Los tres gobernadores cuya expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueve la corriente interna solidaridad, acumulan en combinación, al menos 78 denuncias y averiguaciones previas.
De acuerdo con el procedimiento de suspensión de derechos interpuesto por la organización priista, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2mil millones de pesos; también, 32 procedimientos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.
César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
La denuncia de la Corriente Solidaridad, interpuesta ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, argumenta que las acusaciones mencionadas son suficientes para suspender temporalmente los derechos como militantes de los mandatarios “hasta en tanto no se concluyan los procesos penales ejercitados en su contra por los delitos dolosos” que se les imputan.
También, que los hechos denunciados “influyeron” en las derrotas electorales que sufrió el tricolor en el pasado 5 de junio en siete entidades.
“Irregularidades que constituyen un hecho público y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”, dice la denuncia, interpuesta el pasado 20 de julio.
Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los aún gobernadores está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.
Pero, de acuerdo con Armando Barajas Ruiz, integrante de la Corriente Solidaridad y quien presentó la denuncia de suspensión, el procedimiento se encuentra detenido en la Comisión de Nacional de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles, por lo que es necesario que el PRI, y su presidente nacional Enrique Ochoa Reza, cumplan con lo prometido hace ya más de ocho meses y expulse a los ex gobernadores señalados por corrupción porque, de no hacerlo, este partido quedaría aún más afectado en su credibilidad y el costo político lo pagarán en las urnas en 2018.
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Fuente: Sin Embargo.
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