Julio Gálvez
Mexicali, Baja California. 11 de septiembre de 2026
Cuatro días después de que N+ Focus difundiera la existencia de un proffer agreement atribuido a la senadora con licencia Julieta Andrea Ramírez Padilla, el caso se desplazó del expediente al pulso público, y el punto central sigue sin resolverse: el documento exhibido hasta ahora no muestra su firma.
La aspirante de Morena a la gubernatura de Baja California rompió el silencio la noche del 9 de septiembre con un video en sus redes sociales. Rechazó de manera categórica haber suscrito cualquier acuerdo con autoridades estadounidenses y aseguró que no enfrenta investigaciones ni en México ni en Estados Unidos. "Quiero dejar muy claro que todo el reportaje es completamente falso", afirmó, y sostuvo que el papel presentado por la televisora no existe, que no lo conoce, que no lo ha visto y que jamás tuvo contacto de ese tipo con agencias extranjeras, ni verbal ni escrito.
Antes, el martes 8, N+ transmitió una segunda cápsula en la que ventiló parte del material. Según esa emisión, el documento incluye el nombre de Ramírez Padilla, el del subfiscal federal que llevaría el caso en Washington y el de un testigo colaborador de agencias federales estadounidenses. La senadora con licencia respondió publicando una captura del propio documento y burlándose de su factura: "Lo hicieron en Paint", escribió. Después difundió un video con un fragmento de la canción de Molotov que alude a un periodista que altera noticias en Televisa, y otro en el que aparece sentada junto a un reloj de arena esperando que la televisora exhiba el papel completo.
El 10 de septiembre el caso escaló al Palacio Nacional. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la validez del material y pidió al periodista Enrique Acevedo dar a conocer sus fuentes. "El documento que muestra no trae firmas", señaló la mandataria, quien añadió que debe haber responsabilidad en quien informa y en las fuentes que se citan, y solicitó que se presenten pruebas.
Acevedo ha sostenido la investigación. Rechazó que se trate de guerra sucia y afirmó que lo publicado corresponde a datos "duros, verificables e incontrovertibles". N+ no ha dado a conocer el delito por el cual se investigaría a la legisladora ni la fecha en que el documento habría sido suscrito.
A esa disputa se sumó un frente distinto. El senador de Morena Luis Fernando Salazar advirtió públicamente al conductor: "vamos a ir tras de ti". El presidente del Senado, Higinio Martínez, se deslindó del mensaje y manifestó su desacuerdo, aunque señaló que cada legislador responde por sus expresiones. Acevedo condenó la intimidación y marcó la distinción de fondo: "Hay una diferencia entre desmentir información y atacar a quien publica la información". Reconoció el derecho de la senadora con licencia a negar la validez del documento.
En el terreno partidista, la dirigente nacional Ariadna Montiel refrendó su confianza en Ramírez Padilla, quien agradeció el respaldo públicamente. El coordinador Ignacio Mier vinculó los señalamientos con los que pesan sobre otros legisladores de su bancada y los atribuyó a una campaña para desestabilizar al movimiento rumbo a 2027.
Nada de lo ocurrido en estos cuatro días modifica dos hechos que no dependen del reportaje de Televisa. El primero: el 1 de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California ordenó a la aspirante retirar una barda y 21 lonas con su nombre e imagen, tras denuncias del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración al interés superior de la niñez. Ninguna infracción está acreditada todavía.
El segundo: su operador territorial en Tecate, Rubén Eduardo Sandoval Chávez, cumplió condena federal en Estados Unidos. La jueza Irma E. González lo sentenció el 15 de noviembre de 2012 a 30 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de posesión de 951.2 kilogramos de marihuana con intención de distribuirla. El Buró Federal de Prisiones consigna que dejó la custodia el 9 de diciembre de 2013. Hoy aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia como personal de confianza de la Secretaría de Bienestar de Baja California. Eso está en expedientes judiciales y registros públicos, no en una cápsula de televisión.
El caso queda, por ahora, en una sola pregunta con dos respuestas posibles. O N+ exhibe el documento íntegro, con firma, fecha y folio, y sostiene lo que afirmó ante la exigencia expresa de la Presidencia de la República. O no lo hace, y la carga de la prueba se convierte en el problema de la televisora, no en el de la senadora con licencia. Hasta el cierre de esta edición, el documento completo no había sido presentado.
