Jorge Montejo
24 de mayo de 2026
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta señalamientos de “traición a la patria” promovidos por la dirigencia nacional de Morena luego de que el 19 de abril de 2026 dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieran en un accidente vial cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos . Versiones posteriores señalaron que dos de los fallecidos serían agentes de la CIA , lo que escaló el caso a una disputa de seguridad nacional.
La acusación la encabezó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien sostuvo que el fondo del asunto no es el desmantelamiento de un narcolaboratorio, sino haber provocado la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía . La Fiscalía General de la República citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua, y más de 300 personas marcharon en la capital del estado para exigir la destitución de la mandataria . La traición a la patria es un delito federal que contempla hasta 40 años de prisión, y el oficialismo busca activar un juicio político.
La acusación la encabezó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien sostuvo que el fondo del asunto no es el desmantelamiento de un narcolaboratorio, sino haber provocado la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía . La Fiscalía General de la República citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua, y más de 300 personas marcharon en la capital del estado para exigir la destitución de la mandataria . La traición a la patria es un delito federal que contempla hasta 40 años de prisión, y el oficialismo busca activar un juicio político.
Campos ha respondido con declaraciones contradictorias. En entrevista negó haber sabido de la presencia de agentes estadounidenses, pero posteriormente admitió contacto con el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Interna, aunque sostuvo que nunca con la CIA . Frente a ello, la gobernadora introdujo el argumento que hoy define la controversia: “A Maru la juzgan sin pruebas y al gobernador con licencia de Sinaloa no necesitan pruebas”, en alusión a Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico y respaldado institucionalmente por el oficialismo .
El contraste con Sonora resulta el más documentado. El gobernador morenista Alfonso Durazo ha construido una relación bilateral abierta y firmada con autoridades estadounidenses. En 2023 relanzó la Comisión Sonora-Estados Unidos junto a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, con la seguridad pública entre sus ejes estratégicos . En agosto de 2025 firmó el decreto que creó la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal —la primera del país—, cuyos 18 elementos recibieron capacitación de agentes del Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos . Esa cooperación, a diferencia de la de Chihuahua, no ha sido calificada de traición por la 4T.
La asimetría se vuelve más evidente al revisar el propio marco que Morena impulsa. El partido promovió una reforma para prohibir expresamente que los gobiernos locales celebren convenios con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que impliquen operaciones en su territorio, con sanciones que van de la destitución a la inhabilitación . Sin embargo, como advirtió la oposición, gobernadores y alcaldes del norte han dependido durante décadas de la cooperación estrecha con agencias estadounidenses para combatir a los cárteles —una práctica que la nueva norma criminalizaría de forma selectiva. La propia Presidencia ha navegado esa ambigüedad: Claudia Sheinbaum negó la existencia de un acuerdo con la DEA tras el anuncio del “Proyecto Portero”, pese a reconocer trabajos previos de coordinación.
El patrón que emerge es discursivo antes que jurídico. La invocación de la “soberanía” y la “traición a la patria” opera como encuadre político que se activa o se desactiva según el color partidista del gobernante involucrado: contundente frente a una opositora panista, prudente frente a un gobernador propio investigado en el extranjero, y silencioso frente a la cooperación binacional firmada por un mandatario afín. El recurso al nacionalismo —tradicionalmente eficaz en la movilización popular— sustituye la pregunta de fondo: si la colaboración con agencias extranjeras es traición, debería serlo en Hermosillo igual que en Chihuahua.
El caso permanece abierto. La FGR mantiene las indagatorias y la controversia jurídica gira en torno a una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional , mientras el desenlace del juicio político dependerá del Congreso. La definición no será solo legal: medirá si la soberanía es un principio constitucional uniforme o un instrumento de uso político variable.
El contraste con Sonora resulta el más documentado. El gobernador morenista Alfonso Durazo ha construido una relación bilateral abierta y firmada con autoridades estadounidenses. En 2023 relanzó la Comisión Sonora-Estados Unidos junto a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, con la seguridad pública entre sus ejes estratégicos . En agosto de 2025 firmó el decreto que creó la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal —la primera del país—, cuyos 18 elementos recibieron capacitación de agentes del Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos . Esa cooperación, a diferencia de la de Chihuahua, no ha sido calificada de traición por la 4T.
La asimetría se vuelve más evidente al revisar el propio marco que Morena impulsa. El partido promovió una reforma para prohibir expresamente que los gobiernos locales celebren convenios con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que impliquen operaciones en su territorio, con sanciones que van de la destitución a la inhabilitación . Sin embargo, como advirtió la oposición, gobernadores y alcaldes del norte han dependido durante décadas de la cooperación estrecha con agencias estadounidenses para combatir a los cárteles —una práctica que la nueva norma criminalizaría de forma selectiva. La propia Presidencia ha navegado esa ambigüedad: Claudia Sheinbaum negó la existencia de un acuerdo con la DEA tras el anuncio del “Proyecto Portero”, pese a reconocer trabajos previos de coordinación.
El patrón que emerge es discursivo antes que jurídico. La invocación de la “soberanía” y la “traición a la patria” opera como encuadre político que se activa o se desactiva según el color partidista del gobernante involucrado: contundente frente a una opositora panista, prudente frente a un gobernador propio investigado en el extranjero, y silencioso frente a la cooperación binacional firmada por un mandatario afín. El recurso al nacionalismo —tradicionalmente eficaz en la movilización popular— sustituye la pregunta de fondo: si la colaboración con agencias extranjeras es traición, debería serlo en Hermosillo igual que en Chihuahua.
El caso permanece abierto. La FGR mantiene las indagatorias y la controversia jurídica gira en torno a una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional , mientras el desenlace del juicio político dependerá del Congreso. La definición no será solo legal: medirá si la soberanía es un principio constitucional uniforme o un instrumento de uso político variable.
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