12 de marzo de 2025
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio. La propuesta modifica el artículo 73, fracción XXI, inciso a). Es un paso que celebro, acompaño y sobre el que quiero construir.
Desde el Senado he presentado una iniciativa para que esa ley no solo atienda el feminicidio, sino también los delitos contra la integridad sexual. No compite: amplía. Dos mujeres, dos iniciativas, el mismo artículo, la misma causa.
En mi experiencia como legisladora he aprendido que las mujeres avanzamos cuando sumamos. En la LXI Legislatura presidí la Subcomisión Especial en Materia de Acceso de las Mujeres a la Justicia Penal y, junto a legisladoras de todas las fuerzas políticas, redactamos el tipo penal de feminicidio vigente desde 2012.
Posteriormente, como presidenta del DIF Coahuila impulsé la creación de cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, un modelo que fue ejemplo a nivel internacional. Ahí aprendí que la violencia es un círculo del que una mujer solo puede salir si tiene a su alcance, de manera integral, todas las herramientas e instancias para su protección.
De ahí parte el diagnóstico: el feminicidio no comienza con el asesinato. Es el final.
Julia Monárrez Fragoso lo documentó en Ciudad Juárez: es la cúspide de una espiral que inicia con el primer acoso no sancionado, la primera violación impune y el primer expediente archivado. El artículo 325 del Código Penal Federal lo reconoce: hay antecedentes. Lo que falta es intervenir a tiempo.
Hoy existen 33 definiciones de feminicidio y una dispersión similar en delitos sexuales. Sin homologación, la impunidad es estructural. El 91% de los delitos sexuales no termina en condena; en feminicidio, el 76 por ciento.
Por eso propongo una ley general que abarque todo el continuo de violencia: tipos penales homologados, protocolo nacional de investigación, registro de agresores, comités ciudadanos vinculantes y un plazo de 365 días con contenidos mínimos obligatorios. No sustituye la iniciativa presidencial: la fortalece.
Porque las víctimas no viven delitos aislados, viven una secuencia.
Mariana Lima tardó 4 mil 745 días en obtener justicia. Valeria Márquez fue asesinada en vivo; su caso sigue impune. Debanhi Escobar lleva tres años sin respuesta. No son excepción: son patrón.
México necesita una sola ley, aplicable en todo el país, que permita intervenir desde el primer signo de violencia y no cuando ya es irreversible.
Si el feminicidio es el final, la ley no puede empezar ahí.
Ojalá que para esta iniciativa lleguemos todas.
Desde el Senado he presentado una iniciativa para que esa ley no solo atienda el feminicidio, sino también los delitos contra la integridad sexual. No compite: amplía. Dos mujeres, dos iniciativas, el mismo artículo, la misma causa.
En mi experiencia como legisladora he aprendido que las mujeres avanzamos cuando sumamos. En la LXI Legislatura presidí la Subcomisión Especial en Materia de Acceso de las Mujeres a la Justicia Penal y, junto a legisladoras de todas las fuerzas políticas, redactamos el tipo penal de feminicidio vigente desde 2012.
Posteriormente, como presidenta del DIF Coahuila impulsé la creación de cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, un modelo que fue ejemplo a nivel internacional. Ahí aprendí que la violencia es un círculo del que una mujer solo puede salir si tiene a su alcance, de manera integral, todas las herramientas e instancias para su protección.
De ahí parte el diagnóstico: el feminicidio no comienza con el asesinato. Es el final.
Julia Monárrez Fragoso lo documentó en Ciudad Juárez: es la cúspide de una espiral que inicia con el primer acoso no sancionado, la primera violación impune y el primer expediente archivado. El artículo 325 del Código Penal Federal lo reconoce: hay antecedentes. Lo que falta es intervenir a tiempo.
Hoy existen 33 definiciones de feminicidio y una dispersión similar en delitos sexuales. Sin homologación, la impunidad es estructural. El 91% de los delitos sexuales no termina en condena; en feminicidio, el 76 por ciento.
Por eso propongo una ley general que abarque todo el continuo de violencia: tipos penales homologados, protocolo nacional de investigación, registro de agresores, comités ciudadanos vinculantes y un plazo de 365 días con contenidos mínimos obligatorios. No sustituye la iniciativa presidencial: la fortalece.
Porque las víctimas no viven delitos aislados, viven una secuencia.
Mariana Lima tardó 4 mil 745 días en obtener justicia. Valeria Márquez fue asesinada en vivo; su caso sigue impune. Debanhi Escobar lleva tres años sin respuesta. No son excepción: son patrón.
México necesita una sola ley, aplicable en todo el país, que permita intervenir desde el primer signo de violencia y no cuando ya es irreversible.
Si el feminicidio es el final, la ley no puede empezar ahí.
Ojalá que para esta iniciativa lleguemos todas.
