En conferencia de prensa celebrada en el auditorio del ex Colegio Francisco de Ciles (a un costado de Casa Rule), el secretario general del Ayuntamiento de Pachuca Rubén Muñoz Saucedo y el director de Reglamentos y Espectáculos, Leonardo Escudero Sánchez, negaron rotundamente que el precio de las licencias de funcionamiento comercial y el predial se vayan a incrementar en el año 2017.
La anterior aclaración se derivó por la postura de la CANACO de Pachuca, en relación a que las licencias de funcionamiento iban a sufrir un aumento considerable, argumentando además, que por un decreto del año de 1983 (que se encuentra tácitamente derogado porque existe una Ley de Ingresos 2016) los comerciantes no debían pagar licencias de funcionamiento, postura decimonónica que busca obstaculizar a la administración de Yoli Telleria como es costumbre del PRI cuando es oposición.
En la conferencia de prensa Rubén Muñoz Saucedo, secretario general de la Presidencia Municipal de Pachuca, acotó que la administración encabezada por la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, está rectificando anomalías en el cobro de licencias de funcionamiento y ello ha obligado a que algunos “privilegiados” paguen más.
En rueda de prensa, planteó que efectivamente algunos vieron incrementados los montos, pero son justamente quienes se habían beneficiado con descuentos irregulares de hasta el 85 por ciento en su pago.
Desechó la versión de que el costo de este derecho se incrementó en estos días, “sólo estamos corrigiendo anomalías generadas a partir de actuaciones irregulares al seno de algunas cámaras de comercio”.
Acompañado por el director de Reglamentos y Espectáculos, Leonardo Escudero Sánchez y el regidor Jorge Ortega Moreno, planteó que en el caso específico de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo encontraron que en su padrón había “algunos beneficiados de palabra” que esgrimían el monto total de sus pagos.
En torno al supuesto incremento que acusan, dijo que “existe una Ley de Ingresos aprobada para el 2016 por la administración pasada, discutida y aprobada por el Congreso del Estado de Hidalgo; esta ley determina el derecho que tiene la administración municipal para realizar dichos aprovechamientos, por lo cual, es totalmente falso e infundado que esta administración a escaso mes y medio realice cobros indebidos”, dijo.
Por su parte, Escudero Sánchez, dijo que son distintas las anomalías encontradas en estos primeros días de la administración. “Hay quienes pagan mucho y hay beneficiados que pagan poco, según hemos encontrado en nuestras revisiones, por ejemplo una mujer que debió pagar por su permiso una cantidad superior a los 70 mil pesos de acuerdo al tabulador, sólo paga poco más de mil pesos”.
Estos beneficiados, dijo, son quienes se han opuesto a la regularización y “efectivamente a ellos, a esos privilegiados es a quienes se les ha incrementado el costo por razones obvias”.
“Nosotros tenemos un tabulador que está reglamentado y en base a éste se hacen los cobros, no solamente para los agremiados de una cámara, sino para todos los comercios de Pachuca”, agregó.
Citó como ejemplo el caso de un establecimiento comercial, al que se le otorgó la placa de funcionamiento en la administración pasada, solicitada por un integrante de la Cámara Nacional de Comercio para un familiar y la cual presenta un sin fin de irregularidades, como la ausencia de firmas, notas donde se dice que no tiene dictamen de uso de suelo, además de estar sellada por la misma Canaco.
“Si nos basamos en el tabulador, esta placa de funcionamiento está en una zona residencial con más de 30 metros cuadrados de construcción, la cual se debió haber comprado en esa fecha con un monto de 70 mil 450 pesos; sin embargo, se le hizo un cobro de mil 760 pesos”.
Explicó que actualmente existen 15 mil 320 licencias de funcionamiento en el municipio, de las cuales, se estima que el 30 por ciento cuenta con anomalías en su documentación, “hablamos de un daño patrimonial de arriba de 20 o 25 millones de pesos”, dijo.
Asimismo, el regidor y comerciante Jorge Ortega Merol, se pronunció en contra de las acusaciones que se le han hecho a la actual administración, al afirmar que los cobros que se están realizando son en base a los montos que fueron aprobados durante la gestión del ex alcalde Eleazar García Sánchez.
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