De 1995 al 2017 algunos de los líderes de las élites políticas y económicas del país decidieron comenzar una guerra económica contra el sistema agroalimentario construido a partir de la revolución mexicana de 1910. Cómo lo explica Víctor Suárez Carrera en su libro, “¿Tiene futuro la agricultura campesina en México?”:
“Se trata de más de dos décadas en las que han destacado la resistencia social y grandes movimientos campesinos e indígenas por sus derechos: el derecho a seguir siendo campesinos (pequeños productores, no absorbidos por las grandes productoras), el derecho a la existencia de los pueblos indios con derechos plenos, y el derecho de la nación a la soberanía alimentaria y a su seguridad alimentaria nutricional.”
El Campo Mexicano ha sufrido graves efectos debido a las políticas neoliberales aplicadas desde 1982. Es muy importante reconocer que estas políticas se han desarrollado cómo políticas de Estado y han logrado trascender sexenios y gobiernos de diferentes partidos (más de 35 años y seis administraciones federales, incluidas la de los gobiernos de la alternancia y del cambio). Son políticas creadas y sustentadas en un sistema “coherente” (dentro de la creencia neoliberal) surgiendo de las necesidades del desarrollo del capitalismo agresivo.
No es que me encuentre en contra de un sistema capitalista (todo lo contrario), sino que la manera en la que se han implementado las políticas no es la apropiada. En nuestro país, dicho modelo ha sido aplicado, inspirado y manipulado por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y sus grandes corporaciones.
Las políticas de Estado neoliberales (impulsadas por el poderío económico americano) proponen y fomentan activamente el desmantelamiento de la agricultura campesina en México y la expulsión de al menos 80 por ciento de la población rural (un poco más del 20% de la población nacional) hacia los centros urbanos del país y hacia los Estados Unidos. Se trata, en palabras de Armando Bartra de un verdadero agrocidio.
A pesar de que en las últimas décadas se ha acelerado el éxodo campesino, la población rural aumenta año con año y se renueva sin cesar. Esto nos ayuda a reconocer que la población y la pobreza en el medio rural no son mera herencia del pasado sino resultado contemporáneo de los modelos de modernización sin campesinos.
Los más de siete millones de campesinos (ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios) a los que se ha intentado excluir, son poseedores del 85% del territorio nacional (y del 90% de tierra aprovechable para el sistema agropecuario). Dicho grupo está conformado por 3 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 3.4 millones de pequeños propietarios privados. Además, la mayoría de los 7 millones de campesinos son minifundistas: 3.7 millones poseen cinco hectáreas o menos. Se trata fundamentalmente de un sistema de producción agroalimentario y de gestión de territorio rural en pequeña escala y con base en la organización familiar del trabajo.
La intervención gubernamental en México, lejos de constituir un medio para coadyuvar a la reducción de los niveles de incertidumbre en el sector rural, ha sido un factor más de inestabilidad. Es por esto por lo que es necesario abrir una vez más el debate en torno hacia la Reforma al Campo.
La Reforma al Campo deberá de ir enfocada en el desarrollo de políticas públicas para la agricultura mexicana, que estén basadas en el consenso y la certidumbre. Dichas políticas deberán de demostrar que es posible garantizar el apoyo a los micro y pequeños productores del campo, con el fin de crear riqueza, consolidar el bienestar social, concientizarlos entorno hacia la preservación ambiental, y, sobre todo, potencializar los talentos humanos.
Es por esto qué estaré escribiendo de manera mensual. Por qué tenemos que actuar, debemos de ver la importancia que tiene la agricultura social en nuestro país. Pero para esto, tenemos que entender que ha pasado, que está pasando y que puede pasar.
No veremos solamente las hojas, nos iremos a lo más importante del problema, a las raíces.
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