LA SOMBRA DEL ESTADO FALLIDO.


Por Julio Gálvez.

Al parecer con el regreso del PRI a los pinos el panorama de México continua siendo el mismo que hace 50 años. En todos los rincones del país continuamos observando episodios donde la represión de estudiantes, las matanzas, la corrupción, la impunidad, el hambre, la pobreza, las crisis económicas y el control de los medios de comunicación se hacen presentes; a decir verdad, estamos peor que antes, poco hemos cambiando.

Independientemente del partido político que se encuentre en el poder, en los últimos años en nuestro país se han incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la trata de personas.

Sin embargo, ante la crisis de inseguridad que se vive, el gobierno mexicano ha tomado medidas precipitadas que sólo han generado un clima de caos y temor que predomina en varias regiones del país. En pocas palabras, el combate contra la delincuencia organizada ha provocando un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Gracias al clima de violencia que ha ocasionado nuestra la clase política, periodistas, defensores de derechos humanos, intelectuales y activistas, han alzado sus voces en contra de la inseguridad, convirtiéndose de esta forma en blancos del Estado mexicano y de organizaciones delictivas que se han apoderado del gobierno.

En términos generales, gracias a la incapacidad de nuestros gobernantes y ante la debilidad del Estado mexicano, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el negocio de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder, es decir, apoderarse del Estado imponiendo políticos dentro del gobierno como sucede en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y otras entidades federativas.

Parece irreal, pero hoy en día México se encuentra en el ojo del huracán en la prensa internacional, de hecho la ONU e infinidad de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, han emitido diversas recomendaciones que el gobierno ha evadido por todos los medios, ya que ante las masacres de Azyotzinapa, Tlataya, Aptzingan, y las decenas de periodistas muertos, resulta preguntarnos: ¿Cuantos cadáveres yacerán en los suelos de México? Lamentablemente los mexicanos dormimos sobre personas desaparecidas.

Según el informe de Human Rights Watch, titulado: “Ni Seguridad, Ni Derechos", México ocupa el segundo lugar mundial en desapariciones forzadas de personas. En nuestro país, cientos de ciudadanos en su mayoría periodistas y activistas políticos, han desaparecido de forma inexplicable o han sido asesinados en los últimos 15 años, y en ninguno de los casos el Estado mexicano ha sancionado a los culpables, estos crímenes permanecen en la impunidad.

Ante el fracaso del nuevo sistema de justicia penal por el alto grado de corrupción e impunidad que ha generado, México se ha convertido en el segundo país con el mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de Colombia, toda vez que  en nuestro país pesan más los derechos humanos de los delincuentes que los derechos humanos de las víctimas.

¿Entonces que hace el gobierno para remediar la situación? Sobrecargar la opinión pública de información mientras cientos de mexicanos se convierten en víctimas de la represión, la impunidad y los balazos. Como dice Al Gore en su libro “El Ataque Contra la Razón”, para desviar la atención de las matanzas y los crímenes, nuestros políticos se encuentran generando distractores, difundiendo el miedo, empantanando las investigaciones y fabricando soluciones mediáticas.

En efecto estimado lector, mientras los mexicanos somos víctimas de la delincuencia que se apodera de las instituciones, nuestros políticos se encuentran haciendo uso de la doctrina del shock, es decir, tratan de causarle un impacto psicológico a la población a través del miedo con el fin de distraerla de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en México, toda vez que la represión que se vive en nuestro país no es más que la sombra de un Estado fallido.

No olvidemos que el gobernante en turno, a través de los medios de comunicación, puede aumentar o disminuir la delincuencia de una región para causarle miedo a la masa y así introducir al ejercito, a grupos paramilitares o grupos delincuenciales disfrazados de fuerzas de seguridad para lograr sus objetivos.  

Sin embargo, la sorpresa ha sido que el pueblo ya no cree en los distractores del gobierno, el PRI quiso regresar al poder utilizando las mismas practicas de manipulación mental que se ejercitaban en los años setentas a través de la televisión. Los dinosaurios anunciaron con bombo y platillos que habían cambiado, que promulgaría nuevas leyes, que implementarla un nuevo sistema de justicia penal, pero detrás de las imágenes falsas del México oficial se asoma un país en ruinas ante los ojos del mundo. 

México, vive una profunda crisis social, la incapacidad de nuestros políticos ha sido tan grande que los grupos delincuenciales han logrado filtrarse hasta las más altas esferas del poder y las fuerzas de seguridad. Los políticos ligados a la delincuencia organizada terminarán arrastrando a Enrique Peña Nieto, a un abismo del que no podrá salir, los cadáveres encontrados en fosas a lo largo de todo el territorio mexicano, las masacres y los homicidios de periodistas, son la evidencia más clara de que en México se cometen crímenes contra la humanidad, por lo que la clase política que actualmente nos gobierna algún día deberá responder por sus acciones y omisiones ante la Corte Penal Internacional, recordemos que estas conductas delictivas son imprescriptibles.

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Julio Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; cuenta con estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales. 

Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y Director General del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).