La censura de internet detrás de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones
Por Jorge Montejo
Analista Político
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al Senado incluye artículos sobre la regulación de Internet que han creado controversia sobre la posibilidad de que ofrezcan una manga ancha a las autoridades para intervenir en el control de la red.
Dos artículos concentran las dudas sobre la idoneidad de las normas tal y como han sido presentadas. En el 145 se dice que los servidores de Internet podrán "bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad". En el artículo 197 se fija la potestad de "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes".
Expertos y activistas participaron la semana pasada en el Senado en sesiones abiertas de debate sobre la ley y surgieron las críticas. La objeción básica y generalizada es que en la normativa hay pasajes que son demasiado vagos en cuanto a la limitación de la capacidad de intervención del Estado, y eso motiva la preocupación de que la ley dé margen a eventuales episodios de restricciones de conquistas civiles como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información.
"Los artículos necesitarán una redacción precisa y menos abierta a interpretación", afirma Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (2010-2013). "Veo un riesgo de censura. Ese margen de interpretación es peligroso". De Swaan echa en falta que se defina de modo inequívoco qué autoridades tendrán potestades de control y que se especifique qué clase de normatividad podría entrar en conflicto con servicios y contenidos de Internet. El exfuncionario afirma que la capacidad estatal de intervenir en el control de la red es necesaria y deseable siempre que se defina de acuerdo con unos parámetros sujetos a derecho y sin rastro de ambigüedad.
Por su parte el académico Raúl Trejo Delarbre, expresidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, afirma que la indefinición de ciertas zonas grises de la normativa da pie a temer que la ley sea propicia para un "presidencialismo autoritario". Alejandro Hope, experto en seguridad, señala también la fisura de la vaguedad del texto y los indicios de un exceso de poder gubernamental: "El problema fundamental de esta ley es que parece no haber control judicial. Hay un problema claro de redacción", si bien concede que, en su debida forma, el poder ejecutivo debe tener la capacidad de tomar medidas extraordinarias; por ejemplo, para combatir el crimen.
Hasta el debate de la semana pasada en el Senado, el foco de la discusión y de la atención mediática a la Ley de Telecomunicaciones era exclusivamente la cuestión de la lucha contra el exceso de poder de mercado de dos corporaciones: Televisa, sector audiovisual y radiodifusión, y América Móvil, de Carlos Slim, en telefonía. Pero la discusión en el Senado ha abierto la brecha de la controversia sobre los derechos civiles.
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