18 de mayo de 2026
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para postergar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a junio de 2028 no es, como sostiene el discurso oficial, una cuestión de “facilidad para elegir” ni de mera saturación logística del calendario electoral. Detrás del argumento técnico del Instituto Nacional Electoral —que advirtió formalmente al Congreso sobre la inviabilidad de instalar más de 353 mil casillas, imprimir 985 millones de boletas y reclutar 3.1 millones de funcionarios para concurrir con los comicios intermedios— se oculta una crisis estructural mucho más incómoda: la reforma judicial de septiembre de 2024 ya colapsó, y el oficialismo necesita tiempo para rescatarla sin admitirlo.
El error de cálculo más comprometedor lo cometió el propio Constituyente Permanente al diseñar el régimen transitorio. Los redactores asumieron que los juzgadores en funciones aceptarían someterse a las urnas o que sus retiros serían escalonados. La realidad fue otra. De acuerdo con cifras oficiales del Senado, 859 personas juzgadoras —incluidos ocho de los once ministros de la Suprema Corte— declinaron participar en la elección extraordinaria de 2025. La discrepancia es matemáticamente reveladora: 510 magistrados renunciaron, pero solo 464 magistraturas estaban en juego ese año. Decenas de magistrados cuyas plazas estaban reservadas para 2027 abandonaron anticipadamente sus cargos para asegurar pensiones y haberes de retiro antes de que las leyes secundarias se los arrebataran.
La sangría no terminó ahí. De los 376 juzgadores que decidieron competir, únicamente 80 ganaron en las urnas, una tasa de éxito del 21.2 por ciento. El resultado: hoy el 51.5 por ciento del Poder Judicial Federal —881 de 1,711 plazas— está en manos de jueces recién electos sin trayectoria, o peor aún, de secretarios en funciones designados provisionalmente. La justicia federal del país, en términos llanos, ya opera con más de la mitad de su personal en calidad de suplentes. Y 98 plazas reservadas para 2027 quedaron acéfalas antes de tiempo, sumándose a un hueco operativo que ningún Consejo de la Judicatura podrá rellenar, pues la reforma eliminó esa facultad.
Sobre este desastre aritmético se montó otro: el fracaso cualitativo de los filtros. Los tres Comités de Evaluación instalados por los Poderes recibieron 33,907 expedientes en plazos constitucionalmente imposibles. Operaron bajo metodologías dispares, lo que permitió la llegada masiva a la boleta de perfiles sin trayectoria jurisdiccional y con vínculos partidistas directos. La sobresaturación de la papeleta —que habría requerido 18 horas continuas de estudio para un voto informado, según el Observatorio Electoral Judicial— terminó por entregar la elección a los llamados acordeones: listas prefabricadas que las maquinarias territoriales de los partidos repartían en las casillas. La elección judicial, lejos de purificar al gremio, lo entregó al clientelismo.
Es ese mismo fantasma el que ahora paraliza al oficialismo. Concurrir en 2027 con la renovación de 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y miles de cargos locales convertiría a los jueces, en los hechos, en un apéndice de las campañas a gobernador. Para evitarlo, la Iniciativa 77 —presentada el 21 de abril de 2026 por la diputada y exministra Olga Sánchez Cordero junto con un grupo transversal de legisladores— modifica diez artículos constitucionales: exige entre siete y diez años de experiencia profesional comprobable, crea una Comisión Coordinadora única de nueve integrantes y eleva a rango constitucional la certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Es, en lenguaje llano, una desconfianza estructural hacia el modelo democratizador diseñado por Arturo Zaldívar que el propio movimiento empujó en 2024. La diputada Sánchez Cordero lo admitió con un eufemismo demoledor: “no es lo deseable, pero es lo posible”.
Hay además un factor que no figura en los comunicados oficiales: el T-MEC. El año 2026 abre el ciclo de revisión integral del tratado, y la American Chamber of Commerce of Mexico ha trasladado al gobierno y al Congreso su preocupación por el reemplazo improvisado de jueces federales que resuelven amparos corporativos y disputas inversor-Estado. Llegar a esa mesa de negociación con un Poder Judicial vaciado y un INE al borde del colapso administrativo habría debilitado severamente la posición soberana de México. El aplazamiento a 2028 funciona también, en consecuencia, como una señal diplomática hacia Wall Street y Washington.
La pregunta de fondo permanece y la oposición la ha planteado con razón estratégica: ¿posponer la elección rescata al Poder Judicial o concede al Ejecutivo 24 meses adicionales para integrar a sus afines en la nueva Comisión Coordinadora y moldear los planes de estudio de la ENFJ antes de la gran contienda? La Iniciativa 77 esquiva, además, el problema más evidente: no contempla retroactividad alguna para los cientos de jueces ya electos en 2025 sin las cualidades técnicas que ahora se exigirán. Los daños de origen permanecen. Lo que se aplaza no es solo una jornada electoral; es la confesión —pospuesta también— de que el experimento histórico de 2024 fue lanzado al vacío sin paracaídas, y que el Estado mexicano necesita dos años de gracia para recoger sus pedazos.
El error de cálculo más comprometedor lo cometió el propio Constituyente Permanente al diseñar el régimen transitorio. Los redactores asumieron que los juzgadores en funciones aceptarían someterse a las urnas o que sus retiros serían escalonados. La realidad fue otra. De acuerdo con cifras oficiales del Senado, 859 personas juzgadoras —incluidos ocho de los once ministros de la Suprema Corte— declinaron participar en la elección extraordinaria de 2025. La discrepancia es matemáticamente reveladora: 510 magistrados renunciaron, pero solo 464 magistraturas estaban en juego ese año. Decenas de magistrados cuyas plazas estaban reservadas para 2027 abandonaron anticipadamente sus cargos para asegurar pensiones y haberes de retiro antes de que las leyes secundarias se los arrebataran.
La sangría no terminó ahí. De los 376 juzgadores que decidieron competir, únicamente 80 ganaron en las urnas, una tasa de éxito del 21.2 por ciento. El resultado: hoy el 51.5 por ciento del Poder Judicial Federal —881 de 1,711 plazas— está en manos de jueces recién electos sin trayectoria, o peor aún, de secretarios en funciones designados provisionalmente. La justicia federal del país, en términos llanos, ya opera con más de la mitad de su personal en calidad de suplentes. Y 98 plazas reservadas para 2027 quedaron acéfalas antes de tiempo, sumándose a un hueco operativo que ningún Consejo de la Judicatura podrá rellenar, pues la reforma eliminó esa facultad.
Sobre este desastre aritmético se montó otro: el fracaso cualitativo de los filtros. Los tres Comités de Evaluación instalados por los Poderes recibieron 33,907 expedientes en plazos constitucionalmente imposibles. Operaron bajo metodologías dispares, lo que permitió la llegada masiva a la boleta de perfiles sin trayectoria jurisdiccional y con vínculos partidistas directos. La sobresaturación de la papeleta —que habría requerido 18 horas continuas de estudio para un voto informado, según el Observatorio Electoral Judicial— terminó por entregar la elección a los llamados acordeones: listas prefabricadas que las maquinarias territoriales de los partidos repartían en las casillas. La elección judicial, lejos de purificar al gremio, lo entregó al clientelismo.
Es ese mismo fantasma el que ahora paraliza al oficialismo. Concurrir en 2027 con la renovación de 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y miles de cargos locales convertiría a los jueces, en los hechos, en un apéndice de las campañas a gobernador. Para evitarlo, la Iniciativa 77 —presentada el 21 de abril de 2026 por la diputada y exministra Olga Sánchez Cordero junto con un grupo transversal de legisladores— modifica diez artículos constitucionales: exige entre siete y diez años de experiencia profesional comprobable, crea una Comisión Coordinadora única de nueve integrantes y eleva a rango constitucional la certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Es, en lenguaje llano, una desconfianza estructural hacia el modelo democratizador diseñado por Arturo Zaldívar que el propio movimiento empujó en 2024. La diputada Sánchez Cordero lo admitió con un eufemismo demoledor: “no es lo deseable, pero es lo posible”.
Hay además un factor que no figura en los comunicados oficiales: el T-MEC. El año 2026 abre el ciclo de revisión integral del tratado, y la American Chamber of Commerce of Mexico ha trasladado al gobierno y al Congreso su preocupación por el reemplazo improvisado de jueces federales que resuelven amparos corporativos y disputas inversor-Estado. Llegar a esa mesa de negociación con un Poder Judicial vaciado y un INE al borde del colapso administrativo habría debilitado severamente la posición soberana de México. El aplazamiento a 2028 funciona también, en consecuencia, como una señal diplomática hacia Wall Street y Washington.
La pregunta de fondo permanece y la oposición la ha planteado con razón estratégica: ¿posponer la elección rescata al Poder Judicial o concede al Ejecutivo 24 meses adicionales para integrar a sus afines en la nueva Comisión Coordinadora y moldear los planes de estudio de la ENFJ antes de la gran contienda? La Iniciativa 77 esquiva, además, el problema más evidente: no contempla retroactividad alguna para los cientos de jueces ya electos en 2025 sin las cualidades técnicas que ahora se exigirán. Los daños de origen permanecen. Lo que se aplaza no es solo una jornada electoral; es la confesión —pospuesta también— de que el experimento histórico de 2024 fue lanzado al vacío sin paracaídas, y que el Estado mexicano necesita dos años de gracia para recoger sus pedazos.
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