JHON RAWLS, NOCHIXTLÁN Y EL ALCANCE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Por Gerardo Vela. 
Abogado y profesor universitario. 

Nochixtlán despertó con la desesperación y el miedo respirándose en cada uno de sus habitantes. Sobre sus cabezas una nube de polvo y humo que ha quedado como vestigio del drama que se vivió ayer en ese municipio oaxaqueño cuando maestros y simpatizantes de la CNTE se enfrentaron con la Policía Federal en el contexto de las manifestaciones en contra de la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno Federal. 

Ocho muertos y más de cincuenta heridos, el reporte más o menos confiable al momento que escribo estas líneas. Durante los enfrentamientos, la Policía Federal utilizó armas de fuego, no obstante que se había anunciado que no había tal indicación, sin embargo con la evolución del conflicto diversos medios de comunicación evidenciaron la realidad a través de fotografías y videos que circularon en redes sociales y que hicieron patente el alcance de los agentes del Estado para replegar y reprimir al magisterio.

Es notorio que hubo una falta de dialogo y conciliación para evitar una confrontación que escalara a esos niveles de violencia. Naturalmente surgen las interpretaciones, algunas, claro, favorecen a la CNTE y sus profesores, otras claro está, al gobierno y sus fuerzas policiacas, pero la única certeza es la muerte y el horror que se vive hoy, como desde hace tiempo, en tierras oaxaqueñas. Y en medio de todo queda la ciudadanía, la gente ajena al conflicto, tan cansada de vivir en una entidad en la que el Estado de Derecho es un concepto vago e intermitente. 

De entre todos los argumentos, opiniones y puntos de vista que enmarcan los trágicos eventos de Nochixtlán, considero importante retomar la idea de la libertad de expresión y la protesta social como una de sus formas de exteriorización. ¿Son legítimas las manifestaciones y el disentimiento de la CNTE y sus integrantes en contra de la reforma educativa?, ¿Es prudente el actuar del Estado para contrarrestar a los maestros al grado de que sea correcto disminuir a los manifestantes con fuerza letal? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en tanto derecho humano?

Jhon Rawls (Teoría de la Justicia, 1971), jurista norteamericano de la contemporaneidad, vivió la época en que las minorías raciales de los Estados Unidos lucharon por sus derechos civiles. En aquel entonces surgieron movimientos que emplearon la Desobediencia Civil y Rawls, evocando la escolástica medieval que estudió los presupuestos para la “guerra justa”, propuso un fundamento para esa forma de libertad de expresión. Entonces, la protesta social es legítima cuando se cumplen los siguientes requisitos, a saber: justa causa, rectitud de intención, último recurso o estado de necesidad, proporcionalidad y legítima autoridad. 

La autoridad legítima significa que los ciudadanos retoman la fuerza que había sido delegada al Estado, con el objeto de resguardar ciertos bienes primarios que las autoridades no han tenido la capacidad de proteger; la causa justa entraña la existencia de un derecho objetivo que ha sido violado o que se ha puesto en peligro, por lo que el individuo o la colectividad reaccionan para hacer frente a un arbitrio que vulnera su esfera de derechos; la recta intención implica que el objeto de la protesta debe ser solucionar el hecho que constituye la justa causa, para así alcanzar el estado de paz necesario para evitar que surjan de nuevo los hechos que originaron la movilización; el requisito de último recurso o estado de necesidad señala que todos los medios legales y políticos debieron haber sido agotados para llegar a la protesta y la proporcionalidad requiere que no se rebasen las circunstancias previas de manera tal que se causen aún más daños que los de la propia situación que motivó la protesta. 

Así, al contrastar estos parámetros con lo que acontece hoy en México y en particular en Oaxaca, se advierte que si bien la justa causa y la rectitud de la intención son elementos subjetivos sobre los cuales puede haber diversas vertientes de opinión, se hace notorio que por cuanto hace a la CNTE, sus maestros y simpatizantes activos en la lucha, las protestas han perdido en muchos de los casos la calidad de último recurso, pues amén de la soberbia y displicencia de las autoridades, ha hecho falta también la disposición del magisterio para el diálogo, magisterio que ensalzado por líderes que cuidan sus propios intereses pero que no se arrojan al conflicto como carne de cañón, tiende primero al choque y al desorden, e insisto, quizás eso no sucede siempre ni en todos los actos de protesta donde aparecen los maestros, pero se tendría que ser ingenuo para no distinguir que también de ese lado hay responsabilidad y se tendría que ser ingenuo para pensar que hay liderazgos egoístas que pervierten la esencia del sindicalismo y manipulan a sus agremiados. 

Dicho lo anterior, es oportuno comentar que la libertad de expresión es un derecho fundamental necesario para el funcionamiento de un Estado democrático, pero que eso no lo hace un derecho absoluto, pues tiene ciertas limitantes que permiten la preservación del orden público, mismo que es indispensable para que todos los miembros de las sociedad puedan coexistir en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Claro que los maestros, como cualquier otro sector social, tienen derecho a expresar su repudio a la Reforma Educativa, claro que ese derecho debe ser respetado por el Estado, pero nada de ello es justificante para que la libertad de expresión se desborde a tal extremo que los actos de la protesta afecten la vida cotidiana del resto de la ciudadanía, que queda arrinconada sin mayores opciones que esperar a que pasen los enfrentamientos. La libertad de expresión no es un derecho más, sino un presupuesto trascendente para la construcción democrática, pero su ejercicio no puede ser desproporcional en perjuicio de propios y extraños. 

Pero que de ninguna forma se entienda lo anterior como una apología para el actuar de la Policía Federal ayer en Nochixtlán. Debemos tener cuidado al estudiar el conflicto educativo de nuestro país y dar un paso hacia atrás para agrandar nuestra perspectiva, pues independientemente de que se entre al estudio de la legitimidad de la protesta social del magisterio, hoy resulta necesario señalar al Estado mexicano que ha convertido la represión en una nota recurrente en su intervención frente a diversos sectores populares, no sólo el de los maestros. 

México está viviendo una profunda crisis de derechos humanos y no es ni aceptable ni bueno que se minimicen las decisiones de las autoridades que facilitan el aumento de la violencia y tienen a vastas regiones del país pendiendo de alfileres. 

Si en alguien debiera caber la prudencia es precisamente en el Estado, si alguien debiera dar opciones para dialogar e impedir que las desavenencias escalen es justamente la autoridad, ¿Tenemos acaso políticos tan malos que no son capaces de poner su vanidad de lado e intentar resolver los problemas de fondo?

Las responsabilidades son compartidas, pero debemos entender que vivimos en un país en el que el gobierno ha normalizado la confrontación en éste como en otros temas y que definitivamente no se cuenta con una política integral que corte de tajo, o por lo menos lo intente, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Soslayar lo anterior sería tanto como condescender a un Estado que tiende al autoritarismo.