Gobierno y Medios Minimizan la Matanza de Tlatlaya.
Por Guadalupe Archilla
Sería gravísimo que en este sexenio se intentara continuar la estrategia criminal implementada en el desgobierno del panista Felipe Calderón, según para combatir a la delincuencia organizada. Después de más de ciento veinte mil muertos y desaparecidos, quedó confirmado que las secuelas de la descomposición social no se combaten con la fuerza bruta del Estado. Tan es así que los problemas de inseguridad y violencia extrema continúan en buena parte del país, porque las causas reales de tal situación siguen vivas. Por eso es muy preocupante lo ocurrido el pasado 30 de junio en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, cuando 22 presuntos secuestradores fueron victimados por miembros del Ejército.
Este caso cobró actualidad por el reportaje de la revista “Esquire” de reciente aparición, donde se entrevista a una de las supuestas secuestradas, quien declaró que los jóvenes delincuentes, de edades entre los 16 y 24 años, fueron “fusilados” porque ya se habían rendido y les dieron el tiro de gracia. Un soldado resultó herido en un enfrentamiento que pronto fue favorable a los militares. Las que se decían secuestradas quedaron en calidad de detenidas. La Procuraduría del Estado de México, informó el pasado 5 de agosto que el expediente del suceso quedó “bajo reserva” por nueve años, sin dar mayores explicaciones.
De ahí que sea comprensible la preocupación del organismo Human Rights Watch (HRW), luego de conocerse la publicación mencionada. “Es indispensable que las más altas autoridades expliquen cuáles han sido los avances en la investigación de este incidente, de la cual se sabe poco y nada, y sobre todo, es importantísimo que se adopten las medidas necesarias para proteger a la testigo y que no corra ningún riesgo su seguridad”, demando la organización humanitaria.
Revivir la práctica impuesta durante la dictadura porfirista, que derivó de la instrucción dada por Porfirio Díaz a un subalterno: “Mátalos en caliente”, sería la confirmación más dramática de que la estrategia de Calderón se mantiene intacta y hasta más sangrienta. El gobierno federal debería ser el principal interesado en aclarar este caso lamentable, que pone en entredicho la frase tan sobada de que vivimos en un país de leyes, donde el Estado de derecho está incólume. Múltiples hechos desmienten tan vacía retórica.
Desde luego, el secuestro es uno de los crímenes más bestiales, y quienes lo cometen deben ser severamente castigados, conforme a derecho no mediante una acción comparable a la de los secuestradores. Dejar que este caso se pudra por falta de información o, peor aún, porque se quisiera proteger a los militares involucrados, sería abrir de par en par las puertas del caos social. Nótese las edades de los secuestradores, todos muy jóvenes, sin duda provenientes de familias disfuncionales, de muy escasa escolaridad y desempleados, a quienes se les hizo fácil tomar la ruta de la criminalidad, al fin que una de las principales características de México es la impunidad.
No llegaron a comprender que la impunidad es para los poderosos, no para simples aprendices del crimen organizado. Estos son absolutamente prescindibles, “perros que no merecen vivir”, como dijo la informante a “Esquire” que espetó un militar cuando le pidió que “no mataran a los muchachos, que ya se habían rendido”. En cambio, delincuentes de “cuello blanco” no sólo merecen vivir, sino que son protegidos por el Estado. ¿No es un buen ejemplo de ello el “empresario” Gastón Azcárraga, quien defraudó al Estado y llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación con sus malversaciones?
Lo más dramático de nuestra realidad es que las cosas se pondrán peor cada día en el país, porque el grupo en el poder no tiene una pizca de sensibilidad social ni tampoco un mínimo interés por el futuro de México, mucho menos el de las clases mayoritarias. Vive enajenado por el disfrute del poder, todo lo demás sale sobrando. Al fin que, suponen, se cuenta con poderosas fuerzas armadas dispuestas a proteger los intereses de la oligarquía. En esto se equivocan rotundamente: la mayoría de las fuerzas armadas, incluso altos mandos, son conscientes de que su papel no es el de represores, sino de garantes de la soberanía y de la seguridad en el territorio nacional. Saben de los gravísimos riesgos que se crearían al actuar como mercenarios al servicio de la oligarquía.
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