
El Departamento de Seguridad Nacional acusa a Abraham Hermosillo Álvarez de planear un ataque con drones explosivos y francotiradores durante el festejo por el cumpleaños 80 del presidente; el caso reaviva el discurso antimigrante de la administración republicana.
Jaqueline Sagaón
19 de junio de 2026
Un ciudadano mexicano de 31 años, identificado como Abraham Hermosillo Álvarez, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por su presunta participación como cabecilla de un plan para atacar el evento UFC Freedom 250, celebrado el pasado 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca durante la celebración del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.
Hermosillo Álvarez fue detenido ese mismo día en Omaha, Nebraska, y enfrenta cargos por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial. Dentro de la investigación se le identifica con el alias “Shepherd” y se le señala como la persona que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), planeó, organizó y dirigió el ataque que finalmente no llegó a concretarse.
El FBI llevó a cabo la investigación que permitió identificar a un grupo de presuntos conspiradores que habría adquirido armas con el objetivo de ejecutar el ataque. Las detenciones se realizaron durante el fin de semana en Ohio, Missouri, Nebraska y California. Junto con Hermosillo fueron acusados Tycen C. Proper, de 19 años, originario de Danville, Ohio; Bryan Omar Roa, de 24 años, de Calimesa, California; Michael Alan Thomas, de 32 años, de Pinon Hills, California; y Daniel K. Eskridge, de 32 años, de Kidder, Missouri. A los cinco se les atribuye haber conspirado para planear y ejecutar un ataque con víctimas masivas contra funcionarios estadounidenses que asistirían al evento deportivo.
Según la declaración jurada presentada por el FBI, el plan contemplaba sobrevolar la Casa Blanca con drones cargados de explosivos durante el combate de la UFC, provocar una evacuación entre los asistentes y, una vez generada la confusión, abrir fuego contra objetivos considerados de alto valor entre el público. Las autoridades detectaron, además, un segundo esquema que contemplaba asaltar directamente las puertas de la residencia presidencial como una “segunda oleada” del ataque. De acuerdo con la misma declaración, diecinueve personas habrían participado en un chat grupal cifrado donde se discutió el plan.
La pesquisa no se originó por una alerta de inteligencia gubernamental, sino por la denuncia de una madre. La investigación comenzó el 10 de junio, después de que la madre de Tycen Proper alertara a la policía sobre el comportamiento de su hijo y sobre la compra de armas y municiones que había detectado en casa.
El caso de Hermosillo Álvarez ha sido aprovechado por el gobierno estadounidense para reforzar su narrativa migratoria. El DHS informó que el mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de turista tipo B2 que expiró en 2001 y que, años después, durante la administración de Barack Obama, obtuvo protección bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), diseñado para blindar de la deportación a quienes llegaron al país siendo menores de edad junto a sus padres. La dependencia publicó en su cuenta de X que el presunto líder del fallido ataque era un “extranjero ilegal”, y su subsecretaria interina, Lauren Bis, declaró que el acusado nunca debió haber sido autorizado a permanecer en el país, además de adelantar que enfrentará a la justicia antes de ser expulsado de territorio estadounidense.
El comunicado oficial omite que DACA es, precisamente, un programa que exime de responsabilidad migratoria a quienes no decidieron por cuenta propia cruzar la frontera, sino que llegaron como niños acompañando a sus padres. La paradoja —un beneficiario de una política humanitaria señalado ahora como organizador de un atentado de connotación terrorista— es el ángulo que la propia autoridad estadounidense ha elegido explotar políticamente.
Tras la detención realizada por el FBI, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Hermosillo Álvarez. El Departamento de Justicia ya presentó cargos formales contra los cinco hombres señalados, cuyo proceso judicial federal continúa abierto, mientras el FBI mantiene en curso la investigación sobre el resto de los participantes del chat grupal donde, según las autoridades, se gestó el plan.