Jaqueline Sagaón
15 de mayo de 2026
Ciudad de México / Nueva York.— Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, fue detenido en Arizona el 11 de mayo y trasladado a Nueva York. Actualmente se encuentra recluido en un centro de detención federal en Brooklyn y comparecerá ante la corte federal de Manhattan este viernes. Su expediente, registrado inicialmente en Arizona con el número S9 23 Cr. 180, quedará radicado en el Distrito Sur de Nueva York ante la jueza federal Katherine Polk Failla.
El periodista Luis Chaparro reportó que Mérida no fue capturado sino que se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. No obstante, el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó que el exfuncionario cruzó por la Garita de Nogales desde Hermosillo, Sonora, hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de elementos del Servicio de Alguaciles. El defensor público que lo representó en la audiencia de Tucson no respondió a solicitudes de comentario.
Mérida Sánchez y el exgobernador Rubén Rocha Moya fueron formalmente acusados en un acta de acusación presentada ante la corte federal de Manhattan el 29 de abril, por presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El caso fue impulsado por el fiscal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, quien lo describió como parte de una ofensiva sostenida del gobierno estadounidense contra las redes de corrupción que sostienen el tráfico de fentanilo hacia su territorio.
La acusación detalla que entre 2023 y 2024, Mérida Sánchez aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de parte de los denominados “Chapitos”, la facción del cártel liderada por los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio, el presunto imputado utilizó su posición para escudar las operaciones de tráfico de drogas de esa organización, ordenando a elementos de seguridad no arrestar a sus integrantes mientras orientaba los operativos contra grupos criminales rivales. Los fiscales señalan además que durante 2023 únicamente, Mérida habría proporcionado aviso previo de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, permitiendo que la organización movilizara estupefacientes, personal y equipos de laboratorio antes de que las operaciones tuvieran lugar.
Los cargos que enfrenta incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión como pena mínima obligatoria, con posibilidad de cadena perpetua.
El perfil de Mérida Sánchez es lo que otorga al caso su dimensión más grave. Representa el perfil militar de más alto rango incluido en la acusación presentada por fiscales estadounidenses. Antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023, desarrolló una carrera de más de cuatro décadas dentro del Ejército mexicano, donde alcanzó el grado de General de División. Su trayectoria incluyó la comandancia del Mando Especial Mante en Tamaulipas, la 21 Zona Militar en Morelia, la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca, y la 25 Zona Militar en Puebla. También fue agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia. Originario de Poza Rica, Veracruz, su formación académica comprende licenciaturas en Administración Militar y en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, y estudios de doctorado en Derecho. Toda esa preparación, financiada con recursos públicos, habría sido puesta al servicio, según la acusación, de quienes debía combatir.
El pasado 6 de mayo, el general en retiro presentó un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, como medida preventiva para evitar ser detenido o extraditado a Estados Unidos. El recurso fue concedido por la justicia mexicana pero resultó inoperante: las autoridades estadounidenses procedieron con la detención en territorio propio, donde la protección legal mexicana no tiene jurisdicción. Los documentos judiciales fechados el 12 de mayo confirmaron que, pese a los presuntos sobornos millonarios que habría acumulado, Mérida Sánchez hará uso de un abogado de oficio proporcionado por la corte de Nueva York.
La acusación del 29 de abril no se limita a los cargos contra Mérida. Los fiscales sostienen que el gobernador Rocha Moya ganó su cargo en 2021 con respaldo de esa organización criminal: durante la campaña electoral, integrantes del cártel robaron urnas, intimidaron opositores para que abandonaran la contienda y enviaron sicarios a coaccionar votantes en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. Los mandos de la Policía Estatal recibieron instrucciones de no intervenir en los centros de votación, incluso ante llamadas de emergencia. Una vez en el cargo, Rocha habría permitido que esa facción ejerciera control prácticamente total sobre los principales cuerpos de seguridad estatales y municipales.
El caso, basado en inteligencia estadounidense y testimonios de colaboradores, es señalado como el más contundente presentado hasta ahora contra funcionarios en ejercicio de México, superando a las más de 30 acusaciones previas contra figuras del Cártel de Sinaloa desde 2023. La Administradora de la DEA, Terrance Cole, declaró que el caso Rocha Moya es “solo el principio” de los esfuerzos estadounidenses en México.
Rocha Moya, integrante del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, negó los cargos y los calificó de ataque contra el movimiento político gobernante. Se separó temporalmente del cargo el 2 de mayo afirmando hacerlo con “conciencia tranquila”. Sheinbaum declaró el 30 de abril que no protegería a nadie que hubiera cometido un delito, pero añadió que si no existe evidencia clara, “es evidente que el objetivo de estos señalamientos del Departamento de Justicia es político”.
Mérida Sánchez es el primer imputado de los diez señalados en comparecer físicamente ante la justicia de Estados Unidos. Su presencia en la corte federal de Manhattan este viernes marca el inicio del proceso judicial formal en el que el Distrito Sur de Nueva York buscará sostener una acusación que, de probarse, expone la infiltración del narcotráfico en los niveles más altos de la seguridad pública de Sinaloa.
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