Investigación 🔬 | Julio Gálvez
28 de agosto de 2026
El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos escribió una frase que en México casi nadie leyó completa. En el comunicado con el que anunció sanciones contra una red de contrabando de combustible, el gobierno estadounidense afirmó que los cárteles usan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos dispuestos a colaborar con ellos y controlar puestos administrativos clave en el gobierno. Eso, agrega el texto, facilita las operaciones de contrabando y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias. El señalamiento está sustentado en el análisis de la Red de Control de Delitos Financieros y no identifica a ningún político, campaña o partido en particular.
Es una acusación formal de un gobierno extranjero contra el sistema electoral mexicano, y llegó acompañada de un mapa. Porque lo que el Tesoro documentó ese día, y lo que había documentado catorce meses antes, es que el combustible ilegal entre México y Estados Unidos no corre en una sola dirección. Corre en dos, y cada una tiene su propio expediente.
La primera ruta va hacia el norte. El 1 de mayo de 2025, mediante la alerta identificada como FIN-2025-Alert002, FinCEN advirtió a la banca estadounidense sobre el crudo robado a Petróleos Mexicanos que los cárteles introducen a territorio de Estados Unidos, valiéndose de corredores mexicanos cómplices del sector energético, para venderlo a pequeñas compañías petroleras instaladas cerca de la frontera suroeste. En ese documento, el Tesoro estableció algo que desde entonces repite: el robo de combustible se ha convertido en la fuente de ingresos ilícitos no vinculados al narcotráfico más importante de esas organizaciones. Por encima del tráfico de personas. Por encima de la extorsión.
El caso judicial que ilustra esa ruta ocurrió en Texas y en México se ha contado al revés. James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de 25, ambos de Utah, operaban Arroyo Terminals en Rio Hondo. Una imputación sustituta del 22 de mayo de 2025, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, los acusa de conspirar para proveer apoyo material —en forma de moneda estadounidense— al Cártel Jalisco Nueva Generación, de conspiración para lavado de dinero y de haber facilitado la entrada fraudulenta de aproximadamente 2 mil 881 cargamentos de crudo en violación de la Ley Arancelaria, desde mayo de 2022. El petróleo entraba a Estados Unidos, no salía. Llegaba por barcaza y se almacenaba junto al Arroyo Colorado. Las autoridades aseguraron cuatro barcazas tanque y tres autotanques, y buscan un fallo monetario de 300 millones de dólares en caso de condena. Los cargos contra Kelly Anne y Zachary Jensen fueron desestimados en interés de la justicia. Los dos acusados restantes se declararon no culpables y el proceso sigue abierto.
La segunda ruta va hacia el sur, y es la que en México se conoce como huachicol fiscal. El 30 de junio de 2026, con la alerta suplementaria FIN-2026-Alert003, FinCEN describió el flujo inverso: gasolina, diésel, nafta y otros combustibles comprados en Estados Unidos e introducidos a México con clasificaciones aduaneras falsas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La alerta incluye 22 indicadores de riesgo para la banca. El mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a dos personas y nueve empresas.
El primer sancionado, Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años y originario de Tamaulipas, fue descrito por el Tesoro como contador y cerebro de ciertas operaciones financieras del CJNG, creador de empresas fachada y falsificador de documentos aduanales. Sus clientes principales, dice el comunicado, son empresas gasolineras que reciben el producto y lo venden al público. Quedaron bloqueadas seis empresas suyas en México —Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes— y una en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd. El segundo, J. Refugio Ruiz Villagómez, habría introducido combustible sin permisos y pagado cuotas a las organizaciones criminales que controlan los cruces fronterizos; se le vinculan Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, que según el Tesoro movieron decenas de millones de dólares por el sistema financiero estadounidense. Las sanciones se desarrollaron de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que en paralelo bloqueó las cuentas de los once sancionados y de nueve personas más identificadas en el análisis nacional.
Esa segunda ruta tiene dos expedientes mexicanos abiertos, y entre los dos explican cómo se vulneró un sistema aduanal que el propio Estado había puesto en manos de las Fuerzas Armadas.
El primero es terrestre. Entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025 ingresaron al país por la Aduana de Matamoros 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina en mil 366 ferrotanques, todos declarados como solución de cloruro de calcio. La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos considera este caso uno de los mayores de huachicol fiscal detectados. La red comenzó a caer el 21 de julio de 2025, tras una denuncia anónima que derivó en un cateo donde se aseguraron 17 ferrotanques con más de un millón 600 mil litros de diésel y 14 mil de nafta ligera. La FGR atribuye la operación a una organización presuntamente encabezada por Armando III Riestra Fernández, representante legal de Servicios Aduanales JR, con sede en Reynosa, preso en el Altiplano desde enero. Las importadoras señaladas son Ferroservicios y Jumandi Group; el combustible viajaba en tren hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. De las trece órdenes de aprehensión giradas, siete personas han sido detenidas y seis siguen prófugas.
Tres de esos prófugos son militares que estuvieron al mando del recinto: los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y el teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera. Al primero se le atribuye delincuencia organizada; a los otros dos, delincuencia organizada y contrabando calificado. Las aduanas mexicanas pasaron a control militar en 2022 precisamente para blindarlas.
El segundo expediente es marítimo, y es más grave. La causa penal 325/2025 investiga a la red que la FGR identifica como Los Primos, presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Según la Fiscalía, la estructura operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, e introducía buques tanque a los puertos de Tampico y Ensenada con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos para evadir impuestos. El primer golpe ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon y cerca de ocho millones de litros en Altamira, Tamaulipas. Días después se detectó una operación equivalente en Ensenada.
El 2 de septiembre de 2025 fue detenido Manuel Roberto Farías Laguna; el día 7, el Gabinete de Seguridad informó de catorce capturas que incluían marinos en activo, exfuncionarios aduanales y empresarios. Su hermano Fernando obtuvo primero una suspensión que lo protegía, revocada el 2 de octubre, y se fugó. Ingresó a Argentina el 1 de abril de 2026 con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos, fue detenido en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 23 de abril, trasladado a México el 20 de agosto y vinculado a proceso el 27 de agosto. Suman dieciséis detenidos, doce de ellos exservidores públicos. La afectación documentada por los hidrocarburos recuperados supera los 340 millones de pesos, y se aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles. Ambos hermanos han negado su participación.
Hay un antecedente en ese expediente que rara vez se menciona y que conviene no perder de vista. En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció formalmente ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, la existencia de una red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Farías Laguna. La denuncia quedó documentada en un audio y en una carta manuscrita, y refería presiones internas, sobornos y movimientos de personal para proteger la operación en las aduanas marítimas. Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, con un modus operandi idéntico al del homicidio de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR ejecutada semanas antes en la misma región: sicarios en motocicleta y arma calibre nueve milímetros. La Fiscalía consideró esos elementos clave para vincular ambos casos.
Es dentro de esta carpeta —no en columnas ni en filtraciones de inteligencia— donde aparece el nombre que ha dominado la discusión pública de las últimas dos semanas.
De acuerdo con la información del expediente, existen dos testimonios que hacen referencia al hijo del presidente y a Andy. Ninguno de los dos identifica a Andrés Manuel López Beltrán por su nombre completo. Ambos provienen de marinos que ocuparon cargos de dirección o subdirección en aduanas: uno se convirtió después en testigo protegido y declaró en mayo de 2025; el otro, Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, declaró el 27 de febrero de 2026. Los dos atribuyen esas referencias a la misma persona: Miguel Ángel Solano Ruiz, El Capitán Sol, señalado como presunto enlace de los hermanos Farías en la operación aduanal.
El episodio concreto es la descarga del buque Torm Agnes en el puerto de Guaymas, Sonora, en marzo de 2025, con un cargamento de diésel presuntamente documentado como un producto distinto. Según el testimonio de Soto Picha, inicialmente no se iba a autorizar la descarga, por lo que se comunicó con El Capitán Sol; este le habría respondido que hablaría con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, y que para evitar problemas convenía decir que se trataba de "un tema de Andy".
La Fiscalía General de la República ha sostenido una posición firme. La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy, afirmó que no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para siquiera iniciar una carpeta de investigación contra López Beltrán, y negó expresamente que tenga testigos protegidos que lo hayan señalado de manera directa. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y calificó la cancelación de la visa de López Beltrán como un acto de injerencia política que no obliga a las autoridades mexicanas a iniciar un proceso penal. La distinción que la Fiscalía plantea es técnica y relevante: una mención indirecta atribuida a un tercero dentro de una declaración ministerial no equivale a una imputación ni acredita responsabilidad penal. Ningún testimonio conocido describe una intervención directa de López Beltrán, ni que haya estado en el puerto, dado una orden o recibido recursos.
El 27 de agosto, a la salida del penal del Altiplano, el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de Fernando Farías Laguna, declaró que en la carpeta aparecen dos apodos: Andy y una referencia a un político de Tabasco, y sostuvo que la jueza de control ya tenía conocimiento de ellos. El litigante no afirmó que Andy corresponda a López Beltrán. En otras declaraciones ha cuestionado que la indagatoria se concentre en los hermanos Farías y no en el resto de la presunta red. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la FGR en septiembre de 2025 y ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento preventivo de cuentas. López Beltrán, por su parte, hizo pública el 13 de agosto de 2026, mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, la cancelación de su visa estadounidense, que atribuyó a una decisión política sin fundamento. El gobierno de Estados Unidos no la ha confirmado ni ha revelado la causa; tampoco lo ha hecho en ninguno de los cerca de cincuenta casos de políticos mexicanos que Reuters ha contabilizado desde 2025.
Queda por dimensionar el daño. En su Reporte Anual 2025 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Pemex informó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos por robo de combustible, 14.4 por ciento más que en 2024, con un promedio de 19 mil 600 barriles diarios sustraídos y 10 mil 591 tomas clandestinas identificadas. En el mismo documento reconoció que las medidas adoptadas junto con el gobierno no han producido una mejora sostenida, y advirtió el riesgo de que su propio personal participe en el mercado ilícito.
Esa es la cifra conservadora. El Observatorio Ciudadano de Energía, que preside Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía y excomisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía, estima la pérdida real de ingresos en 2025 en 123 mil millones de pesos: 56 mil millones para Pemex y 67 mil millones para la hacienda pública. Su cálculo del volumen robado, cerca de 58 mil barriles diarios, triplica el que reporta la petrolera. Entre 2019 y 2025 el boquete acumulado suma 515 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto asignado a Pemex para 2026. Barnés ha señalado además que el crudo sustraído se contrabandea hacia Estados Unidos para procesarse en refinerías de aquel país, lo que coincide con la primera ruta descrita por FinCEN y con el expediente Jensen. Del lado financiero, el Tesoro reportó más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa en doce meses, que identificaron flujos anómalos por más de 7 mil millones de dólares entre ambos países, con Texas y Florida a la cabeza.
Sheinbaum declaró el 19 de agosto que el huachicol fiscal está prácticamente terminado gracias a las detenciones y a los operativos en aduanas. Nueve días después, el conteo abierto es este: dieciséis detenidos en la red de Los Primos y seis prófugos en la de Matamoros, tres de ellos militares; un juez detuvo la orden contra El Capitán Sol; dos alertas de FinCEN siguen vigentes para el sistema financiero estadounidense; y en Texas continúa un proceso que ya demostró para qué sirve el estatuto 18 U.S.C. 2339B, bajo el cual cualquier empresa que pague una cuota de protección a una organización designada como terrorista comete un delito federal en Estados Unidos, sin importar que en México esa cuota sea la condición para circular.
