad, causándoles la muerte.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las confesiones de Mohammadi fueron obtenidas bajo tortura, que se le negó el acceso a un defensor privado y que la acusación utilizó testigos sin identidad revelada, lo que impidió cualquier contrainterrogatorio. El joven sostuvo contar con una coartada: al momento de los hechos se encontraba en casa de su tío, y las cámaras de seguridad no registraron su rostro en el lugar. El tribunal desestimó sus alegaciones.
Según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, las ejecuciones se realizaron al amanecer del 19 de marzo de 2026 en la prisión central de Qom. Aunque inicialmente se había previsto que el acto fuera público, diversas fuentes indican que finalmente se llevó a cabo de forma privada en el interior del penal.
Apenas horas antes de la ejecución, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó formalmente la suspensión de la pena. El llamado no fue atendido. La activista Masih Alinejad denunció que la ejecución contradice las señales que el régimen había enviado a la comunidad internacional sobre una posible moderación.
Durante 2025, Irán ejecutó a mil 500 personas según datos de la ONU, lo que representa un incremento del 50 por ciento respecto al año anterior. El caso evoca el del luchador Navid Afkari, ejecutado en 2020 en circunstancias similares, lo que refuerza la percepción de un patrón sistemático de represión contra figuras públicas que cuestionan al régimen. Organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron una respuesta urgente de la comunidad internacional ante la posibilidad de nuevas ejecuciones en expedientes abiertos con cargos análogos.
