Julio Gálvez
25 de mayo de 2026
Durante seis años, el Poder Judicial fue el único de los tres poderes de la Unión que escapó al control del movimiento gobernante. Esa anomalía terminó el 1 de junio de 2025, cuando México se convirtió en el primer país del mundo en someter a voto popular a la totalidad de sus jueces federales. El resultado, documentado por organizaciones civiles y por especialistas en derecho constitucional, no fue la “democratización” prometida, sino el traslado del último contrapeso del Estado a la órbita del oficialismo. La iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado el pasado 20 de mayo —para aplazar a 2028 la segunda mitad de esa elección— no corrige ese rumbo: según sus críticos, lo profundiza.
La evidencia del primer asalto es cuantitativa. Un informe del Centro de Investigación de Crímenes Atroces y otras organizaciones concluyó que en 21 de los 32 estados la mayoría de los jueces federales electos fueron postulados por el Poder Ejecutivo, en solitario o en alianza con otros poderes . El mismo análisis clasificó al 25% de los candidatos revisados como “persona de interés” por su afiliación o militancia partidista, vínculos con titulares del Ejecutivo, lazos familiares con el poder o señalamientos de corrupción o crimen organizado . La participación apenas rozó el 13% del padrón —cerca de 13 de casi 100 millones de electores—, una cifra magra para la institución que el gobierno presentó como mandato popular incuestionable.
El mecanismo que tradujo esa influencia en resultados tiene nombre: los acordeones. Frente a una boleta que, según el Observatorio Electoral Judicial, habría exigido 18 horas continuas de estudio para un voto informado, las estructuras territoriales repartieron listas prefabricadas con los nombres sugeridos. Morena operó incluso un portal, llamado Poder Judicial 4T, con ejemplos de boletas y los candidatos preferidos seleccionados para cada una de las 32 entidades, pese a que el INE había prohibido expresamente esas guías días antes de la jornada . El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, lo planteó sin matices: sostuvo que los nombres que terminaron ocupando los cargos estaban inscritos en los acordeones repartidos masivamente por el partido gobernante.
El trofeo mayor fue la Suprema Corte. De los nueve ministros que tomaron protesta el 1 de septiembre de 2025, seis han apoyado, colaborado o comparten la visión del régimen, y cinco de ellos trabajaron previamente en el Poder Ejecutivo federal . Lenia Batres fue nombrada ministra directamente por López Obrador, único caso en la historia , y conservó el cargo por la vía de las urnas; Hugo Aguilar, operador de los megaproyectos del sexenio anterior, llegó de presidir asuntos indígenas en el gobierno a la cabeza del máximo tribunal . La presidencia rotatoria que diseñó la reforma asegura además que la silla principal pase, según los cómputos del INE, por Lenia Batres de 2027 a 2029, Yasmín Esquivel de 2029 a 2031 y Loretta Ortiz de 2031 a 2033 , todas afines al proyecto, blindando la conducción de la Corte por más de una década.
A esa captura cualitativa se sumó un vaciamiento aritmético que el oficialismo no previó. De acuerdo con cifras del Senado, 859 juzgadores —incluidos ocho de los once ministros salientes— declinaron competir en 2025; 510 magistrados renunciaron cuando solo 464 magistraturas estaban en juego, prueba de que muchos abandonaron anticipadamente plazas reservadas para 2027. De los 376 que sí compitieron, apenas 80 ganaron. El saldo es contundente: el 51.5% del Poder Judicial Federal, 881 de 1,711 plazas, quedó en manos de jueces noveles o de secretarios en funciones sin nombramiento definitivo. La carrera judicial, construida durante décadas, se desmanteló en una sola jornada.
Es sobre ese terreno arrasado que llega la nueva iniciativa. El discurso oficial la presenta como un ajuste logístico para evitar la saturación de 2027. Pero el constitucionalista Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, advirtió que la propuesta es mucho peor de lo anunciado: crea una Comisión Coordinadora facultada para decidir quién cumple los requisitos para aparecer en la boleta e impone un examen de admisión que, en su lectura, funciona como filtro político antes que como garantía de idoneidad técnica . Es decir, los nuevos comités de evaluación seguirán bajo control político de Morena, lo que permitirá mantener influencia sobre quiénes pueden competir como candidatos . En síntesis, el partido que ya ganó la elección se reserva ahora la facultad de decidir quién puede disputar la siguiente.
Dos piezas adicionales refuerzan esa lectura. La reforma entrega al Tribunal de Disciplina Judicial —el órgano que vigila y puede sancionar a todos los jueces del país— la tarea de capacitarlos; Martín Reyes comparó esa concentración con pedirle a la Inquisición que imparta las clases de catecismo, y leyó el mensaje de fondo como dejar claro quién manda sobre la judicatura . Y la modificación al artículo 35 permite que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual revocación de mandato, lo que habilitaría a la propia presidenta Sheinbaum a participar el mismo día en que se elige a los juzgadores. De esta forma, esa concurrencia abre la puerta a la movilización político-electoral, al uso de acordeones y a la influencia indebida desde el poder sobre otro Poder de la Unión .
Conviene, sin embargo, no idealizar el pasado. El modelo que la reforma vino a sustituir tampoco era un dechado de independencia. Durante años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador denunció a la Suprema Corte encabezada por Norma Piña como un reducto de corrupción al servicio de las élites conservadoras, sobre todo después de que el tribunal declarara inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y frenara otras iniciativas centrales del gobierno. “La gran corrupción del Poder Judicial permanece” , repetía el mandatario para justificar la enmienda. La judicatura anterior, designada por concursos y cuotas pactadas entre cúpulas, cargaba con sus propios señalamientos de cercanía con intereses políticos y económicos; sin embargo, el voto popular acercaría a los jueces a los grupos de poder, como si los aspirantes no tuvieran ya relación con los distintos partidos.
Ese es, quizá, el dato más incómodo de toda la transformación. El reproche que el oficialismo lanzó contra el viejo Poder Judicial —que servía a un bando— no quedó desmentido por la reforma, sino invertido: donde antes se denunciaba la influencia de las élites y de la oposición, hoy se documenta la del partido gobernante. Cambió el color de la captura, no su naturaleza. La promesa de despolitizar la justicia mediante las urnas produjo el efecto contrario; nunca antes los nombres de los juzgadores habían dependido de manera tan abierta de una estructura partidista, ni la conducción del máximo tribunal había quedado tan nítidamente trazada por afinidades políticas. Lo que se perdió en el camino no fue el predominio de un grupo sobre otro, sino la aspiración misma a un juez ajeno a la disputa política: un árbitro que no deba su cargo, su permanencia ni su ascenso a ningún poder.
Esa aspiración no es una abstracción; otras democracias la han convertido en arquitectura institucional. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania, considerado uno de los más sólidos del mundo, integra a sus jueces en dos salas, electos mitad por el Bundestag y mitad por el Bundesrat, y exige una mayoría de dos tercios que en la práctica ha impedido que cualquier partido o coalición determine por sí solo la composición del tribunal. Para reunir esa supermayoría, los grandes partidos deben negociar entre sí el reparto de los asientos, principalmente la CDU/CSU y el SPD, de modo que ningún bloque ideológico gobierna la corte en solitario; sus integrantes sirven un único periodo de doce años, sin reelección , lo que elimina el incentivo de fallar para complacer a quien los nombró. La exmagistrada Angelika Nußberger ha defendido blindar ese umbral precisamente para preservar la cultura de consenso constitucional que de él se deriva.
En Estados Unidos, donde los jueces son vitalicios y nominados por el presidente, la discusión académica gira desde hace décadas en torno al mismo dilema. Fue el constitucionalista Alexander Bickel quien formuló la célebre “dificultad contramayoritaria”: el problema de legitimar a jueces no electos con poder para anular la voluntad de las mayorías . Frente a ese riesgo, parte de la doctrina ha ofrecido como respuesta el equilibrio: un estudio sobre la necesidad de balance ideológico en la Corte sostiene que, cuando ningún partido puede alcanzar la mayoría, desaparece el incentivo para la obstrucción partidista y las vacantes se llenan con perfiles aceptables para ambos lados. La legitimidad de un tribunal, insiste esa literatura, depende de que se le perciba como una institución jurídica y no como un actor que hace política partidista; cuando la polarización lo convierte en una corte de partido, esa legitimidad se erosiona.
México eligió el camino contrario. Antes de 2024, la crítica compartida señalaba que el Poder Judicial respondía a los intereses del antiguo régimen, al bloque que durante décadas administró el poder. La reforma no construyó el equilibrio del modelo alemán ni habilitó el debate plural que la doctrina estadounidense considera indispensable: se limitó a trasladar el control de un bloque a otro. Donde se acusaba al viejo arreglo de cooptar a los jueces en favor del PRIAN, hoy es Morena quien los postula, los evalúa, los capacita y los disciplina. El país no resolvió el problema; lo reprodujo bajo otra bandera. Y la lección de las cortes que sí funcionan es inequívoca: cuando una sola fuerza domina el tribunal, sus integrantes tienden a velar por los suyos y la impartición de justicia pasa a segundo plano.
Ni siquiera los afectados niegan ya el diagnóstico. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito calificó la propuesta como la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original . La reforma, sin embargo, no contempla revertir nada: los jueces electos en 2025 permanecerán, y los nuevos filtros operarán bajo reglas que la academia y la oposición consideran capturadas. Lo que comenzó como una promesa de acercar la justicia al pueblo terminó concentrando en un solo movimiento la facultad de elegir, evaluar, capacitar y disciplinar a quienes deben juzgarlo. En México ya no queda un poder que escape al oficialismo; falta saber si queda alguno capaz de contradecirlo.
La evidencia del primer asalto es cuantitativa. Un informe del Centro de Investigación de Crímenes Atroces y otras organizaciones concluyó que en 21 de los 32 estados la mayoría de los jueces federales electos fueron postulados por el Poder Ejecutivo, en solitario o en alianza con otros poderes . El mismo análisis clasificó al 25% de los candidatos revisados como “persona de interés” por su afiliación o militancia partidista, vínculos con titulares del Ejecutivo, lazos familiares con el poder o señalamientos de corrupción o crimen organizado . La participación apenas rozó el 13% del padrón —cerca de 13 de casi 100 millones de electores—, una cifra magra para la institución que el gobierno presentó como mandato popular incuestionable.
El mecanismo que tradujo esa influencia en resultados tiene nombre: los acordeones. Frente a una boleta que, según el Observatorio Electoral Judicial, habría exigido 18 horas continuas de estudio para un voto informado, las estructuras territoriales repartieron listas prefabricadas con los nombres sugeridos. Morena operó incluso un portal, llamado Poder Judicial 4T, con ejemplos de boletas y los candidatos preferidos seleccionados para cada una de las 32 entidades, pese a que el INE había prohibido expresamente esas guías días antes de la jornada . El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, lo planteó sin matices: sostuvo que los nombres que terminaron ocupando los cargos estaban inscritos en los acordeones repartidos masivamente por el partido gobernante.
El trofeo mayor fue la Suprema Corte. De los nueve ministros que tomaron protesta el 1 de septiembre de 2025, seis han apoyado, colaborado o comparten la visión del régimen, y cinco de ellos trabajaron previamente en el Poder Ejecutivo federal . Lenia Batres fue nombrada ministra directamente por López Obrador, único caso en la historia , y conservó el cargo por la vía de las urnas; Hugo Aguilar, operador de los megaproyectos del sexenio anterior, llegó de presidir asuntos indígenas en el gobierno a la cabeza del máximo tribunal . La presidencia rotatoria que diseñó la reforma asegura además que la silla principal pase, según los cómputos del INE, por Lenia Batres de 2027 a 2029, Yasmín Esquivel de 2029 a 2031 y Loretta Ortiz de 2031 a 2033 , todas afines al proyecto, blindando la conducción de la Corte por más de una década.
A esa captura cualitativa se sumó un vaciamiento aritmético que el oficialismo no previó. De acuerdo con cifras del Senado, 859 juzgadores —incluidos ocho de los once ministros salientes— declinaron competir en 2025; 510 magistrados renunciaron cuando solo 464 magistraturas estaban en juego, prueba de que muchos abandonaron anticipadamente plazas reservadas para 2027. De los 376 que sí compitieron, apenas 80 ganaron. El saldo es contundente: el 51.5% del Poder Judicial Federal, 881 de 1,711 plazas, quedó en manos de jueces noveles o de secretarios en funciones sin nombramiento definitivo. La carrera judicial, construida durante décadas, se desmanteló en una sola jornada.
Es sobre ese terreno arrasado que llega la nueva iniciativa. El discurso oficial la presenta como un ajuste logístico para evitar la saturación de 2027. Pero el constitucionalista Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, advirtió que la propuesta es mucho peor de lo anunciado: crea una Comisión Coordinadora facultada para decidir quién cumple los requisitos para aparecer en la boleta e impone un examen de admisión que, en su lectura, funciona como filtro político antes que como garantía de idoneidad técnica . Es decir, los nuevos comités de evaluación seguirán bajo control político de Morena, lo que permitirá mantener influencia sobre quiénes pueden competir como candidatos . En síntesis, el partido que ya ganó la elección se reserva ahora la facultad de decidir quién puede disputar la siguiente.
Dos piezas adicionales refuerzan esa lectura. La reforma entrega al Tribunal de Disciplina Judicial —el órgano que vigila y puede sancionar a todos los jueces del país— la tarea de capacitarlos; Martín Reyes comparó esa concentración con pedirle a la Inquisición que imparta las clases de catecismo, y leyó el mensaje de fondo como dejar claro quién manda sobre la judicatura . Y la modificación al artículo 35 permite que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual revocación de mandato, lo que habilitaría a la propia presidenta Sheinbaum a participar el mismo día en que se elige a los juzgadores. De esta forma, esa concurrencia abre la puerta a la movilización político-electoral, al uso de acordeones y a la influencia indebida desde el poder sobre otro Poder de la Unión .
Conviene, sin embargo, no idealizar el pasado. El modelo que la reforma vino a sustituir tampoco era un dechado de independencia. Durante años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador denunció a la Suprema Corte encabezada por Norma Piña como un reducto de corrupción al servicio de las élites conservadoras, sobre todo después de que el tribunal declarara inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y frenara otras iniciativas centrales del gobierno. “La gran corrupción del Poder Judicial permanece” , repetía el mandatario para justificar la enmienda. La judicatura anterior, designada por concursos y cuotas pactadas entre cúpulas, cargaba con sus propios señalamientos de cercanía con intereses políticos y económicos; sin embargo, el voto popular acercaría a los jueces a los grupos de poder, como si los aspirantes no tuvieran ya relación con los distintos partidos.
Ese es, quizá, el dato más incómodo de toda la transformación. El reproche que el oficialismo lanzó contra el viejo Poder Judicial —que servía a un bando— no quedó desmentido por la reforma, sino invertido: donde antes se denunciaba la influencia de las élites y de la oposición, hoy se documenta la del partido gobernante. Cambió el color de la captura, no su naturaleza. La promesa de despolitizar la justicia mediante las urnas produjo el efecto contrario; nunca antes los nombres de los juzgadores habían dependido de manera tan abierta de una estructura partidista, ni la conducción del máximo tribunal había quedado tan nítidamente trazada por afinidades políticas. Lo que se perdió en el camino no fue el predominio de un grupo sobre otro, sino la aspiración misma a un juez ajeno a la disputa política: un árbitro que no deba su cargo, su permanencia ni su ascenso a ningún poder.
Esa aspiración no es una abstracción; otras democracias la han convertido en arquitectura institucional. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania, considerado uno de los más sólidos del mundo, integra a sus jueces en dos salas, electos mitad por el Bundestag y mitad por el Bundesrat, y exige una mayoría de dos tercios que en la práctica ha impedido que cualquier partido o coalición determine por sí solo la composición del tribunal. Para reunir esa supermayoría, los grandes partidos deben negociar entre sí el reparto de los asientos, principalmente la CDU/CSU y el SPD, de modo que ningún bloque ideológico gobierna la corte en solitario; sus integrantes sirven un único periodo de doce años, sin reelección , lo que elimina el incentivo de fallar para complacer a quien los nombró. La exmagistrada Angelika Nußberger ha defendido blindar ese umbral precisamente para preservar la cultura de consenso constitucional que de él se deriva.
En Estados Unidos, donde los jueces son vitalicios y nominados por el presidente, la discusión académica gira desde hace décadas en torno al mismo dilema. Fue el constitucionalista Alexander Bickel quien formuló la célebre “dificultad contramayoritaria”: el problema de legitimar a jueces no electos con poder para anular la voluntad de las mayorías . Frente a ese riesgo, parte de la doctrina ha ofrecido como respuesta el equilibrio: un estudio sobre la necesidad de balance ideológico en la Corte sostiene que, cuando ningún partido puede alcanzar la mayoría, desaparece el incentivo para la obstrucción partidista y las vacantes se llenan con perfiles aceptables para ambos lados. La legitimidad de un tribunal, insiste esa literatura, depende de que se le perciba como una institución jurídica y no como un actor que hace política partidista; cuando la polarización lo convierte en una corte de partido, esa legitimidad se erosiona.
México eligió el camino contrario. Antes de 2024, la crítica compartida señalaba que el Poder Judicial respondía a los intereses del antiguo régimen, al bloque que durante décadas administró el poder. La reforma no construyó el equilibrio del modelo alemán ni habilitó el debate plural que la doctrina estadounidense considera indispensable: se limitó a trasladar el control de un bloque a otro. Donde se acusaba al viejo arreglo de cooptar a los jueces en favor del PRIAN, hoy es Morena quien los postula, los evalúa, los capacita y los disciplina. El país no resolvió el problema; lo reprodujo bajo otra bandera. Y la lección de las cortes que sí funcionan es inequívoca: cuando una sola fuerza domina el tribunal, sus integrantes tienden a velar por los suyos y la impartición de justicia pasa a segundo plano.
Ni siquiera los afectados niegan ya el diagnóstico. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito calificó la propuesta como la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original . La reforma, sin embargo, no contempla revertir nada: los jueces electos en 2025 permanecerán, y los nuevos filtros operarán bajo reglas que la academia y la oposición consideran capturadas. Lo que comenzó como una promesa de acercar la justicia al pueblo terminó concentrando en un solo movimiento la facultad de elegir, evaluar, capacitar y disciplinar a quienes deben juzgarlo. En México ya no queda un poder que escape al oficialismo; falta saber si queda alguno capaz de contradecirlo.
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