Ciudad de México.— Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, otorgó la medida cautelar al panista, pero no dio a conocer el alcance de la misma, según registros judiciales del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La suspensión fue concedida a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en el amparo que tramitó contra la vinculación a proceso que se le dictó en julio por el caso de huachicol fiscal por ferrotanques. De acuerdo con El Universal, la jueza resolvió otorgar la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y cuarto de la interlocutoria.
El auto impugnado fue dictado por la jueza de control en El Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos. Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada y vinculado a proceso el 23 de julio.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Ruffo Appel presuntamente encabezaba una organización dedicada a importar gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, mediante un esquema de huachicol fiscal. Su defensa ha negado las imputaciones.
El exmandatario cumplió un mes en prisión domiciliaria en su casa de Ensenada, a donde fue trasladado por la Guardia Nacional desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que estuvo recluido dos meses y medio. Ese cambio de medida cautelar no implicó su libertad ni modificó su vinculación a proceso, y respondió a alegatos de su defensa por su edad, problemas de salud y deterioro físico.
La suspensión definitiva no equivale a una absolución ni implica, por sí misma, el cierre del proceso penal. Se trata de una medida cautelar dentro del juicio de amparo, cuyo fondo sigue pendiente. Hasta ahora, ni la resolución publicada ni las partes han precisado si tendrá efectos sobre el curso de la causa penal. El siguiente paso será la sentencia de fondo, en la que la justicia federal determinará si concede o niega a Ruffo Appel la protección constitucional contra el auto de vinculación a proceso.
