En México, siete de cada 10 mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 29 años. Dos de cada 10 son niñas de 0 a 14 años
28 de abril de 2026
El 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, salió de su domicilio en Iztapalapa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez. Las cámaras del C5 muestran que ingresó sola al inmueble. No hay registro de que haya salido. La encontraron sin vida en el sótano, con herida punzocortante en el pecho, pulmón perforado y golpes en el rostro. El Estado llegó cuando ya no había nada que hacer
Mientras sus familiares recababan indicios por su cuenta, la Fiscalía argumentaba que había que esperar 72 horas “porque se pudo haber ido con el novio o con amigas”. Esa frase no es burocracia: es una política que convierte la misoginia en protocolo. No existe en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada disposición que justifique esa espera. El Comité de la ONU ha recomendado reiteradamente que la búsqueda sea inmediata. El Estado lo sabe. Elige ignorarlo. Hay mujeres que mueren en esas 72 horas. Edith Guadalupe es una de ellas.
No es un caso aislado. En México, siete de cada 10 mujeres desaparecidas tienen entre 15 y 29 años. Dos de cada 10 son niñas de 0 a 14 años. Y durante 2025, 15 mujeres fueron asesinadas o desaparecidas cada día.
Pero hay algo aún más grave: al menos 670 mil mujeres viven hoy en riesgo de violencia feminicida. No saben a dónde acudir. Las instituciones fallan. Les piden conciliar con su agresor. No les creen.
Eso no es omisión. Es una traición institucional.
La familia denunció que un funcionario les pidió dinero a cambio de investigar. La propia institución confirmó la separación de los señalados. Esa separación es una confesión, pero no alcanza para rendición de cuentas. Este régimen ya tiene como práctica imputar al más vulnerable para simular justicia; lo vimos con el Interoceánico, con el huachicol fiscal, y con Pemex: es el sello de la casa.
La Corte Interamericana estableció en el caso Campo Algodonero que la revictimización en fiscalías constituye violencia institucional que compromete la responsabilidad del Estado. No es un caso aislado de corrupción; es el retrato de una institución.
La tía de Edith lo dijo sin rodeos: “La Fiscalía no hizo nada. Todo fue por la familia”. El cuerpo fue hallado tras horas de protestas que forzaron la intervención oficial. Fueron sus familiares quienes bloquearon una avenida, consiguieron videos y contrataron un investigador privado. Sin esa presión, es legítimo preguntarse si Edith habría sido encontrada. Esa pregunta no tiene respuesta tranquilizadora.
El Congreso debate reformas en feminicidio. El caso de Edith no revela un vacío legal, sino un Estado que no cumple lo que ya existe. Una fiscalía sin presupuesto, sin personal capacitado y sin autonomía es una fiscalía capturada. No es menor que la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, sea hermana de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, un nombramiento señalado como nepotismo desde su origen. El derecho real no se publica en el Diario Oficial. Se construye con presupuesto, fiscales de carrera e instituciones que no le deban el cargo a nadie. Edith Guadalupe lo merecía. Las que vendrán después, también.
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