#Investigación 🔬| Julio Gálvez
1 de junio de 2026
Este lunes 1 de junio, al mediodía, en la Sala 618 del Juzgado Thurgood Marshall del Distrito Sur de Nueva York, el general de división en retiro Gerardo Mérida Sánchez comparece ante la jueza federal Katherine Polk Failla. En México la cita se narra como un trámite más del proceso por narcotráfico. El expediente S9 23 Cr. 180 sugiere otra cosa: lo que se formaliza este día no parece el prólogo de un juicio, sino la antesala de una negociación.
Dos movimientos procesales, ignorados por la cobertura nacional, lo insinúan. El primero: el 29 de mayo el fiscal Jay Clayton pidió a la corte excluir el tiempo transcurrido de los plazos de la Ley de Juicio Rápido para “facilitar discusiones previas al juicio”, y la defensa de Mérida consintió. En la práctica del Distrito Sur de Nueva York, esa fórmula —detener el reloj de mutuo acuerdo— es el lenguaje con el que suelen describirse las sesiones de proffer: los interrogatorios en los que un acusado revela cuanto sabe a cambio de una eventual reducción de condena.
El segundo movimiento es la abogada. Mérida rechazó contratar defensa privada y, según su declaración jurada, alegó no tener recursos. La corte le asignó entonces a Sarah Rebecca Krissoff. No es una defensora de oficio improvisada: egresada de Derecho por Columbia, fue fiscal federal adjunta en ese mismo Distrito Sur durante trece años, pasó por la agencia federal de armas y explosivos (ATF) en 2015 y hoy litiga delitos de cuello blanco en la firma Cozen O’Connor. Conoce desde adentro los protocolos del Departamento de Justicia y los márgenes exactos de un acuerdo de culpabilidad. Un perfil así no anuncia un juicio beligerante; anuncia una mesa de negociación.
¿Qué puede poner Mérida sobre esa mesa? La acusación estadounidense le atribuye haber recibido presuntamente 100 mil dólares mensuales en efectivo de la facción de “Los Chapitos” a cambio de protección. Según la fiscalía, esa contraprestación incluía alertar al cártel sobre operativos inminentes contra laboratorios de fentanilo y casas de seguridad. Si decide hablar, podría detallar la logística de esos pagos, las rutas del dinero y la cadena que, de acuerdo con el expediente, alcanza al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia como uno de los conspiradores principales. Todos conservan la presunción de inocencia; ninguno ha sido sentenciado.
Pero el dato verdaderamente incómodo —el que la narrativa oficial mexicana ha esquivado— no está en Sinaloa, sino en el origen castrense de Mérida. No es un civil encumbrado por la política local. Es un general de división formado en la Escuela Superior de Guerra y el Colegio de Defensa Nacional, exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia y excomandante de tres zonas militares entre 2018 y 2022. Su llegada a la seguridad de Sinaloa, en septiembre de 2023, no la reivindicó el gobierno estatal: la propia gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, declaró que “al general Mérida no lo nombró Rocha, fue una decisión de la Sedena”. Reportes periodísticos atribuyen además la recomendación al general Audomaro Martínez Zapata, pieza central de la inteligencia del sexenio anterior.
Ahí reside el verdadero alcance del caso. Si Mérida coopera, su testimonio no comprometería sólo a un gabinete estatal: tocaría la inteligencia militar federal y la lógica con la que el alto mando colocó a uno de sus cuadros en el corazón del territorio de “Los Chapitos”. La pregunta deja de ser quién protegía al cártel en Culiacán y pasa a ser hasta dónde subía la cadena.
El efecto dominó ya empezó. El exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, habría seguido los pasos de Mérida y se encontraría bajo custodia internacional, según versiones que aún difieren sobre el lugar de su entrega. El exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza, reapareció el 30 de mayo en un video desde Culiacán para negar que se hubiera entregado y asegurar que enfrentará el proceso en México. Rocha Moya, con licencia, encara investigaciones simultáneas de la FGR y la sombra de una extradición.
Por ahora todo se concentra en una sala de Manhattan al mediodía de este lunes. La fiscalía pidió mover la audiencia al 3 de junio; la jueza Polk Failla la mantuvo en el 1. Lo que ocurra detrás de esa puerta definirá si el general que dirigió la inteligencia del Ejército mexicano se convierte en el testigo que Washington necesita para reescribir, por una década, los términos de su cooperación en seguridad con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
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