Bajo un clima de tensión Luis María Aguilar fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por María Gil.
En el México posterior a la matanza de Ayotzinapa dos palabras fueron las más repetidas por Luis María Aguilar, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN): derechos humanos. El ministro fue elegido el pasado viernes tras una reñida votación que se extendió por más de cuatro horas y necesitó más de 30 rondas para romper el empate con su contendiente, el ministro Arturo Zaldívar. Aguilar ha asumido el cargo en un momento crucial para el país y con la obligación de continuar con la implementación de la reforma constitucional de DD HH de 2011.
“Tengan la seguridad de que actuaré con absoluta rectitud y con respeto a los derechos humanos de manera irrestricta”, afirmó el ministro, un hombre de 65 años que coqueteó con la idea de estudiar medicina antes que leyes. Hoy todavía acostumbra leer libros de medicina en su tiempo libre y ver House, la serie del médico gruñón interpretado por Hugh Laurie.
Los diez ministros del Tribunal Constitucional mexicano estuvieron empantanados por varias horas por una falta de acuerdo que evidenció la división al interior de la corte. El grupo conservador respaldaba a Luis María Aguilar, un juez de carrera que ingresó al poder judicial en 1968 y llegó a la Corte en 2009 por la nominación del entonces presidente Felipe Calderón(2006-2012). El otro bando, más progresista, votaba por Arturo Zaldívar, un abogado en materia constitucional que trabajó por cerca de 25 años en un despacho privado. Ambos estuvieron empatados a cinco votos hasta que alguien cedió en favor de Aguilar.
Este hecho inédito en la historia de la Corte, que fue transmitido por televisión, muestra las dos grandes formas de pensamiento del Derecho en México. Los jueces más tradicionales argumentan la preeminencia de la Constitución mexicana sobre los tratados internacionales. Otros creen que las normas internacionales han agregado a México un nuevo catálogo de derechos humanos que deben respetarse por las leyes locales sin importar que no figuren en la Carta Magna.
El sentimiento de importancia de los derechos humanos en México no es unánime. Aún hay muchos que se inclinan en las formas antes que en el fondo. Aguilar no es uno de los ministros más osados en materia de derechos humanos. En términos concretos, en sus votaciones, no es punta de lanza.
Los votos de Aguilar han dejado ver a un hombre conservador, pero pragmático. En 2011 votó para mantener vigente un artículo que protege a la vida desde la concepción en Baja California. En lugar de meterse de fondo a una discusión sobre el aborto, como hicieron muchos de sus compañeros, señaló que los legisladores locales no tenían facultades para generar nuevos derechos fundamentales. En 2010 decidió que las cuotas sindicales de los trabajadores de Pemex no son información pública, por lo que negó que particulares pudieran conseguir las cantidades mediante peticiones de transparencia.
El más polémico ha sido, sin duda, el proyecto sobre la violación de derechos humanos en la guardería ABC de Sonora, donde 49 niñosmurieron en el incendio de una estancia subrogada por el IMSS. En un caso altamente politizado, el ministro Aguilar votó con la mayoría al señalar que los funcionarios públicos Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam no estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos y que no existía un desorden generalizado en las guarderías del Gobierno.
Como presidente hasta 2018, el ministro Aguilar tendrá que servir de señero para los más de 36.000 empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) y convencerlos de la importancia de que México aterrice la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Sus esfuerzos deberán llegar hasta las aulas de capacitación de los jueces y a los planes de estudio de las carreras de leyes en el país. El presidente anterior, Juan Silva Meza, ya había puesto los cimientos de esto.
Una de esas iniciativas es la creación de un comisario del PJF, una especie de ombudsman que garantice el acceso a la justicia para las víctimas de tortura y otras violaciones graves de DD HH. La figura fue pensada por Silva Meza, pero no fue llevada a cabo en un gesto de deferencia para su sucesor.
En México el presidente de la Suprema Corte de Justicia gana anualmente 6,3 millones de pesos. Es el funcionario público mejor pagado del país por encima, incluso, del propio mandatario del país. Los expertos consideran que el nuevo presidente de la Corte deberá encarar su periodo con austeridad y transparentar el uso de los recursos públicos del PJF. Es un ministro muy de casa que ha aprendido algunos malos hábitos y le resulta difícil ser autocrítico.
Así mismo diversos analistas como Denise Dresser, se cuestionaron que no se puede creer que Luís María Aguilar, asegurará el respecto irrestricto de los Derechos Humanos, si no apoyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Radilla.
En resumen, el nuevo Presidente de la Corte, no es congruente al hablar de los derechos humanos en su discurso, cuando él ha sido el principal promotor del texto positivo constitucional como máximo limite; es decir, se ha negado a reconocer que existen derechos humanos que no se encuentran textualmente en la Constitución.
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Fuente el País.
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