Por María Gil.
El mismo lunes 15 de mayo que las balas acabaron en Sinaloa con la vida de Javier Váldez, periodista, escritor, fundador del seminario RíoDoce y corresponsal de AFP, tirotearon a Sonia Córdova y Jonathan Rodríguez, esposa e hijo del director del El Costeño de Autlán de Jalisco. Ella sobrevivió. El joven periodista de 26 años, identificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha muerto y se convierte en el séptimo profesional de la prensa asesinado en México en lo que va de 2017, el decimocuarto en un año. Todo con unos niveles de impunidad del 99,75%. En protesta, este martes algunos medios se han declarado en huelga y hay marchas convocadas en diversos Estados.
Por ejemplo, al entrar en el web de Animal Político se ve una página de fondo negro con las caras de Javier Váldez, de Filiberto Álvarez- locutor baleado en mayo en Morelos-, de Max Rodriguez-periodista de 71 años tiroteado en Baja California en abril-, de Miroslava Breach -corresponsal de La Jornada muerta delante de su casa en Chihuaha en marzo-, de Ricardo Monlui- columnista de El Diario de Xalapa asesinado en Veracruz también en marzo- y de Cecilio Pineda-muerto en Guerrero en marzo-. Son los periodistas asesinados este año, crímenes de los que no hay un solo detenido.
Pero cada mes hay que contar las agresiones que no acaban en muerte. En marzo, mes horrible con tres muertos, balearon a otros cuatro. Norte, un medio local de Ciudad Juárez donde colaboraba la asesinada Miroslava Breach, decidió bajar la persiana tras 30 años. No fue por problemas económicos, sino por sentirse incapaz de garantizar su seguridad. “No existen las garantías para ejercer periodismo crítico, de contrapeso”, escribió su director, Óscar Cantú Murguía, “todo en la vida […] tiene un precio que pagar […] y no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona”.
A estos hay que sumarles los que fueron asesinados desde mayo de 2016. Adrián Rodríguez Samaniego en diciembre y en Chihuaha. En septiembre, Aurelio Cabrera en Puebla y Agustín Pavia en Oaxaca. Julio fue el mes de Pedro Tamayo en Veracruz y junio el de Elidio Ramos y Salvador Olmos García en Oaxaca. Finalmente, justo otro 15 de mayo, Manuel Torres y sus 20 años de reportero fueron tiroteados en Veracruz. Junto con los de 2017, suman 14 asesinatos en 12 meses. En prensa se ha reportado un detenido relacionado sólo tangencialmente con uno de estos crímenes.
La impunidad de los asesinatos.
Bajo las seis caras de la portada Animal Político se lee un mensaje: “Queremos protestar por la impunidad en estos asesinatos. No más mensajes de condena, exigimos resultados. En México se mata periodistas porque se puede, por que no pasa nada”. Otros medios, como la revista Nexos, Vice, Noreste, Lado B, El Popular de Puebla, Horizontal, Kaja Negra... se han sumado a esta iniciativa, llamada un #UnDíaSinPeriodismo.
Las razones para los asesinatos son diversas. Hay quien se mete con el narco con su cobertura o las figuras públicas corruptas a veces quieren silenciar las voces críticas. Algunas ocasiones puede ser fortuito y también existe el caso de los que se pasan al lado oscuro y acaban teniendo una relación demasiado estrecha con el submundo criminal.
Es importante remarcar que, a nivel estadístico, la mitad de las agresiones a periodistas son de funcionarios públicos como alcaldes, lo que hace dudar del compromiso de las fuerzas de seguridad locales para esclarecer los crímenes. La Suprema Corte de Justicia decidió en marzo que los nuevos delitos que se cometan contra la prensa deben ir a tribunales federales, menos expuestos a la corrupción. No tiene carácter retroactivo y ni es vinculante.
Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, la impunidad en los asesinatos de periodistas es del 99,75%. Según los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 y agosto de 2016 se denunciaron 798 delitos contra periodistas, de los que 101 llegaron hasta el juez. Finalmente, solo hubo dos condenas, un 0,25%. En ese periodo, 105 periodistas fueron asesinados en México y, según Reporteros sin Fronteras, es el tercer país, tras Siria y Afganistán, más peligroso para la prensa.
Este sábado, en Tierra Caliente, Guerrero, siete reporteros sufrieron esta impunidad. Volvían de cubrir como las fuerzas federales entraban en San Miguel Totolapan, donde hace nada se ha formado un grupo de autodefensas para tratar de enfrentarse con los secuestros, extorsiones y demás delitos de la Familia Michoacana y de Los Tequileros. A la altura del municipio de Acapetlahuaya se encontraron con un turba de cien hombres, la mayoría armados y encapuchados.
Según los testigos, los asaltantes les robaron una de las dos camionetas en las que viajaban y todo su equipo. Teléfonos móviles, ordenadores, cámaras fotográficas... también los pasaportes y otros documentos. Sergio Ocampo, periodista de AFP y La Jornada, explicó que les amenazaron con quemarles vivos. Todo esto pasó a poco más de un kilómetro de un retén militar. Los atacantes fueron identificados por las autoridades de Guerrero como miembros de la Familia Michoacana.
Estas nuevas muertes vuelven a confirmar lo que es un diagnóstico bien conocido. México, es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. “Esta ola de muertes es fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación de periodistas como una solución a sus problemas, y se sienten con licencia para hacerlo.
Las víctimas escogidas por el narco o los políticos suelen ser informadores modestos. Periodistas rebeldes de medios pequeños y sin capacidad de defensa. En la mayoría de los casos, las muertes vienen precedidas del secuestro y la consiguiente tortura. Y las investigaciones pocas veces culminan en la detención de los verdaderos culpables.
En estas condiciones, el ejercicio de la libertad de expresión se convierte en muchas zonas de México, en una ficción. Y los propios diarios evitan las informaciones vinculadas al narco. A la muerte, el linchamiento o simplemente la amenaza, le sigue la autocensura. Es la ley del silencio. Y quien la rompe, paga.
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